El cambio climático no impacta igual a todas las infancias

Cuando el mar entra en las casas de una comunidad costera, no todas las vidas cambian de la misma manera. Para una niña de tres años, puede significar la interrupción de su estimulación temprana y el riesgo de enfermedades asociadas al agua contaminada. Para un adolescente, puede traducirse en ansiedad, incertidumbre y la sensación de que su futuro se aleja. Para una madre sola, puede implicar reconstruirlo todo mientras sostiene a sus hijos.

En Cuba, el cambio climático ya no es una proyección futura, sino una realidad que reconfigura la vida cotidiana de miles de familias. Dos investigaciones desarrolladas en 2024 y 2025 en asentamientos costeros del sur —La Coloma (Pinar del Río) y Júcaro (Ciego de Ávila)— y en comunidades del litoral habanero —Centro Habana, Guanabo y Santa Fe— aportan evidencia concreta de cómo las amenazas climáticas interactúan con desigualdades estructurales.

Para comprender esa interacción, los estudios tomaron como referencia el Índice de Riesgo Climático de la Infancia (IRCI), desarrollado por UNICEF en 2021 para identificar, a escala global, los países donde la infancia enfrenta mayor exposición a amenazas climáticas combinada con alta vulnerabilidad social. El IRCI parte de una premisa clara: el riesgo no depende únicamente de la intensidad de un huracán, una inundación o una sequía, sino de las condiciones previas en que viven niñas y niños —su acceso a servicios de salud, educación, agua segura y protección social— y de su capacidad para resistir y recuperarse.

En el caso cubano, el índice no se utilizó como una simple clasificación internacional, sino como una matriz conceptual y metodológica adaptada al territorio. Los equipos de investigación trasladaron su lógica —exposición más vulnerabilidad— a escala comunitaria, incorporando variables específicas de los contextos costeros como intrusión salina, deterioro habitacional, densidad urbana, presión turística, interrupciones del transporte escolar o acceso desigual a servicios básicos.

Esa adaptación permitió organizar la evidencia en dos grandes dimensiones: por un lado, las amenazas climáticas concretas que impactan a cada territorio; por otro, las brechas sociales que amplifican sus efectos en la infancia. La pregunta orientadora fue directa y profundamente ligada a los derechos: ¿dónde coinciden mayor exposición climática y mayores desigualdades que limitan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes?

Con esa mirada, los estudios trascendieron el dato meteorológico. No se trató solo de medir cuántas inundaciones ocurren o cuántos días de calor extremo se registran, sino de analizar cómo esas amenazas dañan escuelas, afectan la salud respiratoria, interrumpen trayectorias educativas o agravan cargas de cuidado en los hogares. El IRCI funcionó como una herramienta para leer el cambio climático desde la perspectiva de la equidad y los derechos de la infancia, y para identificar con mayor precisión dónde es más urgente actuar.

En La Habana, por ejemplo, se proyecta que hacia 2050 alrededor del 35% del territorio de Centro Habana podría estar expuesto a inundaciones costeras recurrentes, con profundidades de hasta 80 centímetros durante eventos extremos. En Guanabo, el 87,5% de los hogares encuestados reportó afectaciones por inundaciones fluviales o costeras. En los asentamientos del sur, más de 70 ciclones han afectado históricamente la región, y la intrusión salina compromete la disponibilidad de agua dulce.

Pero la amenaza física es solo una parte de la historia. En 60 de los 70 hogares encuestados en comunidades del sur —donde viven 96 niñas, niños y adolescentes— los ingresos fueron reportados como insuficientes para cubrir necesidades básicas de la infancia. Cuando el agua inunda una vivienda precaria o el servicio se interrumpe durante días, la recuperación no parte del mismo punto para todos.

“Cuando observamos estos territorios costeros a través del lente de las dimensiones de la vida de niños, niñas y adolescentes, encontramos que todas ellas se ven afectadas, aunque de maneras distintas y con intensidades variables”, explica la Dra. Arianna Rodríguez García, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba, e integrante del equipo que llevó adelante los estudios.

El derecho a crecer protegido

En comunidades altamente expuestas, la primera infancia aparece como el grupo con mayor riesgo acumulado.

Niñas y niños menores de seis años enfrentan una combinación peligrosa: interrupciones en el acceso a agua segura, viviendas con deterioro estructural, hacinamiento y altas temperaturas. En contextos de inundación recurrente, la presencia de humedad, moho y contaminación incrementa la incidencia de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas.

En La Coloma y Júcaro, el 100% de las familias encuestadas reportaron afectaciones en sus viviendas por eventos extremos, desde desprendimientos de techos hasta derrumbes parciales. El 35,1% residía en hogares con techos incompletos y el 25,2% en viviendas con pisos incompletos, condiciones que incrementan la exposición de la primera infancia a humedad, calor extremo y filtraciones.

En Centro Habana y Santa Fe, los perfiles de vulnerabilidad identificaron que la combinación entre hacinamiento, deterioro constructivo y exposición a inundaciones coloca a la primera infancia en una situación crítica. En asentamientos del sur, la escasez de agua potable —asociada a la intrusión salina y a fuentes cada vez más lejanas— incrementa la carga doméstica y reduce condiciones adecuadas de higiene.

Cuando una escuela o círculo infantil se convierte en centro de evacuación, la interrupción no es solo académica, sino que afecta procesos esenciales de desarrollo cognitivo y socioemocional. En estas circunstancias, derechos fundamentales como la salud, la nutrición adecuada, el desarrollo integral y la protección especial en emergencias se ven directamente comprometidos.

La investigadora Rodríguez advierte que el momento de la evacuación, aunque salva vidas gracias al sistema de Defensa Civil, no es neutro para la infancia, porque implica abandonar el hogar, los juguetes, la rutina y enfrentar incertidumbres. En los albergues, la falta de espacios diferenciados para el juego o la intimidad puede afectar el bienestar emocional, y para niñas y niños con discapacidad, las barreras de accesibilidad añaden desafíos adicionales.

Aprender en medio de la incertidumbre

Para niñas y niños en edad escolar, el impacto se concentra en la continuidad educativa y la estabilidad cotidiana.

En territorios del sur, los estudios documentaron suspensiones frecuentes de clases debido a daños estructurales o al uso de escuelas como refugios temporales. Además, identificaron debilidades en la incorporación sistemática del cambio climático, la gestión de riesgos y el desarrollo sostenible en el currículo escolar, lo que limita el fortalecimiento de capacidades adaptativas desde edades tempranas.

En La Habana, las inundaciones recurrentes afectan accesos escolares y servicios básicos. Cuando los eventos se repiten entre ocho y diez veces al año en zonas bajas, el proceso educativo se fragmenta.

En hogares dependientes de la pesca o la agricultura —sectores altamente sensibles al clima— la pérdida de ingresos tras un evento extremo incrementa la presión económica. Algunas niñas y niños asumen tareas adicionales de cuidado o apoyo doméstico, reduciendo tiempo para estudio y juego.

Se tensionan así derechos esenciales: educación de calidad, descanso, recreación y protección frente a sobrecarga doméstica.

Adolescencias bajo presión climática

En la adolescencia, las afectaciones adquieren un componente psicosocial más visible.

Los estudios registraron altos niveles de preocupación por el futuro en comunidades recurrentemente afectadas por huracanes e inundaciones. La percepción de pérdida de oportunidades, la incertidumbre económica y la eventual necesidad de migrar influyen en los proyectos de vida.

En el litoral habanero se identificó un perfil específico de adolescentes —principalmente mujeres— en hogares monoparentales con jefatura femenina que asumen mayores responsabilidades de cuidado durante y después de emergencias. Esta sobrecarga puede afectar su continuidad educativa y su participación comunitaria.

“Entender que el cambio climático no afecta a todas las niñas, niños y adolescentes de la misma manera es fundamental porque el bienestar infantil no es homogéneo y la crisis climática actúa como amplificador de desigualdades preexistentes”, subraya la Dra. Rodríguez García. “Ignorar esta diversidad conduciría a políticas públicas ciegas a las necesidades diferenciales”.

Otros perfiles incluyen adolescentes desconectados del sistema educativo y jóvenes que realizan actividades laborales informales en zonas de riesgo. En La Coloma, 22 adolescentes entre 15 y 18 años estaban desvinculados del estudio, lo que representa el 10,04% del total de personas desvinculadas en el asentamiento. En estos casos, el cambio climático no solo agrava vulnerabilidades existentes, sino que puede consolidar trayectorias de exclusión.

El embarazo en la adolescencia emerge como otro multiplicador de vulnerabilidad. Una adolescente embarazada o madre enfrenta mayores dificultades para evacuar con rapidez, continuar estudios o acceder a información oportuna. En contextos de crisis climática, donde la capacidad de respuesta rápida es clave, estas condiciones reducen márgenes de protección.

Aquí se ven comprometidos derechos a la salud mental, la igualdad de género, la participación y la construcción de un proyecto de vida en condiciones seguras.

Territorio y desigualdad, el doble filtro del riesgo

Los estudios confirman que la ubicación geográfica es solo uno de los factores determinantes.

En los asentamientos del sur, la exposición a aumento del nivel del mar, penetraciones costeras, sequías e inundaciones fluviales se combina con menor calidad constructiva de viviendas y brechas en servicios de agua y saneamiento.

En La Habana, aunque existen mejores coberturas generales de servicios, los asentamientos con infraestructura deteriorada o informalidad constructiva presentan vulnerabilidades similares. En Centro Habana, proyecciones indican un incremento del 40% en la frecuencia de inundaciones costeras en los últimos cinco años.

Los perfiles construidos a partir de la evidencia —primera infancia en viviendas deterioradas, adolescentes cuidadoras en hogares monoparentales, niñas, niños y adolescentes con discapacidad o enfermedades crónicas, adolescentes desvinculados del sistema educativo y familias con tenencia irregular de la vivienda— demuestran que el impacto del cambio climático es diferencial y exige respuestas específicas.

El cambio climático funciona como multiplicador: amplifica desigualdades preexistentes y reduce márgenes de recuperación en hogares con menores ingresos, familias monoparentales, presencia de personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

Una agenda climática con enfoque de infancia

Ambas investigaciones también coinciden con que la adaptación climática debe incorporar un enfoque diferenciado por edad, género y condición social.

Esto implica fortalecer sistemas locales de agua y saneamiento, mejorar la resiliencia de escuelas y servicios de salud, integrar educación climática en el currículo, fortalecer la protección social y garantizar participación adolescente en la planificación territorial.

En el marco del Programa de Cooperación 2026–2030 entre UNICEF y el Gobierno de Cuba se busca orientar políticas públicas sensibles a la infancia y territorialmente focalizadas.

Porque el cambio climático no impacta igual a todas las infancias. Reconocerlo no es solo una afirmación técnica, sino un principio de justicia. Y es el punto de partida para asegurar que, incluso frente a eventos extremos cada vez más frecuentes, cada niña, niño y adolescente pueda ejercer plenamente sus derechos.