10 millones de niños y niñas se encuentran en riesgo extremo en el Sahel central mientras la inseguridad invade los países vecinos, según UNICEF

20 Marzo 2023

GINEBRA/DAKAR/NUEVA YORK, 17de marzo de 2023 – Diez millones de niños y niñas de Burkina Faso, Malí y Níger —el doble que en 2020— necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, debido en gran parte a la espiral de conflictos que afecta a esas zonas. Además, a medida que las hostilidades entre los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacionales van traspasando fronteras, casi 4 millones de niños y niñas de los países vecinos se encuentran en situación de riesgo, según se desprende de una nueva edición de La Infancia en Peligro publicada hoy por UNICEF.

“Los conflictos armados afectan cada vez más a los niños y las niñas, que son víctimas de la intensificación de los enfrentamientos militares o se convierten en el blanco de los grupos armados no estatales”, ha afirmado Marie-Pierre Poirier, Directora Regional de UNICEF para África Occidental y Central. “El año 2022 ha sido especialmente violento para la infancia en el Sahel central. Todas las partes en conflicto deben detener urgentemente los ataques contra los niños y las niñas y contra sus escuelas, sus centros de salud y sus hogares”.

Según datos de las Naciones Unidas, en Burkina Faso se registraron tres veces más muertes infantiles durante los nueve primeros meses de 2022 que en el mismo periodo de 2021. La mayoría de los niños murió por heridas de bala durante ataques a sus aldeas o como consecuencia de las heridas provocadas por artefactos explosivos improvisados o restos explosivos de guerra.

El conflicto armado se ha vuelto cada vez más brutal. Algunos de los grupos armados que operan en una amplia franja de Malí y Burkina Faso y, cada vez con más frecuencia, en Níger, utilizan tácticas como el bloqueo de ciudades y aldeas y el sabotaje de las redes de abastecimiento de agua. Según previsiones recientes, más de 20.000 personas que viven en la zona fronteriza entre Burkina Faso, Malí y Níger sufrirán una inseguridad alimentaria de nivel catastrófico en junio de 2023.

Algunos grupos armados que se oponen a la educación administrada por el Estado queman y saquean sistemáticamente las escuelas, y amenazan, secuestran o matan a los maestros. En Burkina Faso, Malí y Níger, más de 8.300 centros educativos han cerrado sus puertas al convertirse en un objetivo directo de los ataques, o bien porque los maestros han huido o porque los progenitores han tenido que desplazarse o estaban demasiado asustados para enviar a sus hijos a la escuela. En Burkina Faso, más de una de cada cinco escuelas se ha visto obligada a cerrar y el 30% de los centros escolares de la región de Tillaberi, en Níger, ya no funcionan a causa del conflicto.

Las hostilidades se extienden desde el Sahel central hasta las regiones fronterizas septentrionales de Benin, Côte d’Ivoire, Ghana y Togo y llegan a comunidades aisladas con escasas infraestructuras y recursos, donde los niños y las niñas tienen ya de por sí un acceso muy limitado a los servicios esenciales y reciben escasa protección.

En 2022 se registraron al menos 172 incidentes violentos, incluidos ataques de grupos armados en las regiones fronterizas del norte de los cuatro países mencionados. Se considera que hasta el 16% de la población de Benin, el país más afectado, se encuentra ahora en peligro, según una red de vigilancia regional. En las regiones septentrionales de Benin y Togo, nueve escuelas habían cerrado o habían dejado de prestar servicios debido a la inseguridad a finales de 2022.

La crisis se produce en una de las regiones del planeta más afectadas por el cambio climático. Las temperaturas en el Sahel están aumentando 1,5 veces más rápido que la media mundial. Por su parte, las lluvias se han vuelto más irregulares e intensas y han provocado inundaciones que han reducido el rendimiento de los cultivos y han contaminado las ya escasas reservas de agua. En 2022, las peores inundaciones de los últimos años dañaron o destruyeron 38.000 hogares en Níger, país que ocupa el séptimo lugar del mundo en el Índice de Riesgo Climático para la Infancia de UNICEF.

La insuficiencia en la financiación de la respuesta a la crisis en el Sahel central continúa siendo crónica y muy grave. En 2022, UNICEF recibió solo una tercera parte de los 391 millones de dólares reclamados para el Sahel central. En 2023, UNICEF ha solicitado 473,8 millones de dólares para apoyar su respuesta humanitaria en la región y en los países costeros vecinos.

“La escala de la crisis en el Sahel central y, cada vez más, en los países costeros vecinos requiere urgentemente una respuesta humanitaria más contundente, así como una inversión flexible a largo plazo en servicios sociales esenciales resilientes que ayuden a consolidar la cohesión social, el desarrollo sostenible y un futuro mejor para los niños y las niñas”, ha declarado Marie-Pierre Poirier, Directora Regional de UNICEF para África Occidental y Central.

Para hacer frente a la creciente amenaza que pesa sobre la infancia en el Sahel central, UNICEF exige que se tomen las medidas siguientes:

 

  • Que los gobiernos del Sahel central y de los países costeros afectados, así como los asociados técnicos y financieros, aumenten significativamente las inversiones para ampliar el acceso a los servicios sociales esenciales y a la protección como vías clave para la paz y la seguridad. Este aumento debe centrarse en fortalecer los sistemas y las redes y apoyar a los trabajadores locales, que son los primeros en responder durante las crisis y en llegar sistemáticamente a los niños, especialmente en las zonas de difícil acceso.

 

  • Que todas las partes en conflicto cumplan con sus obligaciones morales y jurídicas básicas para con los niños, en virtud del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Esto incluye poner fin a los ataques contra los niños y las niñas y contra los servicios de los que dependen; respetar el espacio y el acceso humanitarios; aplicar protocolos específicos para el tratamiento de los niños afectados por los conflictos armados, y comprometerse sistemáticamente con las Naciones Unidas en planes de acción concretos para poner fin a las violaciones graves cometidas contra la infancia.

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