De la protesta a la propuesta: 10 recomendaciones para la acción climática
Jóvenes latinoamericanos presentan propuestas para la conservación del ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático.
Las personas jóvenes han sido actores claves en la región de América Latina para la inclusión de los temas climáticos en la agenda pública. A nivel regional han impulsado políticas, programas y proyectos para la conservación del ambiente, mitigación y adaptación al cambio climático.
Durante tres días, por primera vez en Costa Rica más de 150 jóvenes representando a los países de la región latinoamericana se reunieron en la primera Conferencia Regional de las Juventudes (RCOY) Latinoamericanas, para demostrar que los jóvenes pueden hacer mucho más que protestar, pueden ACCIONAR.
Buscando consolidar la postura de las juventudes latinoamericanas camino a la COP27, se han presentado 10 propuestas de acción para gobiernos nacionales en temas como 1) participación pública, 2) transición energética, 3) ciudades y transporte, 4) pérdidas y daños, 5) alimentación y agricultura, 6) empoderamiento climático, 7) adaptación, 8) biodiversidad y naturaleza, 9) océanos y zonas costeras y 10) financiamiento e inversión, y las 10 temáticas de propuesta para los grandes emisores: 1) carbono neutralidad, 2) financiamiento, 3) transparencia, 4) transferencia de tecnologías y conocimientos, 5) deuda ecológica y financiera, 6) impuestos verdes y mercados de carbonos, 7) transición económica, 8) articulación pública-privada, 9) concientización de partes interesadas y 10) empleos verdes, azules y emprendimientos.
1.1. Participación Pública
Se exige la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en todos los países de Latinoamérica con el propósito de proteger y preservar ecosistemas y brindar seguridad, protección y acompañamiento a la ciudadanía y en especial a defensores ambientales consolidando una participación pública vinculante y una transparencia eficiente.
1.2. Transición energética
Necesitamos una transición energética justa, urgente, inclusiva, ecológica, diversificada y 100% renovable al 2030, que al mismo tiempo priorice la eficiencia energética y las energías de bajo impacto ambiental. Exigimos a los gobiernos nacionales puntualizar en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y los Planes de Transición Energética Nacionales objetivos realistas, medibles, participativos y basados en ciencia, considerando el corto y mediano plazo, y atendiendo a los recursos naturales locales disponibles y a el contexto socioeconómico inequitativo de Latinoamérica.
1.3. Ciudades y Transporte
Solicitamos a los gobiernos nacionales que antes del 2030 el desarrollo urbano se oriente hacia: Ciudades verdes, resilientes, sostenibles e inclusivas (especialmente considerando a las personas con discapacidad, con movilidad reducida, con perspectiva de género, las infancias y los jóvenes). Y movilidad baja en emisiones con justicia social y transición justa.
1.4. Pérdidas y daños
Exigimos a los gobiernos nacionales, la apertura de un observatorio de pérdidas y daños, autónomo con relación estatal no restrictiva, multidisciplinario e inclusivo (con participaciones consultivas de actores clave, incluyendo a los pueblos indígenas, juventudes, infancias, la academia), con multienfoques (derechos humanos, comunidades, género, cultura, educación, salud, infraestructura, biodiversidad), que dé origen a medidas compensatorias de espectros económicos y no económicos; asociado además a una obligación de reporte de línea base e informe bianual.
1.5. Alimentación y agricultura
Exigimos a los ministerios de agricultura, instituciones de investigación, gobiernos locales y la población, que se realicen planes de acción de soberanía alimentaria y producción agroecológica que garanticen enfoque de género, comercio justo, consumo local que satisfaga las necesidades nutricionales y enriquecimiento cultural, el acceso al financiamiento, articulación de coinnovación y acceso a la tierra.
1.6. Empoderamiento climático
Las juventudes latinoamericanas exigimos a los gobiernos nacionales: reconocer, valorizar y replicar espacios de conocimiento ancestral y territorial existentes en el Abya Yala[1], para contar con un modelo educativo en todos sus niveles que esté basado en la participación y respuesta de necesidades de todos los actores de la sociedad, motivando un pensamiento latinoamericano crítico en el marco de la interculturalidad, despatriarcalización y la decolonización.
1.7. Adaptación
Se exige a los gobiernos nacionales que para el término del año 2023 tengan el diseño de sus planes de adaptación nacionales, y locales. Los NAP (National Adaptation Plans) tienen que hacerse considerando las territoriales locales, la cultura material, el conocimiento ancestral y las dinámicas sociales de cada comunidad. Para esto, serán fundamentales los procesos participativos que velen por la inclusión de las poblaciones más vulnerabilizadas (personas indígenas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza, mujeres, personas discapacitadas, diversidad sexual, entre otros).
1.8. Biodiversidad y naturaleza
A fin de limitar la degradación ambiental provocada por el cambio del uso de suelo, exigimos a los gobiernos nacionales diseñar e implementar una regulación integral que contenga mecanismos de acción interinstitucionales directos con priorización de soluciones basadas en la naturaleza para proteger,
gestionar en forma sostenible y restaurar los ecosistemas, con especial énfasis en políticas públicas sobre Flora, Fauna y Funga en los ejes de agroindustria regenerativa.
1.9. Océanos y zonas costeras
Alcanzar para el 2030 la protección del 40-50% de la superficie marina y el 60% para el 2040. Esto a través de la creación y ampliación de áreas marinas protegidas que sean efectivas, inclusivas para comunidades locales y basadas en ciencia.
1.10. Financiamiento e inversión
Solicitamos mayor transparencia en los procesos y acceso a la información por parte de la ciudadanía; Descarbonización de los portafolios de inversión; Priorizar la resiliencia de las comunidades en lugar de la rentabilidad de las inversiones locales. Y desarrollo de mecanismos de control en los sistemas de préstamos públicos que permitan la comprensión por parte de la ciudadanía de los derechos y obligaciones que se contraen.
Aquí puedes descargar la declaración completa.
