Los niños y niñas sin nombre en la selva más peligrosa del mundo

En la Estación de Recepción Migratoria de San Vicente ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, cinco familias con hijos e hijas sin nombre, sin nacionalidad ni identidad, experimentaron las dificultades de lo que significa migrar en riesgo de apatridia.

Cuando Thiago nació Gianleidy, su mamá, lo apretó contra ella. Lo revisó completito. Manos, pies, todo estaba ahí. Salió del centro de salud con todas sus pertenencias y con su bebé en brazos. Recibió un documento que certificaba que su hijo había nacido vivo. Esa misma semana recorrió en bus y a pie varios kilómetros para poder obtener el documento de identidad de su hijo, pero ella solo contaba con copia de su cédula y acceder a este documento en su nativa Venezuela es ahora una labor titánica. Sin su documento de identidad, Gianleidy no pudo registrar a su hijo. Pese a varios intentos, finalmente Thiago como otros miles de niños y niñas en el mundo ahora crece sin un nombre ni una nacionalidad, él se volvió invisible.

Pero para Gianleidy, Antonieta, Briannis, Miguel y Miriam, padres migrantes que se dirigen a Norteamérica junto a su familia, sus hijos e hijas son reales. Tienen un nombre; existen. Los besan, los abrazan, se enferman, ríen y celebran sus cumpleaños.

Es por sus hijos, todos menores de 5 años, que estos papás y mamás decidieron cruzar la temida selva del Darién, con todo el miedo, pero con toda la esperanza también, en busca de una mejor vida. Una vida donde sus niños y niñas puedan ir a la escuela, acceder a salud de calidad y cumplir sus sueños.

Sobrevivir la selva es un paso más en su trasegar que inició años atrás cuando dejaron su Venezuela natal para recorrer Suramérica. Al llegar a una de las Estaciones de Recepción Migratoria en la Provincia de Darién (por donde han transitado según el SNM más de 227,000 personas incluidos más de 36,000 niños, niñas y adolescentes durante el año 2022), cada persona es verificada individualmente por el Servicio Nacional de Migración y Servicio Nacional de Fronteras, mediante la solicitud de su documento de identidad. Las familias no contaban con las identificaciones de sus hijos, por lo cual se activó el protocolo de protección infantil que busca prevenir la trata y tráfico de personas. Fueron remitidos a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), autoridad encargada de la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Funcionarios de SENNIAF realizaron entrevistas, revisaron su situación y finalmente determinaron comprobar el vínculo de parentesco entre padres e hijos través de pruebas de ADN. El trámite fue complejo pues Darién es una zona remota que tienen limitantes para garantizar este tipo de procedimientos. Algunas de las familias esperaron casi cuatro meses por los resultados, con la esperanza de que esa confirmación les sirviera para conseguir las identificaciones de sus hijos, pero a pesar de corroborar la filiación, los demás esfuerzos fueron en vano. SENNIAF contactó los países de nacimiento de los niños para solicitar el reconocimiento de la nacionalidad, sin embargo, las barreras legislativas se mantuvieron como impedimento para permitir que los niños y niñas fueran registrados en sus consulados.

Un proceso extenso y desgastante

Margarita Sánchez, Oficial de Protección Infantil en Emergencias de UNICEF en Panamá, quien desde 2019 ha sido la encargada de apoyar a las familias migrantes con niños una vez salen de la selva tras 10 penosos días de jornada, explicó que este año es la primera vez que se identifican casos de niños en riesgo de apatridia. La apatridia es la condición en la cual una persona no ha sido reconocida legalmente por algún Estado, por lo que no cuenta con documentos que certifiquen su identidad, nombre, ni nacionalidad, que son derechos amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño. Si identidad, los niños y niñas tampoco tienen acceso a derechos como salud, educación y protección social, entre otros.

“Los padres migrantes son originarios de Venezuela que, inicialmente, emigraron a diferentes países de Sudamérica donde tuvieron a sus bebés. Pero diversos motivos, incluyendo su situación migratoria irregular, la falta de recursos, de asesoramiento legal, y de apoyo por parte de las autoridades, les allanó la posibilidad de inscribir a los niños en las registradurías de sus países de nacimiento”.

El mayor obstáculo para realizar el registro ha sido administrativo, añadió la oficial de UNICEF. “En todos los casos las autoridades les exigían a los progenitores sus documentos de identidad originales para registrar a sus hijos, pero ninguna de las madres tenía su cédula ni pasaporte original”.

Las madres sólo cuentan con un Certificado de Nacido Vivo (CNV), pero este documento no evidencia de manera certera el vínculo familiar, porque no lleva el nombre del niño y solo sirve para inscribir al bebé en las oficinas de registro civil en el país de nacimiento. En Panamá, para certificar el vínculo y desestimar que fuera un caso de tráfico de niños, la SENNIAF ordenó realizar una prueba de ADN.

Desde que se identificaron estos casos, UNICEF ha acompañado al Estado y a las familias, abogando para que los niños y niñas tuvieran acceso a sus derechos, y brindó acompañamiento en el día a día mientras se definía su situación. El proceso para gestionar casos tan excepcionales requirió del aprendizaje del Estado Panameño, de las delegaciones diplomáticas de los países de origen de los niños y niñas, y de los especialistas de protección infantil de UNICEF en la región. Hubo momentos de esperanza en los que parecía que los niños obtendrían sus documentos, pero tras cuatro meses de ir y venir, continuaron su ruta en riesgo de apatridia.

UNICEF Panamá

Historia Natanael

Historia Steisy

Historia Breyerson

Historia Kelvin

Historia de Thiago

Riesgos y derechos vulnerados

“La apatridia conlleva una serie de violaciones a los derechos humanos'', advirtió Margarita Sanchez, la oficial de protección infantil en emergencia de UNICEF en Darién. “Particularmente en contextos de movilidad, como es el caso de los niños y niñas que pasan por San Vicente, no contar con ciudadanía los expone a explotación, trata y tráfico infantil, entre otros riesgos”.

La encargada de Protección Infantil en emergencias de UNICEF alerta que, si no se le da el derecho a la identidad, se les vulneran muchos otros derechos. “La identidad es la llave para todos lo demás”, afirma. “También supone limitantes a la participación social, a la inclusión y a ciertos procesos legales, lo que condena a los niños y niñas en riesgo de apatridia a la discriminación. Es muy grave que, por una cuestión administrativa, se vulnere un derecho tan importante”.

Flexibilizar los procesos y garantizar su cumplimiento

Al nacer, los niños y niñas tienen derecho a ser inscritos en un registro, a recibir un nombre, identidad y una nacionalidad (Artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño), no obstante, en algunos países se mantienen barreras que impiden que algunos niños sean reconocidos como ciudadanos de algún Estado del mundo. Una vida sin identidad legal afecta cada uno de los aspectos vitales de su infancia.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2020 se estimó la existencia de 2 millones de personas apátridas en todo el mundo.

UNICEF trabaja a nivel mundial para garantizar los derechos de todos los niños y las niñas, incluyendo acciones para superar el riesgo de apatridia en la población infantil. Varios artículos de la Convención sobre el Estatuto de Personas Apátridas de 1954 y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados -de las que los países en cuestión son parte- disponen claramente que “facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y gastos de los trámites”.

UNICEF hace un llamado para que los Estados y la sociedad faciliten el cumplimiento de los derechos del niño, comenzando por el derecho a un certificado de nacimiento, a una nacionalidad. Esto mejora las oportunidades de acceso a salud, educación y protección social, que son esenciales para cada infancia.

Panama, cuenta con buenas prácticas administrativas para el registro expedito y sin impedimentos de toda persona nacida en su territorio, sin importar la condición migratoria o la existencia de documentos originales de sus progenitores. En el marco de la operación flujo controlado de migrantes, ha naturalizado a mas de 100 niños que han nacido en su territorio (incluyendo a más de 10 que han nacido en la selva de Darién) desde el año 2019 y cuyos padres se encontraban en tránsito hacia Norteamérica.

La movilidad humana en lugar de reducirse está aumentando en el mundo, esto demanda la adecuación y flexibilización de las normas de los países de origen, tránsito y destino para que garanticen todos los derechos basados en los principios del interés superior del niño y la no discriminación.

Y es que, pese a las gestiones y de todos los esfuerzos de SENNIAF, estas familias continuaron su camino al norte, sin documentos que certifiquen la nacionalidad, nombre e identidad de sus niños y niñas, y sin ningún tipo de protección, aparte de los abrazos y besos que sus papás y mamás les dan en cada momento del largo viaje que están realizando para cumplir sus sueños y darles una vida mejor. En Panamá, solamente lograron a través de la prueba de ADN certificar que son padres e hijos.

Según el Servicio Nacional de Migración de Panamá, el número de niños que ingresan a Panamá a través del Tapón del Darién ha superado los 36,000 en lo que va de 2022, sobrepasando los más de 29,000 del año anterior, lo que representa un máximo histórico desde que se llevan estas estadísticas. Mas de 900 de ellos llegan a Panamá sin sus familias porque se han separado en la selva o son adolescentes que viajan solos.

UNICEF, junto a sus socios locales Global Brigades, RET Américas y HIAS, implementa servicios para salvar vidas para la población migrante en tránsito por Darién y comunidades de acogida, mediante la potabilización y distribución de agua, servicios de saneamiento e higiene, atención de salud materno infantil, apoyo psicosocial a través de Espacios Amigables para la Infancia, prevención de las violencias de género a través de los Espacios de Cuidado de mí, y también gestión de casos de niñez con necesidades de protección especial, gracias a los fondos que recibe de la Agencia Humanitaria de la Unión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos.