Reducción de la pobreza y protección social

Argentina enfrenta un desafío estructural vinculado a la pobreza infantil. Desde la vuelta a la democracia el país no ha logrado perforar un piso del 30% de pobreza infantil medida por ingresos. Cada crisis ha elevado ese piso: desde 2016 los valores de pobreza infantil no han podido descender por debajo del 40%. Al inicio del presente programa de cooperación un 42,3% de las chicas y chicos vivían por debajo de la línea de pobreza y un 9,4% por debajo de la línea de indigencia (UNICEF sobre la base de EPH, IISem 2025).

Son 5,1 millones de chicas y chicos que no pueden acceder a una canasta básica de bienes y servicios. Y el promedio esconde desigualdades: los niveles de pobreza monetaria son mayores entre aquellos niños y niñas que viven en hogares donde la persona de referencia del hogar tiene un bajo nivel educativo, está desempleado o trabaja de manera informal y en aquellos hogares monoparentales con jefatura femenina. Además, se observan brechas territoriales significativas. Las posibilidades de un chico o chica de vivir o no en la pobreza siguen estando determinadas por el lugar y el tipo de hogar donde ese chico o chica nace y crece. 

Pero la pobreza en la niñez no solo se expresa en la falta de ingresos sino también en privaciones múltiples en dimensiones clave como la educación, la salud, la protección social, la vivienda y el acceso a servicios esenciales. 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes enfrentan privaciones en al menos una de estas dimensiones básicas.

En el marco del federalismo argentino, la responsabilidad de revertir esta situación y asegurar la garantía de derechos de las niñas, niños y los adolescentes se encuentra distribuida entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal), lo que requiere de esfuerzos de coordinación entre ellos para garantizar su ejercicio efectivo.

La inversión social dirigida a la niñez realizada por el gobierno nacional y las provincias da cuenta del esfuerzo presupuestario del Estado argentino para revertir esta situación y asegurar la garantía de derechos de los niños y niñas en el país. En los últimos 20 años, se observa una tendencia creciente: pasó de representar 5,8% del PIB en 2002 a 7,3% en 2023. Dos terceras partes es financiada por las provincias, que ejecutan el 70% de la inversión dirigida a la niñez en Argentina con marcadas brechas territoriales y desafíos en términos de magnitud, eficacia y calidad de las inversiones que realizan. El gobierno nacional financia el tercio restante a través de transferencias presupuestarias a los gobiernos provinciales o la implementación directa de políticas nacionales en el territorio.

Los municipios, por su parte, son los actores que se encuentran en contacto más cercano con la ciudadanía, reciben sus demandas y pueden articular actores en el territorio para dar una respuesta más directa y pertinente. Sin embargo, muchas veces los equipos locales no cuentan con suficientes herramientas, capacidades y recursos para atender múltiples y crecientes problemáticas vinculadas a la población infantil y adolescente.