COVID-19: Respuestas desde la Protección Social en América Latina y el Caribe

El COVID-19 ha impactado a todos países de América Latina y el Caribe socioeconómicamente, profundizando aún más los problemas estructurales prexistentes de la región. Muchas familias han perdido sus medios de vida y sus ingresos, y  niñas y niños hoy enfrentan mayores barreras de acceso a los servicios de salud, educación, nutrición y protección.

Si los países no hacen nada para fortalecer la protección social desde un enfoque sistémico, uno de cada dos niños en América Latina y el Caribe podría vivir en hogares sin los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades esenciales. Esto implicaría casi 20 millones de niños adicionales en pobreza, quienes estarían principalmente en Sudamérica (poco más de 13 millones), después en Centroamérica y México (casi 5 millones), y el resto en los países del Caribe (1.2 millones).[1]

La crisis ha expuesto las profundas desigualdades en cuanto al acceso a la protección social en todos los países de la región. Previo al COVID-19, los sistemas de protección social tenían niveles heterogéneos de desarrollo, que en condiciones normales se mantenían fragmentados y en algunos casos con visibles deficiencias de cobertura. En la región, 40 por ciento de la población no tenía acceso a cobertura efectiva de al menos un beneficio de protección social en 2018 y una tercera parte de los niños, las mujeres embarazadas, las madres con recién nacidos y los adultos mayores no tenían derecho a prestaciones monetarias de protección social[2].

No obstante, gratamente, los programas de protección social se convirtieron en el mecanismo principal de los gobiernos para proveer asistencia oportuna a las niñas y niños y sus familias durante la pandemia y mitigar los efectos que está ocasionando. En la región, todos los países aplicaron alguna medida de protección social como respuesta a la crisis, al menos 15 adaptando sus programas de asistencia social existentes, al menos 18 creando nuevos bonos de emergencia, e incluso muchos países recurrieron a ambas estrategias. Además, el componente de seguridad social y de mercado de trabajo también fue adaptado para proteger el empleo durante el confinamiento.

En corto tiempo, la región ha experimentado grandes cambios e innovaciones que hasta hace unos pocos años parecían todavía lejanos, como los procesos de identificación, registro y pago de beneficiarios de programas de transferencia, o la regulación del teletrabajo como modalidad laboral flexible que contribuye al adecuado cuidado de los hijos. La protección social se ha convertido en el principal instrumento de los países para responder a los efectos socioeconómicos del COVID-19. La pandemia redimensionó el escenario regional y global poniendo en la agenda de desarrollo la oportunidad de invertir y fortalecer los sistemas de protección social que protejan a todos los niños y niñas.

Esta sección provee una mirada de las respuestas desde la protección social para enfrentar el COVID-19 y el propósito de UNICEF para contribuir en la construcción de sistemas de protección social universales y sensibles a la infancia en América Latina y el Caribe.

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[1] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nota técnica 3: Protección social y respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe - Seguridad social y mercado laboral, UNICEF, s. l., s.f., pág 8. 
[2] Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, Hacia la cobertura universal en salud y la equidad en América Latina y el Caribe, Banco Mundial, OMS, Washington, DC, 2017.