Acompañar a la infancia en tiempos desafiantes: el nuevo Programa de Cooperación de UNICEF y Cuba
El Documento de Programa de País se presenta como una hoja de ruta estratégica para acompañar a niñas, niños y adolescentes, colocando sus derechos, voces y realidades en el centro de la acción pública y comunitaria
En un país marcado por una compleja situación económica, el impacto creciente de desastres naturales y profundas transformaciones sociales, Cuba inicia un nuevo ciclo de cooperación con UNICEF para el período 2026–2030.
El Documento de Programa de País (CPD, por sus siglas en inglés) se presenta como una hoja de ruta estratégica para acompañar a niñas, niños y adolescentes, colocando sus derechos, voces y realidades en el centro de la acción pública y comunitaria. Este CPD fue aprobado en la sesión de la Junta Ejecutiva de UNICEF.
Lejos de ser un instrumento técnico reservado a especialistas, el CPD define cómo UNICEF y el Estado cubano trabajarán juntos durante los próximos cinco años para fortalecer sistemas de protección integral, servicios sociales resilientes y capacidades institucionales, con especial énfasis en quienes viven situaciones de mayor vulnerabilidad.
¿Qué es el CPD y por qué importa?
El CPD es el acuerdo marco que orienta la cooperación entre UNICEF y el Gobierno de Cuba. Para el ciclo 2026–2030, su objetivo central es impulsar un sistema de protección integral de los derechos de la infancia, articulado a estrategias de desarrollo municipal capaces de responder a riesgos climáticos, sociales y económicos cada vez más frecuentes
Este nuevo programa está alineado con el Plan Estratégico de UNICEF 2026–2029 y con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, integrándose además al Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Cuba. Desde esa coherencia, el CPD contribuirá a resultados en tres grandes ámbitos: gobernanza, medio ambiente y reducción de riesgos de desastres, y desarrollo humano con equidad.
El compromiso es claro: al 2030, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad multidimensional deberán beneficiarse de sistemas de protección más inclusivos y de servicios sociales resilientes al clima, seguros y saludables.
Un contexto desafiante que exige respuestas integrales
La propuesta del CPD parte de un diagnóstico realista del país, marcado por múltiples tensiones económicas, sociales y ambientales. Cuba enfrenta una elevada exposición a eventos extremos: se estima que 1,2 millones de niñas y niños están expuestos cada año a entre dos y cuatro fenómenos climáticos severos. Huracanes recientes como Ian, Oscar, Rafael y Melissa, así como sismos, han puesto a prueba infraestructuras, servicios básicos y capacidades de respuesta.
A este escenario se suman brechas estructurales persistentes, como la baja cobertura de educación en la primera infancia, las interrupciones en el acceso a agua segura y la presencia de prácticas de violencia en entornos familiares y comunitarios. En paralelo, el inicio del nuevo ciclo de cooperación coincide con un hito clave: la entrada en vigor del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, que actualiza y fortalece el marco jurídico de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Cuba.
En este contexto, el CPD se concibe no solo como un programa de cooperación, sino como una herramienta estratégica para sostener y hacer efectivos esos derechos, articulando políticas, servicios y acciones concretas. El nuevo ciclo apuesta además por focalizar intervenciones desde lo local, reconociendo que el desarrollo municipal es un espacio clave para construir respuestas más cercanas, pertinentes y sensibles a las realidades de las infancias y adolescencias, especialmente en los territorios más expuestos a riesgos y desigualdades.
Escuchar para construir
La formulación del Programa de Cooperación de País (CPD) 2026–2030 no partió únicamente de diagnósticos técnicos ni de indicadores macro. Uno de sus pilares fue la consulta directa con niñas, niños y adolescentes de diversos territorios y contextos de Cuba, reconociéndolos como titulares de derechos y actores clave para la construcción de políticas que impactan en sus vidas.
El proceso de consulta incluyó a niñas, niños y adolescentes de distintos grupos etarios, géneros y realidades sociales: estudiantes de enseñanza general y técnica, adolescentes en escuelas de oficios, niñas y niños sin cuidado parental, adolescentes que viven en comunidades rurales y en territorios afectados por emergencias climáticas recientes. Esta diversidad permitió recoger miradas múltiples sobre los desafíos cotidianos que enfrentan y las oportunidades que esperan del nuevo ciclo de cooperación.
Lejos de espacios formales o rígidos, los intercambios se desarrollaron en entornos seguros y adaptados a sus edades, favoreciendo la expresión libre de opiniones, preguntas y propuestas. En estos espacios, niñas, niños y adolescentes hablaron desde su experiencia concreta en la escuela, la familia, el barrio, el impacto de los apagones, las limitaciones económicas y las secuelas emocionales que dejan los desastres naturales.
Entre los temas que emergieron con mayor fuerza estuvo la preocupación por el futuro. Muchos adolescentes expresaron incertidumbre ante las oportunidades de estudio y empleo, y la necesidad de contar con acompañamiento real para la transición de la escuela a la vida laboral. Señalaron la importancia de fortalecer las escuelas de oficio, ampliar la orientación vocacional y garantizar que nadie quede atrás por razones económicas, territoriales o de género.
La salud mental fue otro de los asuntos reiterados. Adolescentes hablaron abiertamente del estrés, la ansiedad y el impacto emocional que generan las crisis prolongadas, los desastres y la presión por asumir responsabilidades adultas de manera temprana. Coincidieron en la necesidad de contar con espacios de escucha, apoyo psicosocial y actividades recreativas que les permitan expresar emociones, reconstruir rutinas y fortalecer vínculos.
También surgieron preocupaciones vinculadas a la violencia en diferentes entornos. Niñas, niños y adolescentes señalaron la importancia de vivir en hogares, escuelas y comunidades libres de maltrato físico, psicológico y simbólico. Reclamaron información clara sobre a dónde acudir y cómo pedir ayuda cuando sienten que sus derechos son vulnerados.
Derechos, participación y medio ambiente
Durante la consulta, niñas y niños más pequeños pusieron el énfasis en derechos fundamentales como el juego, el descanso, la protección y el buen trato. Para ellas y ellos, contar con espacios seguros para jugar, aprender y compartir sigue siendo una prioridad central, incluso en contextos de crisis.
Las adolescencias, por su parte, hicieron un llamado a ser escuchadas y tomadas en cuenta. Expresaron que no quieren ser informadas a última hora ni solo en momentos puntuales, sino participar de manera sostenida en los procesos que definen políticas, programas y acciones que les afectan directamente.
El cuidado del medio ambiente y la preparación ante desastres naturales también ocuparon un lugar relevante en los intercambios. Niñas, niños y adolescentes que han vivido huracanes, inundaciones o sismos compartieron aprendizajes y temores, y subrayaron la necesidad de recibir información comprensible y oportuna, participar en acciones de prevención y contar con comunidades mejor preparadas para proteger sus vidas y su bienestar.
De la escucha a la acción
Las voces recogidas en la consulta del CPD no quedaron como testimonios aislados. Sus aportes contribuyeron a definir prioridades del nuevo programa, reforzando el énfasis en la participación infantil y adolescente, la protección integral frente a las violencias, el fortalecimiento del apoyo psicosocial y la creación de oportunidades para el desarrollo de habilidades y proyectos de vida.
Este enfoque reconoce que escuchar a niñas, niños y adolescentes no es un acto puntual, sino un proceso continuo. El CPD 2026–2030 asume el compromiso de seguir generando espacios de diálogo, retroalimentación y participación, donde las infancias y adolescencias no solo expresen lo que necesitan, sino también formen parte de las soluciones.
La consulta demostró que cuando se les da la palabra, niñas, niños y adolescentes aportan miradas lúcidas, responsables y profundamente conectadas con la realidad. Escucharles es un paso decisivo para hacerles partícipes de los procesos relacionados con sus propias vidas.
Una apuesta a cinco años por las infancias y adolescencias
El CPD 2026–2030 se implementará durante cinco años, con un presupuesto estimado de 14,5 millones de dólares, un incremento del 34 % respecto al ciclo anterior. Esta inversión permitirá dar continuidad a acciones esenciales, fortalecer capacidades locales y responder con mayor agilidad a emergencias, sin perder de vista el desarrollo a largo plazo.
Más que cifras, el nuevo ciclo representa una oportunidad para acompañar trayectorias de vida en un contexto complejo: apoyar a una niña que aprende a nombrar sus derechos, a un niño que necesita espacios seguros para jugar y crecer, a una adolescente que sueña con estudiar y trabajar, a una familia que intenta reconstruirse tras un desastre, a una comunidad que busca proteger a su infancia frente a nuevos riesgos.
Al comenzar este nuevo período de cooperación, el mensaje es claro: invertir en la infancia hoy es la base para un país más justo, resiliente y equitativo. Y hacerlo escuchando a quienes viven la realidad en primera persona es el camino correcto.