¿Cómo puedo hacer financiamiento pensando en la infancia?

¿Cuál es el desafío? 

La inversión pública en la infancia es fundamental para el desarrollo sostenible y la equidad social en Colombia. Sin embargo, persisten importantes brechas en la cobertura, calidad y equidad de los servicios dirigidos a la atención de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, ruralidad, discapacidad, pertenencia étnica o migración. La baja prioridad presupuestal, la fragmentación sectorial y la débil capacidad para vincular políticas con presupuestos, dificultan la garantía plena de los derechos. 

Se requiere un fortalecimiento de las capacidades y competencias para el gasto público en niñez, tanto en el ámbito nacional, como en el territorial. El Presupuesto General de la Nación tuvo un incremento total del 19% entre 2023 y 2024. Sin embargo, en ese mismo periodo, la inversión específica para niñez se mantuvo sin cambios. De otra parte, al analizar la inversión territorial para la infancia en 2021, se evidencia que el 75% de la inversión proviene del SGP, y tan solo el 10% es de recursos propios, haciéndose urgente una revisión de los esquemas de distribución y asignación de recursos que promueva el fortalecimiento de capacidades y competencias de las entidades territoriales.

La complejidad multisectorial y multisistémica de la atención integral a la niñez exige una coordinación presupuestal significativa. Los servicios de salud, nutrición, educación, protección y desarrollo infantil temprano suelen financiarse y ejecutarse desde distintos sectores y niveles de gobierno, lo que dificulta tanto la articulación de intervenciones integrales, como la identificación, seguimiento y evaluación del gasto total en infancia.

Persiste una debilidad en las capacidades institucionales, sobre todo locales, para la gestión oportuna y adecuada de las finanzas públicas para la infancia. Las débiles capacidades locales de planificación y presupuestación, dificultan la priorización de la infancia en los presupuestos territoriales y la ejecución eficiente de los cada vez más escasos recursos. 

Los servicios para la infancia presentan retos tanto en cobertura, como en calidad. Solo el 52% de los niños y niñas acceden a educación inicial, y las brechas se aumentan con barreras adicionales para grupos vulnerables, como niños con discapacidad, población rural, migrante o perteneciente a grupos étnicos. La falta de incentivos y mecanismos que promuevan la eficiencia, equidad y la calidad limita el impacto de la inversión pública. 

El monitoreo y la rendición de cuentas sobre el gasto en infancia requieren fortalecimiento. Aunque existen esfuerzos en la medición y seguimiento del gasto público en niñez, como los avances en el trazador presupuestal, que se ha acompañado en la mesa de gasto público de niñez del SNBF, aún es necesario mejorar su consolidación para la rendición de cuentas y toma de decisiones, así como la capacidad de los gobiernos locales para analizar y reportar la ejecución presupuestal con enfoque de derechos y equidad.

Finalmente, la sostenibilidad financiera de las políticas para la infancia enfrenta el doble reto de lograr mayor efectividad de los recursos actuales, así como movilizar recursos adicionales y diversificados. La dependencia de fuentes tradicionales y la alta inflexibilidad presupuestal limita la capacidad de respuesta ante nuevas demandas y contextos de crisis, por lo que es urgente generar mayor eficiencia e innovar en los mecanismos de financiamiento, involucrando al sector privado, la cooperación internacional y promoviendo esquemas basados en resultados.