Para cada niña, niño y adolescente migrante, todos sus derechos

La violencia es una problemática que no conoce fronteras y se ha convertido en uno de los factores que ha orillado a miles de personas centroamericanas a dejar sus comunidades y sus países de origen. Esto ha provocado un flujo migratorio sin igual entre la frontera sur y norte de México. Tan solo en 2019, las autoridades migratorias mexicanas detectaron a 51,999 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 23% viajaban solos.

Sin importar de donde vienen o adonde van, los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben ser respetados.

La gran cantidad de personas que cruzaron México para ir en busca de un mejor futuro en Estados Unidos hizo necesaria una atención en los sitios de mayor afluencia. Esta situación se agravó con la implementación del Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés), que obligó a 59,236 migrantes a esperar en México, mientras su solicitud de asilo hecha en los Estados Unidos es atendida. 

Ante este panorama, abrimos dos oficinas de UNICEF en ambas fronteras: una oficina en la frontera norte (Tijuana, Baja California) y otra en la frontera sur (Tapachula, Chiapas). Dichas oficinas locales tienen como objetivo colaborar estrechamente con las autoridades locales de protección y brindar asesoría técnica en intervenciones directas en términos de gestión de casos, así como apoyo psicosocial a través de aliados de la sociedad civil (apoyo emocional ante una situación estresante, como lo es migrar). Como resultado de la labor de estas oficinas, se han gestionado 817 casos y se ha brindado atención psicosocial a 19,769 niñas, niños y adolescentes migrantes.

Dado que el apoyo psicosocial y la salud mental se han convertido en un componente importante de nuestro trabajo en materia de migración, también capacitamos a 265 miembros del personal de cinco albergues en seis estados fronterizos en temas relacionados con las formas de construir resiliencia y mecanismos de supervivencia para niñas y niños migrantes. Para que estos esfuerzos se conviertan en una política pública, colaboramos ​​con el Grupo de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (dirigido por la OPS y el Instituto de Psiquiatría de la UNAM) en el desarrollo de un curso para trabajadores de primera línea sobre salud mental para migrantes y refugiados. Además, con El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) coorganizamos en Tapachula un diplomado sobre salud mental para niños en situación de migración y emergencias.

En este mismo periodo también capacitamos a 30 Oficiales de Protección a la Infancia del Instituto Nacional de Migración en técnicas de entrevista amigables dirigidas a niñas y niños, y a 27 oficiales consulares mexicanos, a través del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, impartimos talleres de sensibilización sobre la importancia del derecho a la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de migración para 30 reporteros de televisión, lo cual ahora les permite estar más sensibilizados sobre la importancia de resguardar la identidad de niñas y niños migrantes, evitando que sean expuestos y revictimizados en los medios de comunicación.

Por otra parte, desarrollamos e impulsamos ante el gobierno mexicano la adopción de la Ruta para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados, cuyo enfoque se centra en interés superior de la niñez y marca los pasos de las diferentes intervenciones que las instancias gubernamentales deben seguir desde que una niña, niño o adolescente ingresa al territorio nacional y hasta que ve restituidos sus derechos (protección, educación y salud, entre otros). Asimismo, en colaboración con el Sistema DIF Nacional, desarrollamos el Modelo de cuidados alternativos para la niñez y la adolescencia en situación de migración, en el cual se presentan las diferentes modalidades de cuidado que pueden ser implementadas al detectar a un niño o niña migrante que ha sufrido violencia o ha sido separado de su familia, y que evitan su detención o institucionalización en albergues. Junto con el Sistema DIF Nacional y de los estados pusimos en marcha programas piloto de este modelo en Chihuahua, Sonora y Tabasco, con el objetivo de ampliar las capacidades de recepción.

En esta misma línea, y en asociación con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), pudimos posicionar ante el Sistema DIF Nacional una estrategia integral de reforma del sistema de cuidado bajo la protección del Estado. Esta iniciativa está basada en la implementación exitosa de los programas piloto de acogimiento familiar y cuidados alternativos en los estados de Campeche, Chihuahua y Morelos, donde certificamos a 53 familias de acogida y alojamos a 42 niñas y niños, siguiendo el modelo de acogimiento familiar. En la Ciudad de México, trabajamos con los sectores de justicia y servicios sociales para prevenir y reducir la institucionalización y mejorar los estándares en la atención residencial.