Un legado en la defensa de los derechos de la infancia en Cuba
La destacada docente e investigadora Ana Isabel Peñate Leiva acumula un inmenso quehacer en favor de la protección de niños, niñas y adolescentes en Cuba.
La destacada docente e investigadora cubana Ana Isabel Peñate Leiva acumula un inmenso quehacer en favor de la protección de niños, niñas y adolescentes en Cuba. Primero desde el Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ) y en la actualidad como profesora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Programa Cuba), no ha dejado de aportar a las infancias, adolescencias y juventudes.
Su libro El derecho a los derechos. Infancias y adolescencias en Cuba (2021) le valió el premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2022; y ya en 2024 un nuevo proyecto editorial contó con su coordinación: Horizontes de equidad. Entre los derechos y las desigualdades de niñas, niños y adolescentes en Cuba (2024).
En aras de profundizar en su quehacer sobre las infancias y las adolescencias en Cuba, dialogamos con la también Doctora en Ciencias de la Educación y coordinadora del diplomado Infancias, derechos y vulnerabilidades.
¿Cuándo y por qué aparecen las infancias y las adolescencias entre sus inquietudes como investigadora?
En 1992 comencé a trabajar en el CESJ, que en aquel momento enfocaba su mirada en adolescentes y jóvenes, entre 15 y 30 años. El interés por investigar las infancias llegó después, y respondió a una cuestión coyuntural cuando, en el año 2000, los gobiernos de Cuba y Finlandia y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) firmaron el Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba, con alcance nacional y rectorado por el Ministerio de Justicia.
Ese mismo año la Oficina Regional de UNICEF publicó la encuesta La voz de los niños, niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe. En ese informe no aparecieron datos de la población infantil y adolescente cubana, en tanto la encuesta no fue aplicada en nuestro país. Entonces, le solicitaron al CESJ que realizara un estudio diagnóstico para identificar qué conocían acerca de sus derechos los niños, las niñas y los adolescentes cubanos. Se creó entonces un equipo de investigación del que formé parte. Eso significó para mí descubrir realidades de las infancias cubanas que a partir de ese momento me marcaron en lo profesional y en lo personal, y que me acompañan hasta hoy en mis investigaciones.
A partir de ese vínculo con UNICEF, ¿cuáles han sido los proyectos más importantes en los que has participado?
El estudio diagnóstico La voz de los niños, niñas y adolescentes fue la primera de las acciones en las que participé como miembro del grupo nacional que coordinaba el Proyecto de Divulgación de los Derechos y como miembro de su equipo técnico asesor. Además de investigar, capacitamos a determinados sectores cuyos roles profesionales se relacionaban con las infancias y las adolescencias.
Fueron tres los estudios nacionales que realizamos; no solo incluyeron en sus muestras a infantes y adolescentes, sino también a adultos en sus roles de madres, padres, maestros y profesores. Los resultados fueron sistematizados y publicados en 2010.
En el marco del Proyecto de Divulgación diseñamos un programa para la educación en derechos llamado Mi Convención; luego publicamos el texto Sociedad, educación y derechos de la infancia. Esta producción científica me permitió consolidar saberes para la defensa de mi tesis doctoral en Ciencias de la Educación sobre «Los derechos de las infancias y las adolescencias en Cuba»; para ello conté con el apoyo de UNICEF y de la coordinación nacional del Proyecto.
En el Centro de Estudios Sobre la Juventud —donde me desempeñé como investigadora durante 27 años— desarrollamos además varios proyectos que respondían a los diferentes ciclos de cooperación, entre ellos: «Trabajo con adolescentes: garantía de futuro» e «Infantes y adolescentes por sus derechos».
¿Cuánto cree que ha aportado el accionar de UNICEF al trabajo que en favor de niñas, niños y adolescentes desarrolla el Estado cubano, sus instituciones y sus organizaciones políticas y de masas?
UNICEF y Cuba tienen relaciones de larga data. El acompañamiento de este Fondo de las Naciones Unidas al Estado y gobierno cubanos ha sido vital. UNICEF ha articulado en sus diferentes programas de cooperación a un grupo de contrapartes nacionales, entre los que se destacan ministerios, institutos, centros de estudio y de investigación, organizaciones estudiantiles y juveniles, entre otros; cuyos encargos se relacionan con las poblaciones infantiles y adolescentes. También ha apoyado importantes proyectos y programas a nivel de país: Educa a tu hijo, Para la vida, el Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Cuba, así como campañas de vacunación, ante desastres naturales, y procesos de capacitación, investigación y socialización de resultados.
En 2009, en el XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, en Buenos Aires, usted presentó la ponencia: «Derechos de infantes y adolescentes: una visión desde Cuba. A 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño». ¿Cuánto ha cambiado ese escenario 15 años después? ¿Qué pasos se han dado para que niños, niñas y adolescentes conozcan mejor sus derechos?
En 2009 concluía el tercero de los estudios de La voz de los niños, niñas y adolescentes de Cuba. Significaba un trabajo intencionado, sostenido y coordinado a partir de los resultados del estudio diagnóstico del año 2000 y de la primera evaluación realizada en 2003.
En la actualidad, si bien la producción científica no ha mermado, o al menos no de forma marcada, no percibo que se trabaje, se produzca y se socialice todo lo que se debieran en función de la educación en derechos. Hay que pensar que las generaciones cambian, por lo que debería ser una constante trabajar por sus derechos y, además, para que los conozcan y los exijan.
El contexto país ha cambiado, hay nuevas realidades que comprometen algunos de los derechos. Soy del criterio que valdría la pena una nueva Voz de los niños, niñas y adolescentes cubanos que nos brinde insumos a los diferentes actores sociales para una transformación adecuada atendiendo a las actuales necesidades. La defensa de los derechos de las infancias y adolescencias es consustancial al modelo sociopolítico cubano, pero requiere de una mayor divulgación.
En los últimos tiempos destacan como acciones importantes la actualización de normas jurídicas, dígase la Constitución de la República en 2019, el Código de las Familias en 2022, la Política Integral de Atención a la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes en 2023, la elaboración de una Ley de Protección Integral —aún en proceso— para estas poblaciones que sustituya al Código de la Niñez y la Juventud de 1978. Sin embargo, esto por sí solo no basta: hay que exigir la aplicación rigurosa de lo que estipulan las normas y las políticas. Tampoco basta con enfocarse únicamente en el conocimiento que tengan niños, niñas y adolescentes, los adultos en sus diferentes roles están obligados a conocer estos derechos, ya que a ellos también les corresponde garantizarlos. Desconocer los derechos de la infancia, no los exonera de sus responsabilidades.
Con el libro El derecho a los derechos. Infancias y adolescencias en Cuba (2021) Ana Isabel recibió el Premio de la Academia de Ciencias en 2022. La idea del volumen nació de varias reuniones que tenían lugar en la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) en las que se intercambiaban ideas para posibles acciones que contribuyeran a la celebración de los 30 años de la entrada en vigor en Cuba de la Convención sobre los Derechos del Niño.
«Es por eso que la Convención se convierte en el eje que estructura los contenidos que aparecen en la publicación. El propósito fue rescatar la producción científica correspondiente en esos 30 años para sistematizar buenas prácticas, visualizar la existencia de infantes y adolescentes en contextos de vulnerabilidad social e identificar los desafíos para la protección integral de sus derechos».
El volumen expone fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en la protección integral de los derechos. Entre las primeras, se constata que Cuba es una sociedad donde los más jóvenes constituyen poblaciones priorizadas en las políticas sociales, de ahí que pueda considerarse un entorno protector a gran escala de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
«Entre las principales fortalezas se puede mencionar que existe un saber acumulado de buenas prácticas en la protección de los derechos desde diferentes áreas del conocimiento; que se cuenta con normas jurídicas específicas de protección dirigidas a estas poblaciones; que hay propuestas educativas para contribuir a un mejor desempeño de la familia en el cumplimiento de sus funciones; que está definida la primera infancia y hay políticas específicas para ella; que existen sistemas de diagnósticos educativos y comunitarios cada día más integrales y con alusiones a factores de riesgo que conducen a condiciones de vulnerabilidad social; que se consolidan estrategias, metodologías y proyectos diversos, dialógicos y participativos con resultados positivos en la protección integral de los derechos como, por ejemplo, Para la vida, Un mundo al derecho, Mi Convención, Ismaelillo, Casa del niño y la niña, Escaramujo, Los chicos del barrio…; lo cual demuestra que es posible captar, motivar y mantener vinculados a niños, niñas y adolescentes con desventajas social de forma estable a programas preventivos, educativos y comunitarios».
En contraste, como debilidades, la investigadora subraya que no siempre se tiene en cuenta ese saber acumulado y que, tanto en la investigación social como en la aplicación de estrategias y políticas, se percibe una falta de cohesión interdisciplinar e intersectorial.
«A eso habría que sumar que persisten contextos de vulnerabilidad social que afectan el desarrollo integral de las infancias y adolescencias; que las normas jurídicas que protegen esos derechos están desactualizadas; que existen incoherencias entre esas normas y las prácticas cotidianas; que hay una insuficiente cultura jurídica en la población cubana que pone en riesgo el respeto de los derechos; y que persisten insuficiencias en la participación activa de madres y padres en las labores de las instituciones educativas».
Las investigaciones del último decenio identifican, también como debilidades, la existencia de desigualdades en las infancias, violencia en el ámbito familiar y escolar, violencia de género, educación sexista, problemas en la participación, en las condiciones de vida, en el consumo cultural. Además, reflexiona Ana Isabel, «existen programas preventivos con participación de escolares en situaciones de desventaja o vulnerabilidad social que tienden a estigmatizarlos o revictimizarlos como casos sociales, lo cual no mejora su condición en el colectivo escolar, ni su autoestima».
En este entramado de fortalezas y debilidades, la autora señala como amenazas la vulneración de algunos de los derechos en ámbitos públicos y privados, así como la tendencia a no considerar las propuestas de las investigaciones sociales en el diseño e implementación de las políticas dirigidas a las infancias y las adolescencias.
No obstante, Ana Isabel es del criterio de sobreponerse a estas amenazas y aprovechar las oportunidades que el mismo escenario nos ofrece. «Vivimos un proceso de reordenamiento jurídico que contempla la actualización de normas dirigidas a la infancia y estamos transitando por el Tercer Perfeccionamiento de la Educación que comprende a la escuela y a la comunidad como dos escenarios clave en la prevención y la atención a las vulnerabilidades. Tenemos la posibilidad de aunar esfuerzos para aprovechar nuestras potencialidades y promover el carácter multidisciplinar, interdisciplinar, interinstitucional e intersectorial en el tratamiento de las infancias y las adolescencias».
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En el prólogo de su libro se afirma: «A pesar de los avances sostenidos del país en la protección de los derechos de estos grupos etarios, la existencia de políticas sociales centradas en el bienestar y la felicidad de niños y adolescentes, un entorno educativo institucional que tiene como premisa la promoción y garantía de los derechos; todavía subsisten desigualdades y situaciones de vulnerabilidad que requieren acciones integrales y profundas». ¿Por qué es necesario volver la mirada hacia las desigualdades y las situaciones de vulnerabilidad?
Hay que considerar cómo influye el contexto país en las realidades de las infancias, las adolescencias y sus familias. Las condiciones objetivas y subjetivas en las que estas se desenvuelven han cambiado. Urge profundizar en los efectos, tanto primarios como secundarios, que ello puede ocasionar. Recientemente un equipo de investigación de FLACSO-Programa Cuba y el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello concluyó un estudio sobre las vulnerabilidades en infancias y adolescencias en Cuba en el periodo 2015-2023.
A partir de la consulta de 103 fuentes bibliográficas se identificaron áreas temáticas en las que se sitúan vulnerabilidades para estas poblaciones, entre ellas: embarazo y fecundidad adolescentes, violencia, salud, medioambiente, tecnologías de la información y las comunicaciones, situación de discapacidad, desigualdades, pobreza y exclusión, vínculos de parejas, cuidados, participación, así como la nutrición y las conductas alimentarias.
Hay que tener en cuenta, además, los ejes que estructuran las desigualdades: la edad, el género, la condición de discapacidad, la situación socioeconómica, el color de la piel, el territorio, entre otros que, cuando se entrecruzan, profundizan las condiciones de vulnerabilidad social en que se encuentran niñas, niños y adolescentes.
En el marco del 35 aniversario la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿qué desafíos tienen la sociedad cubana para cumplir de manera más integral con los mandatos que la Convención defiende?
Pudiéramos situar, entre otros desafíos, la necesidad de actualizar el conocimiento que tienen niños, niñas y adolescentes acerca de sus derechos, y también el que tienen las poblaciones adultas, pensando siempre que a ellas les corresponde garantizar esos derechos. Considerar la heterogeneidad territorial en el diseño de políticas sociales más asertivas, así como el monitoreo y evaluación de las mismas, que sigue siendo un asunto pendiente.
Para abordar el tema de las infancias y las adolescencias se requiere de mucha sensibilización. Los profesionales de los medios de comunicación resultan aliados esenciales en la divulgación de los contenidos, de las normas jurídicas, de las políticas y de los derechos de las poblaciones infantiles y adolescentes; por eso tienen que estar capacitados.
Se hace necesario poner a debate una Ley de Protección Integral de los Derechos de estas poblaciones —que sabemos está en construcción— que actualice el marco regulatorio nacional, atemperándolo a las nuevas normas jurídicas internacionales y a las exigencias de los tiempos que corren. Estos pudieran ser algunos de los desafíos en el 35 aniversario de la Convención.
