Fortalecimiento del sistema de Justicia Juvenil

UNICEF promueve un sistema de justicia penal juvenil en línea con los estándares internacionales

Las medidas no privativas de la libertad junto con las prácticas restaurativas, promueven la inclusión de los adolescentes.
UNICEF

Un sistema de justicia especializado debe tener un enfoque centrado en la prevención del delito, antes que uno basado en la represión y el castigo punitivo. Esto es clave si queremos que se cumpla con los objetivos socioeducativos que debe tener el trabajo con los adolescentes para que no vuelvan a transgredir las leyes. Las normas internacionales remarcan la necesidad de promover un sistema de justicia juvenil orientado a la reintegración de los adolescentes, con el fin de que logren una función constructiva en la sociedad.

Es importante que los Estados implementen políticas públicas orientadas a la reinserción social, que ofrezcan a los adolescentes oportunidades de desarrollo y el cumplimiento de sus derechos – como la educación, la salud, la recreación –  para la inclusión en un proyecto de vida que los aleje del delito y los riesgos que esto implica para ellos y terceros.

Las medidas no privativas de la libertad junto con las prácticas restaurativas, promueven la inclusión de los adolescentes para que puedan responsabilizarse y trabajar en la reparación del daño cometido a las víctimas de los delitos y a la propia comunidad. 

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UNICEF
#HayAlternativas

En cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño, UNICEF aboga por la ampliación, fortalecimiento y efectividad de la implementación de medidas alternativas al proceso judicial y sanciones que no impliquen la privación de la libertad, dejando esta opción habilitada sólo para los casos más graves y excepcionales, debiendo aplicarse por el menor tiempo posible.

Para lograrlo, UNICEF fortalece programas y realiza investigaciones que muestran mejores resultados en la reintegración de los jóvenes que se encuentran transitoriamente en conflicto con la ley penal. Trabaja junto a las autoridades nacionales, el Poder Judicial, los organismos de niñez y organizaciones de la sociedad civil para que se implemente un sistema de justicia juvenil en línea con los estándares internacionales, donde se cumplan todas las garantías procesales que tienen que tener los adolescentes, y que asimismo, tenga en cuenta la aplicación de otras sanciones que  no sean el encierro.