Prevención y respuesta a la violencia, abuso y explotación

UNICEF contribuye de forma sistemática a la búsqueda de soluciones para ponerle fin a la violencia contra la niñez

UNICEF/2019/Garcia

Desafío

La violencia contra niñas, niños y adolescentes continúa siendo una realidad, y, lo que es peor, muchas de las situaciones de violencia ocurren en lugares considerados seguros, como el hogar y la escuela. Casi 1 de cada 5 madres (16 por ciento), con hijos menores de 18 años, creen que el castigo físico es aceptable como una forma de educar. Esto de acuerdo con la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud, ENDESA 2011-2012.

El Instituto de Medicina Legal de Nicaragua reportó 8 mil 823 casos de violencia intrafamiliar en el año 2015, de ellos, el 15 por ciento de las víctimas fueron niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de la Familia (Mifan) ha aplicado medidas de protección especial a 19 mil 774 niñas, niños y adolescentes entre los años 2012 y 2017. En Nicaragua casi 1 (43 por ciento) de cada 2 estudiantes que cursan 6to grado de primaria (entre 11 y 12 años) manifestó haber sufrido acoso en la escuela (bullying). 

Las construcciones sociales en torno a la edad y el género influyen en la ocurrencia de la violencia, pues el cuido y crianza se basa en prácticas disciplinarias controladoras, muchas veces violentas. Esto se traduce en maltrato infantil y el castigo físico contra niñas y niños como una práctica aceptada en Nicaragua, a pesar de haber sido legalmente prohibida a partir del año 2015 con la entrada en vigencia del Código de la Familia.

De acuerdo con ENDESA, 1 de cada 9 mujeres encuestadas reportó haber vivido algún tipo de violencia sexual entre los años 2011 y 2012 y, de ellas, el 26 por ciento tenían edades entre 15 y 19 años; y el 17 por ciento entre las edades de 10 y 14 años.

Las niñas y adolescente son las más vulnerables a la violencia sexual. De acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal, entre los años 2013 y 2015 se realizaron valoraciones médicas y psicológicas a más de 30 mil mujeres cada año, y los resultados demostraron que el 82 por ciento de los delitos sexuales registrados fueron cometidos contra niñas y adolescentes menores de 18 años.

El embarazo adolescente está asociado a la violencia sexual e intrafamiliar. 1 de cada 2 niñas y adolescentes (42 por ciento) que fueron atendidas por la Dirección de Atención Psicosocial del Ministerio de la Familia, resultaron embarazadas a causa de abuso sexual. El 63 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años de edad declaró haber tenido su primera relación sexual antes de cumplir 18 años.

Los municipios del Caribe Sur y Caribe Norte de Nicaragua presentan las tasas más altas de embarazo en niñas y adolescentes: Kukra Hill, El Tortuguero, San Juan de Nicaragua y Rosita. Los grupos étnicos con incidencia superior al promedio nacional son los Garífunas, Maygana-Sumos y Mestizos de la Costa Caribe.

Solución

UNICEF implementa diferentes estrategias para el desarrollo de capacidades técnicas de funcionarios de las distintas instituciones del Estado como el Ministerio de la Familia (Mifan), Ministerio de Educación (Mined), Corte Suprema de Justicia (CSJ) y alcaldías municipales, entre otras. Se priorizan intervenciones de acompañamiento directo a las familias en búsqueda de la transformación de las relaciones desiguales hacia un entorno de respeto con base en los valores.

UNICEF, en conjunto con el Estado, desarrolla competencias especializadas para atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en la ruta de acceso a la justicia y rehabilitación, en un proceso de acompañamiento directo, sensible y humano. Se apoya al Estado en la certificación especializada en los distintos ámbitos de la protección infantil, de los trabajadores en contacto con niñas y niños.   

Otra estrategia consiste en la promoción de alianzas para la ampliación del alcance de los servicios nacionales a nivel local, priorizando las zonas de más difícil acceso, como las comunidades de la Costa Caribe Norte y Sur.

UNICEF impulsa planes de trabajo conjuntos entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, por medio de la promoción del diálogo con las organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las niñas y niños en el espacio del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI).