De beneficiarios a protagonistas: las opiniones infantiles importan

En un hecho histórico para Cuba, la reciente aprobación del Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes no solo actualiza el marco legal de protección a la infancia, sino que sienta un precedente fundamental: por primera vez, miles de niñas, niños y adolescentes fueron consultados de manera activa y sistemática durante su elaboración. Sus voces no solo fueron escuchadas, sino que dejaron una huella concreta en el texto final.

En opinión de la jurista Lisy Alina Jorge Méndez, Oficial de Protección de UNICEF Cuba, escuchar a la niñez ayuda a evitar decisiones adultocéntricas, desconectadas de la diversidad y de la complejidad de las realidades que viven niñas, niños y adolescentes.

“Eso es clave para construir políticas públicas más justas y más eficaces”, asevera.

Con una amplia experiencia en la promoción de los derechos de la niñez, Jorge Méndez acompañó de cerca todo el proceso de consulta y comparte reflexiones valiosas sobre cómo la participación real puede transformar una ley, fortalecer la protección y, sobre todo, reconocer a las nuevas generaciones como sujetos plenos de derecho.

La participación como eje de la inclusión

En el corazón de la Convención sobre los Derechos del Niño está el principio de que las opiniones de niñas, niños y adolescentes deben ser escuchadas y tomadas en serio en todos los asuntos que les afectan. ¿Por qué se considera un derecho fundamental, y no solo una buena práctica?

Durante siglos la infancia no se consideró como una etapa con voz propia. Una de las razones por las que niñas, niños y adolescentes han sido vistos históricamente como personas en situación de vulnerabilidad es precisamente porque sus opiniones no se han escuchado, se han minimizado o se han considerado irrelevantes. Decidir por ellos sin contar con ellos ha sido la norma. La Convención rompe con esa lógica y plantea algo mucho más profundo que una buena práctica: reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos.

No se puede hablar seriamente de la niñez como sujeto de derechos si no se les escucha. La escucha no es un gesto amable ni un complemento, es una pieza central de esa concepción. Por eso el derecho a ser escuchados y a participar no es un derecho más dentro de la Convención, es uno de sus cuatro principios fundamentales. El Comité de los Derechos del Niño ha sido muy claro en esto: ese principio funciona como punto de partida y también como criterio para interpretar y aplicar el resto de los derechos.

Que sea un principio implica que atraviesa todo. La participación de niñas y niños es un presupuesto para garantizar los demás derechos. Además, está directamente ligada al principio de interés superior del niño. No es posible determinar correctamente qué es lo mejor para un niño o una niña si antes no se ha escuchado lo que piensa, lo que siente y lo que necesita según su madurez.

Escuchar a niñas y niños es, en el fondo, una forma básica de respetar su dignidad. Es reconocer que lo que viven y lo que dicen importa, especialmente cuando se toman decisiones que afectan su vida cotidiana, su familia, su escuela o su protección. Por eso la participación no es solo una buena práctica, es una condición esencial para que los derechos de la infancia sean reales y efectivos.

Cuando se habla de participación, a veces se piensa solo en “escuchar”. ¿En qué se diferencia una participación significativa de una meramente simbólica?

Es una diferencia clave. La participación simbólica es aquella en la que niñas y niños están presentes, hablan, incluso opinan, pero lo que dicen no tiene ningún efecto real. Están ahí, pero cumplen una función más bien decorativa. También ocurre cuando se les da un espacio para expresarse, pero no existe una verdadera voluntad de que esas opiniones influyan en la toma de decisiones. Se escucha, pero no se hace nada con lo escuchado.

La participación significativa es otra cosa. Implica que la opinión del niño importa y tiene peso. No significa que siempre se haga exactamente lo que el niño o la niña dice, pero sí que aquello que expresa se analiza seriamente y se incorpora como elemento central en la decisión. En caso de que no se siga su opinión, se le debe explicar de forma clara, respetuosa y comprensible.

Un elemento clave para que la participación sea real es la retroalimentación. Los niños y niñas necesitan saber qué pasó con lo que dijeron. En procesos normativos, por ejemplo, no basta con consultarlos una vez. En el caso del Código hubo un primer momento de escucha y luego un segundo momento en el que se les consultó sobre una propuesta ya redactada. Y después de eso, es fundamental devolverles cómo sus ideas fueron incorporadas o por qué no lo fueron. Sin esa devolución, la participación queda incompleta.

La participación significativa también exige considerar la autonomía progresiva. No todos los niños comprenden ni expresan de la misma manera, y eso influye en el alcance de la información que se les brinda y en el peso que tiene su opinión. Escuchar siempre, sí, pero entendiendo que la forma y la profundidad de esa escucha varían según la madurez y las capacidades del niño.

Otro punto importante es que la participación es un derecho, no una obligación. Un niño o una niña puede decidir no ser escuchado en un determinado momento, y eso también debe respetarse. En esos casos, el rol de los equipos es comprender qué está pasando y buscar otras formas de acompañar, sin forzar la expresión.

Para que sea real, además, tiene que darse en condiciones adecuadas. Espacios amigables, lenguajes comprensibles, personas formadas para escuchar, y no escenarios excesivamente formales o técnicos. Y hay que recordar que no todos los niños se expresan solo con palabras. Niños muy pequeños o con discapacidad, por ejemplo, pueden necesitar otros apoyos y mecanismos para ejercer su derecho a ser escuchados.

En resumen, una participación auténtica implica tomar en serio lo que el niño identifica como su propio interés. Eso no significa que siempre se haga lo que desea, pero sí que su opinión tenga prioridad en el análisis. Y cuando la decisión se aparta de ese deseo, debe estar bien fundamentada y explicada. Solo así podemos hablar de una participación real y no simbólica.

El nuevo Código de Niñez, Adolescencias y Juventudes es una ley que, por su propia naturaleza, se construyó con el aporte de esa población a la que va destinada. ¿Cómo se diseñó este proceso de consulta para que no fuera solo formal?

Hay que partir de una realidad y decirla con honestidad. El segundo momento de consulta, que fue el más amplio y masivo, se desarrolló en un tiempo récord, que no es el ideal para este tipo de procesos. Aun así, hubo una decisión muy clara de que la consulta se hiciera y no fuera un trámite formal ni una foto para cumplir.

El proceso se diseñó con una metodología construida de manera conjunta entre UNICEF y el Ministerio de Educación, y se apoyó desde el inicio en principios muy claros. La voluntariedad fue uno de ellos. Ningún niño estaba obligado a participar. Otro principio clave fue la no discriminación, garantizando que pudieran participar todos, incluidos niños y niñas con discapacidad. También se tuvo en cuenta que no se puede consultar de la misma manera a un niño pequeño que a un adolescente, por lo que la metodología fue diferenciada según la edad y el nivel educativo.

La transparencia fue otro elemento central. A los niños, niñas y adolescentes se les explicó qué era el Código, por qué se les estaba consultando, para qué servía el proceso y qué iba a pasar con lo que ellos dijeran. Y hubo un principio que para mí fue especialmente importante: la seguridad emocional. Cuando se invita a niñas y niños a hablar de sus derechos, pueden emerger vivencias de vulneración, emociones fuertes o incluso denuncias. El personal que facilitó la consulta tenía que estar preparado para responder y la escuela, como institución, también debía estar lista para activar mecanismos de protección si era necesario.

Hubo un trabajo clave de preparación previa. Se realizó una videoconferencia nacional donde se compartieron la metodología, los principios, las dinámicas y cada paso del proceso con las direcciones provinciales de educación de todas las provincias del país. Esa información bajó luego en cascada a las escuelas. Como en todo proceso de este tipo, implicó desafíos. No en todas las escuelas se logró la misma calidad ni la misma profundidad, y eso también se refleja en los resultados. Es una realidad que no se puede desconocer.

La consulta se organizó de manera diferenciada. En la primera infancia y los primeros grados de primaria se trabajó a partir de un cuento ilustrado sobre derechos, que permitió que los niños expresaran lo que sentían y pensaban a través del dibujo y la conversación. En los grados superiores de primaria y en secundaria, a partir de fichas técnicas sobre derechos, deberes y el sistema de protección. En la educación media superior se aplicaron cuestionarios más reflexivos, orientados a un análisis más crítico del contenido del Código.

Todo esto estuvo acompañado de materiales específicos. Además del cuento, se elaboró un folleto y un plegable con las orientaciones metodológicas y una edición especial de la revista infantil Zunzún que apoyó el proceso. La metodología puso el énfasis en tres cosas muy concretas: una escucha activa y consciente por parte de quienes facilitaban, la contención emocional durante los espacios de diálogo y la retroalimentación, es decir, explicarles a los niños que lo que dijeran sería analizado y tomado en cuenta y devolverles luego el impacto de lo que dijeron.

Los criterios se recogieron desde las aulas, luego por escuelas, municipios y provincias, y llegaron a la comisión redactora del Código a través de informes provinciales. Aunque hubo un día central de consulta que fue el 4 de abril, el proceso se extendió en muchas escuelas durante varios días de abril.

Lo más importante es el resultado. Las opiniones de niñas y niños no quedaron en un informe archivado. A partir de lo que dijeron, se realizaron 29 ajustes concretos al texto del Código. Eso es lo que marca la diferencia entre una participación simbólica y una participación real. 

Las voces que sí comentaron

En opinión de la jurista, si bien el Código fue redactado por personas adultas, expertas en derechos de la niñez y en múltiples disciplinas, la mirada de niñas y niños mostró que todavía había cosas que ajustar, que agregar y que decir desde su experiencia.

“Ese ejercicio de escuchar, corregir y mejorar a partir de sus voces es, para mí, uno de los mayores valores del proceso y, en lo personal y profesional, una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido”, insistió durante la entrevista.

¿Cuáles fueron los principales resultados en términos de aportes de ese proceso?

Primero, que niñas, niños y adolescentes conocieran el contenido del proyecto de ley que luego sería el Código y pudieran opinar y proponer cambios concretos. Segundo, que aprendieran sobre sus propios derechos y los mecanismos para exigirlos, de manera que la consulta funcionara también como un ejercicio de educación en derechos de la infancia, no solo para ellos, sino también para docentes y familias que acompañaron el proceso. Y tercero, que se fortalecieran como ciudadanos activos, sintiéndose parte de una ley que les pertenece.

Cuando se revisan los informes provinciales y cuando hemos podido conversar directamente con niños y niñas que participaron, esos resultados se confirman. Con diferencias entre territorios y escuelas, como es lógico, pero con una valoración muy positiva del proceso. Varios niños expresaron que por primera vez entendían mejor cuáles eran sus derechos y que sentían que su opinión importaba.

En términos de aportes concretos al contenido del Código, los resultados fueron muy significativos. Se incorporó, por ejemplo, un derecho completamente nuevo que no estaba previsto en el anteproyecto: el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar activamente en la implementación y el seguimiento del propio Código. Ellos dijeron con mucha claridad que no querían ser consultados solo una vez, sino ser parte de cómo se verifica que la ley se cumpla. Eso obliga ahora a crear mecanismos para concretar ese derecho.

También hubo aportes muy claros sobre los entornos educativos. Plantearon la necesidad de que las escuelas sean espacios protectores, afectivos y respetuosos de sus derechos, y eso se incorporó como una garantía específica dentro del derecho a la educación.

Otro tema que apareció de manera recurrente fue la migración. Niñas y niños hablaron de cómo les afecta la migración de madres, padres, familiares cercanos o incluso amigos. A partir de eso, se incluyó de forma expresa la responsabilidad parental de asegurar que, cuando una madre o un padre emigra de manera temporal o definitiva, este debe asignar formalmente las funciones de cuidado, atención y acompañamiento de sus hijos e hijas a otra persona.

Los niños y niñas con discapacidad también hicieron aportes muy importantes. Reclamaron ser vistos como personas con potencial, con capacidades para aportar, y no solo desde una mirada asistencial. Eso se tradujo en un inciso que refuerza la responsabilidad del Estado, la familia y la comunidad en promover la sensibilización, la solidaridad, el respeto, la empatía y el reconocimiento del potencial humano y social de los niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad.

El entorno digital fue otro tema fuerte. Reconocieron sus oportunidades, pero también los riesgos, y expresaron que muchas veces no se sienten seguros. A partir de eso se incorporaron artículos específicos con garantías y medidas de protección, tanto desde la responsabilidad familiar como desde la responsabilidad del Estado, para la protección de niñas y niños en los entornos digitales.

Incluso en relación con los deberes hubo aportes muy interesantes. Niñas, niños y adolescentes señalaron que para cumplir con sus deberes muchas veces necesitan del acompañamiento de los adultos. Un niño puede estar listo para ir a la escuela, pero depende de que el adulto también cumpla su parte. Eso llevó a incorporar en un artículo la idea de que el cumplimiento de los deberes requiere orientación, apoyo y ejemplo por parte de la familia, no solo de exigencias.

También solicitaron mayor protección frente al consumo, la exposición y el tráfico de drogas, algo que no estaba recogido en el anteproyecto y que dio lugar a un nuevo artículo específico. Se incorporó, además, el derecho a la salud mental, al acceso a las tecnologías digitales y un deber que ellos mismos propusieron: el de denunciar situaciones de violencia o vulneración de derechos cuando tengan conocimiento de ellas.

Todo esto muestra que no se trató de ajustes menores ni de cambios cosméticos. Fueron aportes profundos, sustantivos, que fortalecieron de manera real el contenido del Código. Las voces de niñas, niños y adolescentes no solo se escucharon, sino que transformaron el texto legal. Y eso, en sí mismo, ya es un resultado muy potente.

De todas las contribuciones recogidas, ¿hay alguna propuesta o preocupación expresada por niños, niñas o adolescentes que le haya sorprendido por su madurez o que haya dejado una huella particular en el texto final del Código?

Más que destacar una propuesta aislada, yo diría que lo que más me marcó fue la coherencia y la madurez con la que niñas, niños y adolescentes hablaron de temas muy complejos. Todo lo que dijeron fue relevante. Hubo muchas opiniones y preocupaciones que no implicaron necesariamente añadir nuevos artículos, sino confirmar que aspectos que ya estaban en el Código eran importantes para ellos. Eso también fue valioso, porque nos dio la certeza de que algunas decisiones normativas estaban bien orientadas desde su mirada.

Si tuviera que señalar algo que dejó una huella particular, no sería tanto por lo inesperado del contenido, sino por el desafío que implica. Me refiero a la propuesta de que niñas, niños y adolescentes formen parte del seguimiento y el chequeo de la implementación del Código.

Eso es especialmente significativo porque incluso por parte de las personas adultas los mecanismos de seguimiento de la implementación de las leyes no siempre son efectivos. Pensar en mecanismos de monitoreo que sean comprensibles, accesibles y realmente participativos para niñas y niños es un reto enorme, pero también una señal de mucha conciencia cívica. Están diciendo no solo “queremos derechos”, sino “queremos saber cómo se garantizan en la práctica”.

Esa propuesta resume muy bien el espíritu del proceso de consulta. No se trata solo de escuchar para redactar una norma, sino de reconocer a niñas, niños y adolescentes como actores sociales, con capacidad de mirar críticamente la realidad y de involucrarse en la construcción y vigilancia de lo público. Para mí, ese aporte tiene un valor simbólico y práctico muy fuerte, y marca un horizonte claro para la implementación del Código.

Una norma que consolida derechos

Para Jorge Méndez, el Código consolida derechos. Desde su perspectiva, dos ejes: participación y protección frente a la violencia, logran traducir de más fiel lo que niñas, niños y adolescentes expresaron durante las consultas.

¿Cuál es el artículo o principio que mejor refleja el espíritu y las demandas planteadas por los propios niños, niñas y adolescentes durante las consultas?

El derecho a la participación fue un reclamo constante. Querían ser escuchados en todos los espacios donde transcurre su vida, en la familia, en la escuela, en la comunidad, en los procesos administrativos y judiciales. Y ese reclamo quedó muy bien reflejado en el Código. La participación no aparece solo como un derecho aislado, está reconocida como un principio del propio Código y eso significa que debe guiar la interpretación y la aplicación de toda la norma.

Además, el derecho a la participación está desarrollado con garantías concretas para su respeto y su implementación. A lo largo del Código se repite de manera muy clara la obligación de escuchar a niñas, niños y adolescentes en ámbitos específicos y en decisiones que les afectan directamente. No es una declaración general, es un mandato que atraviesa todo el texto y que convierte la escucha en una práctica obligatoria, no opcional. Creo que ahí el Código recoge muy bien una de las demandas más fuertes que surgieron en la consulta.

El segundo elemento que refleja con mucha claridad el espíritu de lo que dijeron es la protección frente a la violencia. Fue otro tema recurrente y profundamente sentido por niñas y niños. El Código lo aborda con mucha solidez. La protección frente a todas las formas de violencia está concebida también como un principio transversal, y se desarrolla además en el derecho al buen trato, a una vida libre de violencia y a la protección de la integridad personal, con un nivel de detalle y de garantías que no existía antes.

Además, esta norma crea un sistema especializado de protección frente a la violencia, que es una novedad muy importante. Establece la obligación de denunciar, la existencia de protocolos institucionales, procedimientos estándar de respuesta y define claramente las instituciones responsables en este tema: la Fiscalía, la Defensoría, los órganos del Ministerio del Interior y los tribunales de justicia. Y suma algo clave, que es la creación de un sistema de monitoreo de la situación de niñas, niños y adolescentes, incorporando por primera vez información específica sobre violencia como parte de los datos que el Estado debe producir y analizar.

¿Qué mecanismo o principio de participación establecido en esta ley garantiza que la voz de las nuevas generaciones siga siendo escuchada en el futuro, más allá de esta consulta inicial?

Creo que el Código deja varios anclajes muy claros para que la participación de niñas, niños y adolescentes no se agote en este proceso de consulta y se proyecte hacia el futuro.

El primero es un artículo que nace directamente de lo que ellos dijeron durante la consulta y del que hablamos antes. El Código reconoce de manera expresa el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar en el seguimiento y la supervisión de su implementación. No es solo que puedan opinar sobre la ley, es que tienen derecho a formar parte del chequeo de cómo se cumple. Eso sienta una base jurídica muy fuerte para construir mecanismos de participación sostenidos en el tiempo.

El segundo elemento es la integración de las organizaciones estudiantiles a las Comisiones de Niñez, Adolescencias y Juventudes, a nivel nacional, provincial y municipal. Eso convierte a estas comisiones en espacios institucionales donde la voz de niñas, niños y adolescentes tiene un lugar permanente, no ocasional. No depende de la buena voluntad de alguien, está previsto en la propia ley.

Y el tercer elemento, que para mí es clave, es que en los tres niveles de las comisiones el Código asigna de manera explícita la función de establecer mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes. En el nivel provincial y municipal, además, se señala de forma expresa la obligación de “asegurar la comunicación directa con niños, niñas y adolescentes y su participación activa en las decisiones y actuaciones que les conciernen en su territorio”.

Todo esto en conjunto crea un marco que debe ir más allá de una consulta puntual. El Código no solo reconoce el derecho a participar, sino que diseña estructuras y obligaciones concretas para que esa participación sea continua, cercana y real, especialmente en lo local, que es donde las decisiones impactan de manera más directa en la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes.

De rutas y desafíos

Más allá del cumplimiento de un derecho, ¿qué beneficios tangibles obtiene un país cuando legisla con la contribución activa de su juventud?

Cuando un país legisla escuchando activamente a niñas, niños y adolescentes, gana mejores leyes. Las normas que se construyen con su participación suelen ser más pertinentes, más conectadas con la realidad y más útiles para responder a las necesidades concretas de quienes van a vivir bajo esas reglas.

Niñas y niños aportan una mirada que ningún adulto puede reemplazar. Hablan desde su experiencia cotidiana, desde lo que viven en la escuela, en la familia, en la comunidad, en los entornos digitales. Eso permite identificar situaciones de vulnerabilidad, riesgos y también aspiraciones que muchas veces no aparecen si solo se legisla desde una mirada adulta.

Además, la participación tiene un efecto muy positivo en ellos mismos. Fortalece su sentido de pertenencia, porque se reconocen como sujetos de derechos y como parte activa de la sociedad. No sienten que las leyes les caen encima, sino que entienden que también les pertenecen. Eso desarrolla ciudadanía, pensamiento crítico, confianza y habilidades para participar de manera responsable en la vida social.

En el fondo, una sociedad que escucha a su niñez es una sociedad que se toma en serio los derechos humanos. Porque garantizar derechos es también reconocer la voz de quienes los ejercen.

Desde su experiencia, ¿de qué manera esta participación activa contribuye directamente a la protección de la niñez contra la violencia, la discriminación y otras vulneraciones de derechos?

La participación activa tiene un impacto muy directo en la protección de la niñez, y eso se vio claramente en este proceso. Por un lado, la consulta fue en sí misma un ejercicio de educación en derechos de la infancia. Niñas, niños y adolescentes no solo opinaron sobre el Código, también conocieron cuáles son sus derechos, cómo funcionan y, algo muy importante, cuáles son los mecanismos para exigirlos.

Cuando un niño sabe que tiene derechos y entiende que existen vías para reclamar cuando esos derechos se vulneran, está mucho mejor preparado para protegerse, para pedir ayuda y para identificar situaciones de violencia, discriminación o maltrato. Ese conocimiento cambia su posición frente a la vulneración. Ya no es alguien que solo aguanta o normaliza lo que le pasa, sino alguien que puede reconocer que algo no está bien y que tiene derecho a recibir protección. Desde ahí, la participación se convierte en una herramienta muy concreta de prevención y de empoderamiento.

Por otro lado, los espacios participativos en sí mismos son espacios protectores. Un entorno donde niñas y niños se sienten escuchados, respetados y tomados en serio es un entorno que reduce el riesgo de violencia. La participación genera confianza, y la confianza abre la puerta a que puedan hablar de lo que les incomoda, de lo que les duele o de lo que les preocupa. Cuando un niño siente que puede expresarse sin miedo, es mucho más probable que revele situaciones de vulneración que de otro modo quedarían ocultas.

Por eso decimos que la participación no es solo un derecho, es también un factor de protección. Los espacios donde se promueve la participación activa suelen ser espacios más atentos, más sensibles y más capaces de detectar y responder a situaciones de violencia o discriminación. En ese sentido, participación y protección no son dimensiones separadas, se refuerzan mutuamente. Allí donde hay escucha real, hay más posibilidades de restitución de derechos.

¿Cuál cree que es el principal obstáculo para lograr una participación infantil y adolescente plena y sistemática en Cuba y cómo se está trabajando para superarlo?

Creo que el principal obstáculo para una participación infantil y adolescente plena y sostenida en Cuba sigue siendo una mirada adultocéntrica muy arraigada. Es una visión que coloca a los adultos en el centro de las decisiones y deja a niñas, niños y adolescentes en un lugar secundario. Se decide por ellos, se habla por ellos y se interpreta la realidad desde intereses y necesidades adultas, sin reconocer plenamente que niñas y niños son sujetos de derechos con una voz propia que debe ser tomada en serio.

Este es un desafío profundamente cultural. Una ley, por sí sola, no transforma esa mirada. El hecho de que la Constitución lo reconozca desde 2019 o de que el Código afirme con claridad que niñas y niños son sujetos plenos de derechos no genera automáticamente el cambio cultural que se necesita. Cambiar el adultocentrismo implica modificar prácticas cotidianas, formas de relacionarnos, de educar y de ejercer la autoridad.

En ese sentido, el propio proceso de consulta del Código fue un paso importante. Muchos docentes y adultos que acompañaron el proceso reconocieron el valor de lo que niñas y niños estaban diciendo, se sorprendieron por la claridad y la profundidad de sus opiniones, y eso deja huellas. También hay un trabajo que se viene desarrollando desde la promoción de la crianza respetuosa, que está directamente vinculada a la participación. No puede haber participación real si los hogares no son espacios donde niñas y niños pueden opinar, ser escuchados y tomados en cuenta de manera cotidiana.

Hacia adelante, el propio Código abre una gran oportunidad. Los procesos de divulgación, formación y capacitación que acompañen su implementación tienen que ser espacios para cuestionar y desmontar esa visión adultocéntrica. No se trata solo de enseñar qué dice la ley, sino de promover un cambio de mentalidad en adultos, instituciones y comunidades, para que la participación infantil deje de ser la excepción y se convierta en una práctica normal, constante y respetuosa en la vida social.

A veces persiste la idea de que “los niños no saben lo que quieren”. ¿Qué mensaje le daría a un legislador o a cualquier persona que aún dude de la capacidad de la niñez para contribuir a estos debates?

A quienes todavía piensan que los niños no saben lo que quieren, yo les diría primero que esa idea parte de una mirada muy extendida, pero que no se sostiene ni desde la experiencia ni desde la evidencia. En los estudios sobre participación infantil se habla de la “teoría del balancín”, que plantea que niñas y niños tienden a tomar decisiones contrarias a su propio beneficio. Sin embargo, esa teoría ha sido ampliamente cuestionada. La práctica y la investigación han demostrado que cuando se trata de decisiones que impactan de manera real y significativa en su vida, niñas y niños son capaces de reflexionar, de analizar consecuencias y de aportar opiniones muy conscientes, profundas y pertinentes.

El derecho a ser escuchados, tal como lo desarrolla el derecho internacional de los derechos del niño, parte justamente de superar esa visión. No se trata de idealizar a la infancia ni de pensar que siempre tienen la razón, pero sí de reconocer que su mirada es válida y necesaria. Ellos conocen su realidad, viven los efectos de las decisiones y pueden identificar con mucha claridad qué les afecta y cómo les afecta, a veces incluso con más honestidad que los adultos.

A un legislador, en particular, le diría algo muy simple. Que escuche a los niños. No hay sustituto para eso. Todas las leyes, de una forma u otra, impactan la vida de niñas, niños y adolescentes, incluso cuando no están pensadas explícitamente para ellos. Por eso, los procesos legislativos deberían contar siempre con su voz, con su manera de entender el mundo y con sus prioridades.

Escuchar a la niñez fortalece las leyes. Generar espacios reales de participación hace que los procesos sean más legítimos y más ajustados a la realidad. Mi mensaje sería ese: escúchenlos. Creen espacios para que hablen, tómense en serio lo que dicen y verán que la participación de niñas y niños es un aporte imprescindible para construir mejores normas y mejores políticas.

¿Cómo pueden las familias, los educadores y la sociedad en general fomentar y validar esta participación desde los espacios cotidianos?

La participación se aprende viviéndola, y por eso los espacios cotidianos son tan importantes. Un punto clave es la educación en derechos. Cuando niñas, niños y adolescentes conocen cuáles son sus derechos y entienden que la participación es uno de ellos, empiezan a verse a sí mismos como personas con voz, con criterio y con capacidad para opinar. La educación en derechos no es solo un contenido escolar, es una herramienta para la vida cotidiana, porque les da lenguaje, confianza y referencias para expresarse.

El otro elemento fundamental es el ejemplo adulto. No se puede pedir participación a niñas y niños en entornos donde los adultos no participan, no escuchan o no respetan la opinión de los demás. La forma en que los adultos dialogan, toman decisiones y resuelven desacuerdos enseña más que cualquier discurso. En ese sentido, la crianza respetuosa es clave. Un vínculo familiar basado en el respeto, la escucha y el diálogo cotidiano crea de manera natural espacios participativos. Cuando en casa se pregunta, se explica, se negocia y se toma en cuenta lo que el niño piensa, se está enseñando participación sin necesidad de nombrarla.

La escuela tiene un rol central y todavía un enorme potencial por desarrollar. Muchas veces sigue funcionando desde una lógica adultocéntrica, donde las decisiones vienen dadas y los niños solo las reciben. Sin embargo, niñas y niños tienen mucho que decir sobre su vida escolar, sobre cómo aprenden, sobre las normas, sobre la convivencia. Cuando la escuela no abre esos espacios o no valora realmente lo que ellos expresan, está perdiendo grandes oportunidades.

Fomentar la participación no requiere grandes estructuras. Empieza por escuchar de verdad, por explicar las decisiones, por crear espacios donde opinar tenga sentido y consecuencias. Si eso ocurriera en la familia, en la escuela y en la comunidad, la participación dejaría de ser un concepto abstracto y se convertiría en una práctica cotidiana que acompaña a niñas y niños a lo largo de su vida.

¿Qué mensaje le enviaría a un niño, niña o adolescente que participó en las consultas, ahora que ve el Código aprobado, para que entienda que su voz realmente hizo la diferencia?

Lo primero que les diría es gracias. Gracias de verdad. Sus ideas, sus opiniones y su manera de mirar la realidad hicieron que este Código sea mejor. No fue una consulta para cumplir, lo que dijeron se tomó en serio y dejó huellas concretas en la ley. Este Código también es de ustedes.

Después les diría que no se queden ahí. Que se conviertan en portavoces del Código. Que hablen de él con sus amigos, con sus familias, en la escuela, en su comunidad. Que cuenten qué derechos reconoce, qué cosas protege y qué responsabilidades también establece. Cuando un niño conoce una ley y la hace suya, esa ley empieza a vivir.

También les diría que usen el Código. Que lo sientan como una herramienta. Si alguna vez sienten que un derecho no se está respetando, el Código está ahí para respaldarlos. Que pregunten, que pidan ayuda, que busquen los mecanismos que existen para protegerse y para exigir que se cumpla lo que la ley dice.

Y, sobre todo, que no duden del valor de su voz. Lo que dijeron importó y seguirá importando. El Código se aprobó, pero su implementación recién empieza, y ahí también los necesitamos. Este no es el final de su participación, es apenas el comienzo.