Ministerios de Educación de América Latina y el Caribe se comprometen a aumentar los esfuerzos para reactivar, recuperar y transformar los sistemas

El encuentro fue convocado por la UNESCO y el Ministerio de Chile, y coorganizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, CEPAL y UNICEF

22 Febrero 2024
Ministros de América Latina y el Caribe se reunen en la Ministerial de Educación en Chile
CEPAL
Las autoridades, reunidas en Chile en la Ministerial de Educación Santiago 2024 a fines de enero, acordaron trabajar para recuperar lo perdido durante la pandemia y transformar los sistemas educativos. Subrayaron la importancia de un financiamiento sostenible, políticas innovadoras y estrategias inclusivas y resilientes para pasar del compromiso a la acción.

SANTIAGO, 22 de febrero de 2024 - En una convergencia de visiones, ministras, ministros y altas autoridades educativas de América Latina y el Caribe acordaron la Declaración de Santiago 2024. El documento reafirma el compromiso de los Estados con los acuerdos previos en instancias ministeriales, renueva el compromiso con el derecho a la educación y las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4) y marca el rumbo para políticas regionales educativas con ejes prioritarios en la reactivación, recuperación y transformación.

El texto fue oficializado tras la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación América Latina y el Caribe "Del compromiso a la acción" (Santiago, 25 y 26 de enero de 2024), un encuentro que reunió en la sede de la CEPAL a autoridades de educación y finanzas de 30 países con el fin de acelerar el logro de las metas del ODS4 y la Agenda 2030. La cita ocurrió a 60 años de la Conferencia sobre Educación y Desarrollo Económico y Social en América Latina, coincidiendo ambos eventos en temas como la influencia de la educación en el desarrollo y el planteamiento de nuevos retos de política pública y de trabajo colaborativo.

La Declaración de Santiago 2024 hace eco de las declaraciones anteriores, destacando que la educación es un derecho humano fundamental y que su ejercicio contribuye a asegurar otros derechos, reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional Multisectorial de la UNESCO en Santiago, enfatizó: “Este encuentro marca un nuevo hito en nuestra historia de cooperación regional en materia de educación y trae un compromiso renovado hacia la acción colectiva a favor de la recuperación, la reactivación y la transformación educativa, sin perder el norte, que es el derecho a la educación”.

El texto subraya el compromiso de trabajar para asegurar la sostenibilidad financiera de las políticas educativas como un elemento catalizador para avanzar hacia las metas del ODS4, y para establecer políticas innovadoras que enfrenten tanto los efectos de la pandemia que exacerbaron las desigualdades educativas y restringieron el acceso a la educación, principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad, como los desafíos anteriores a ella. En particular, la declaración llama a fortalecer la respuesta a emergencias y crisis prolongadas y a prestar atención a la asistencia y revinculación de quienes se han quedado fuera o han abandonado prematuramente el sistema educativo.

El ministro de Educación de Chile, Nicolás Cataldo, puntualizó: Pasar del compromiso a la acción fue el lema que se impulsó durante la Ministerial. Entonces, materializar las definiciones en términos de políticas públicas vinculadas a la materia educativa, requiere de los esfuerzos conjuntos de nuestros países respecto a cómo se van a financiar estas políticas para lograr avanzar en las estrategias innovadoras que necesitamos para cumplir estos objetivos”.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se enfocó en los aprendizajes e innovaciones de los sistemas educativos de la región durante la crisis pandémica: “Como lo planteamos en el reporte anual de la CEPAL Panorama Social de América Latina y el Caribe de 2022, la experiencia de interrupción de clases presenciales y la crisis silenciosa generada en estos años también abren una oportunidad para transformar los sistemas educativos”, dijo.

El compromiso para garantizar los aprendizajes fundamentales y las habilidades para la vida de los niños y niñas y adolescentes de la región, con enfoque de equidad e inclusión también fue destacado en la declaratoria. “En América Latina y el Caribe 4 de cada 5 estudiantes de 10 años no son capaces de leer un texto sencillo. Este indicador nos llama a intensificar los esfuerzos para enfrentar la crisis de aprendizajes fundamentales que actualmente afecta a los niños, niñas y adolescentes de nuestra región, especialmente a los grupos más vulnerables”, indicó Anne-Claire Dufay, Directora Regional Adjunta de UNICEF para América Latina y el Caribe. “Es importante invertir en los aprendizajes básicos. La primera década de la infancia es una ventana de oportunidad para formar la trayectoria de desarrollo de un niño o niña y establecer una base sólida para el aprendizaje de toda la vida”, agregó.

La reunión no solo orientó sus discusiones en un foro central. El evento tuvo espacios de innovación: un encuentro con los jóvenes, con la sociedad civil y los docentes; una exhibición sobre las experiencias de los países en recuperación y transformación; y diversos eventos paralelos y otros preparatorios.

Prioridades para avanzar

Entre otros temas y acuerdos, ministras, ministros y otras autoridades reafirmaron en la Declaración la importancia de abordar las brechas en el acceso y calidad de la educación y subrayaron el papel fundamental del personal docente. Enfatizaron que se debe priorizar la formación y el desarrollo profesional de las y los educadores y adoptar enfoques pedagógicos basados en evidencia.

El texto resalta también la centralidad del fomento de competencias socioemocionales y ciudadanas en las y los estudiantes, para enfrentar el futuro con seguridad y confianza. Para ello, indican, se deben asegurar entornos escolares saludables, seguros y libres de violencia, donde se promueva una cultura educativa que valore y construya sobre la diversidad.

Los países firmantes reconocen que los retos educativos requieren un enfoque integral que incluya la transformación digital, el desarrollo de habilidades digitales y la educación para el desarrollo sostenible. Las autoridades reiteraron el compromiso de asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad a través de acciones colectivas, innovadoras e intergubernamentales, como el Marco Regional de Monitoreo de Estudiantes en Situación de Desplazamiento creado por la UNESCO y el Grupo Regional de Educación.

La Declaración de Santiago 2024 hace hincapié en que la evaluación y el monitoreo son fundamentales para garantizar la calidad y eficacia de los sistemas educativos en la región. Subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales y regionales de evaluación y monitoreo de la Agenda de Educación 2030, así como la producción de datos e información, con especial atención en los datos desagregados que visibilicen la situación educativa de toda la población.

El acuerdo insta a analizar opciones para establecer la “Conferencia de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe” como instancia de carácter intergubernamental que fortalezca la cooperación entre países en el marco de prioridades y agendas regionales. Asimismo, hace un llamado a los organismos internacionales y bancos multilaterales a apoyar la consolidación de la agenda educativa regional, apoyando líneas de trabajo priorizadas por los países y facilitando su financiamiento.

La Declaración concluye con un enfoque proactivo, estableciendo un grupo de trabajo que desarrollará un Marco de Referencia Regional sobre políticas públicas educativas de reactivación, recuperación y transformación educativa. Quienes firman este compromiso solicitan que este grupo tenga el apoyo técnico de la UNESCO y de las organizaciones coorganizadoras y colaboradoras del evento, para materializar los compromisos adquiridos y profundizar el diálogo sobre el financiamiento educativo.

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