La interrelación entre violencia contra las mujeres y violencia contra los niños y niñas

La comunidad internacional ha reconocido que la violencia contra mujeres y la violencia contra niñas y niños representan violaciones de los derechos humanos y problemas de la salud pública, con implicaciones para el desarrollo integral, educación e integración social de niñas, niños y adolescentes.

La violencia contra las mujeres y la violencia contra los niños y las niñas frecuentemente ocurren en el mismo hogar o familia y al mismo tiempo; y tienen que ver con las relaciones desiguales de poder al interior de la familia, la exposición a la violencia desde temprana edad, las masculinidades nocivas y violentas, y las desigualdades de género.

Aún están presentes normas sociales que contribuyen a “normalizar” tanto la violencia contra las mujeres como la violencia contra las niñas y niños, entre ellas: la permisividad del castigo físico; las normas de masculinidad basadas en el control y violencia; priorizar la reputación familiar sobre el cuidado de las personas que sufren violencia; rechazar la igualdad de género.

Las niñas y niños que viven en hogares afectados por la violencia hacia las mujeres tienen mayor probabilidad de sufrir castigo físico que otros niños y niñas.

La evidencia demuestra que la igualdad de género y la promoción de normas sociales equitativas, son factores protectores tanto para la violencia contra las mujeres como para la violencia contra los niños y las niñas.

Las personas y las familias a menudo están expuestas a múltiples formas de violencia que pueden ser difíciles de abordar de manera aislada.

DURANTE EL COVID-19

Las medidas para prevenir la propagación de COVID-19 como la cuarentena y el distanciamiento físico pueden no sólo generar mayores riesgos de violencia contra las mujeres, sino también de violencia contra las niñas y niños.

Durante el confinamiento y las consecuencias derivadas de este, pueden presentarse situaciones estresantes o conflictivas que pueden traducirse en un incremento de la violencia, incluido el castigo corporal, la desatención y aumentar el riesgo de violencia sexual en la pareja íntima y también por parte de las y los adultos hacia niños, niñas y adolescentes.

Las medidas de confinamiento y cuarentena pueden dificultar el acceso a servicios de atención y apoyo, así como el mantenimiento y la continuidad de dichos servicios, lo que hace que mujeres, niñas y niños se encuentren en mayor medida desprotegidos.

Es importante tomar en cuenta que la crisis de COVID-19 puede afectar de manera diferenciada a niños y niñas indígenas, del área rural, afrodescendientes, institucionalizados o sin cuidados parentales, o niños y niñas con discapacidad, que pueden quedar aislados, con su educación escolarizada interrumpida, sin acceso a servicios de protección y pueden tornarse más vulnerables a situaciones de pobreza, trabajo infantil, explotación sexual, matrimonios o uniones tempranas, entre otros.

NUESTRO LLAMADO A LA ACCIÓN

Brindar e invertir en los servicios para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en su diversidad, que deben ser considerados servicios esenciales y seguir funcionando durante la respuesta al COVID-19.

Trabajar de manera muy estrecha con las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos y aumentar su financiación para que puedan desarrollar nuevas modalidades para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, niñas y niños en la respuesta al COVID-19 y la recuperación.

Activar servicios de apoyo a la ciudadanía para su bienestar y su salud mental durante el confinamiento como medio para prevenir situaciones de violencia y abordar los factores de riesgo, dirigida a padres y madres de familia, cuidadores, etc. como técnicas de manejo del estrés.

Aprovechar el confinamiento para promover campañas de comunicación con mensajes que puedan transformar normas sociales de género, en temas de cuidados, relaciones de pareja libres de violencia y crianza libre de violencia.

Capacitar al personal de salud y otros servicios sociales y de apoyo acerca de la identificación de las sobrevivientes y el apoyo de la primera línea.

Aumentar el control vecinal, comunitario y digital para vigilar, proteger y apoyar a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia.

Garantizar el apoyo en efectivo para mujeres y niñas que requieren acceso a datos de teléfono / internet para utilizar todas las aplicaciones móviles que están disponibles sobre la violencia.

Priorizar y reforzar el financiamiento de refugios/albergues/casas de acogida para mujeres, niñas y niños que enfrentan alto riesgo de violencia.

Garantizar la continuidad de los servicios de salud para la atención oportuna y de calidad y respuesta de casos de violencia sexual, como el acceso a servicios de la salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos de emergencia y la profilaxis posterior a la exposición (PEP).

Asegurar la continuidad de los servicios de justicia cuando la movilidad de los jueces y el personal de justicia se ve comprometida, a través de mecanismos digitales y remotos, especialmente cuando estos servicios son necesarios para resolver disputas relacionadas con la violencia de pareja íntima, liquidación de bienes, custodia, manutención o pensión alimenticia, etc.

Evitar así mismo la separación a largo plazo entre niños, niñas y sus familias, fomentar la comunicación remota entre familias en casos de separación temporaria, establecer arreglos de cuidado alternativos, seguros y aceptables en caso de enfermedad o muerte de un cuidador.