Protección de derechos y acceso a la justicia

Argentina adaptó su legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño y promulgó leyes de protección integral de la niñez en la mayoría de las provincias, pero su implementación es todavía dispar. Los obstáculos se relacionan con la prevalencia de normas sociales que aún toleran el castigo físico, la discriminación por cuestiones de género y/o características socioeconómicas, la baja inversión y capacitación en los sistemas locales de protección, la falta de sistematización y difusión de la información sobre violencia, abandono y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como las dificultades que existen para que ellos puedan acceder a la justicia.

Eliminar las violencias contra niños, niñas y adolescentes en los distintos ámbitos donde se desarrollan es uno de los principales desafíos. El 70% de los niños de 2 a 17 años fueron sometidos a algún tipo de violencia (física, psicológica o sexual) y casi la mitad, 46,4%, de los padres y madres reconocen que recurren a la violencia física como medida disciplinaria, de acuerdo a La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito del hogar Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida. Aún falta información sistemática sobre violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes.

En el país hay alrededor de 9.000 niñas y niños sin cuidados parentales, 84% de ellos viven en instituciones que no siempre se adecuan a los estándares mínimos de cuidados, con escasos recursos materiales y débiles sistemas de monitoreo estatal que permitan garantizar su bienestar mientras se encuentran en el sistema de cuidados alternativos.

El sistema de justicia juvenil no está alineado con los estándares internacionales, lo que contribuye a altos niveles de discrecionalidad en las medidas tomadas que afectan a adolescentes, siendo estas muchas veces ineficaces para lograr los objetivos educativos y de reintegración que debe tener todo sistema de justicia especializada en esta población. Según datos de 2015, hay alrededor de 7000 adolescentes en conflicto con la ley penal, la mayoría (65%) por delitos contra la propiedad, según un estudio de UNICEF y SENNAF. Uno de cada 5 adolescentes está en centros de privación de libertad,  algunos en centros de restricción de libertad, y el resto con medidas alternativas. En la mayoría de las jurisdicciones no existe un sistema de supervisión y monitoreo de condiciones de privación de niños, niñas y adolescentes.