Perú sin violencia, una tarea conjunta

Es necesario elevar el compromiso político al más alto nivel, aumentar recursos económicos e involucrar a todos los sectores de la sociedad para abordar la violencia, no como un problema del ámbito privado, sino como una grave vulneración de derechos

Ana de Mendoza
03 Octubre 2019
Ana de Mendoza, Representante, frente a una bandera de UNICEF
UNICEF

Ana de Mendoza
Representante de UNICEF

Un reciente esfuerzo por sistematizar todas las cifras oficiales sobre la violencia hacia la niñez y adolescencia peruanas confirma que el gran reto es acabar con su normalización.  El Perú no puede tolerar más que madres, padres, cuidadores y docentes ejerzan violencia de manera cotidiana sin ser cuestionados socialmente. 

Ocho de cada 10 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún tipo de violencia, seis de cada 10 son golpeados en sus casas y 35 de cada 100 alguna vez han sido víctimas de alguna forma de violencia sexual. Son cifras inaceptables.

La violencia hacia la niñez y adolescencia no se circunscribe al entorno familiar. Involucra también a la escuela. Madres, padres y docentes sostienen que recurren a la violencia para “corregir”, “disciplinar” o “encaminar” a los niños, sin entender que las consecuencias de la violencia son nefastas. La niña, niño o adolescente que crece siendo violentado suele tener baja autoestima, aprender menos en la escuela e incluso abandonar los estudios antes de culminarlos. Aprenderá a resolver los conflictos de forma violenta y, con probabilidad, recurrirá al uso de la violencia cuando sea mayor. Será una persona candidata a tener bajo rendimiento laboral, percibir un sueldo bajo y carecer de posibilidades de progreso personal. Además de las graves repercusiones a nivel individual, la violencia refuerza los ciclos de pobreza intergeneracional que afectan el crecimiento económico y el progreso del país. Desde hace 30 años, cuando el Perú ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el país se ha esforzado por erradicar la violencia hacia la niñez y adolescencia. La Ley que prohíbe el castigo físico y humillante, y la reciente implementación de los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes del Minedu son muestras de ello.

Pero los esfuerzos continúan siendo insuficientes. Es necesario elevar el compromiso político al más alto nivel, aumentar los recursos económicos disponibles e involucrar a todos los sectores de la sociedad para abordar la violencia, no como un problema del ámbito privado, sino como una grave vulneración de derechos que amerita la acción pública urgente. Hasta ahora solo el 1% del presupuesto asignado a la niñez y adolescencia se destina a protección, donde, entre otros muchos temas, se encuentra el paquete de acciones de prevención y atención de la violencia. Un porcentaje ínfimo para un problema de tal magnitud.

Confiamos en que el Perú, como uno de los 16 países pioneros de la Alianza Global para poner fin a la violencia, priorice al más alto nivel su erradicación, asignando más recursos a la ejecución del Plan de Acción 2020-2030, y así se logre acelerar el cambio cultural que deje en el pasado la normalización de la violencia y, de paso, a su condena social. Por el derecho de las niñas, niños y adolescentes del bicentenario a crecer y vivir libres de violencia trabajemos en esa dirección.

 

Artículo publicado en el diario El Peruano el 03-10-2019