Protección infantil
La violencia y el maltrato contra los niños, las niñas y los adolescentes es inaceptable. Todos debemos aportar para detenerla poniéndole un alto a los abusos y maltratos
Desafíos
La violencia infantil es un problema endémico en Panamá. Cuatro de cada 10 niños y niñas experimentan violencia en los lugares mismos donde deberían ser cuidados y protegidos: en sus hogares y en sus familias. El Código de la Familia todavía permite
legalmente el castigo corporal infantil.
Un reciente estudio de UNICEF sobre el trabajo social en el país resaltó la falta de servicios a nivel local, especialmente en áreas rurales y comarcas, la debilidad de los esfuerzos de prevención (incluido el apoyo a la crianza) y la existencia de normas sociales arraigadas que aceptan ciertas formas de violencia contra los niños y niñas.
La Ley 285 de 2022 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia ofrece un marco normativo sólido para continuar avanzando para asegurar que todos los niños y niñas estén protegidos de la violencia, el abuso y la explotación y puedan acceder a todos sus derechos.
Se estima que el 65% de todos los casos de violencia sexual fueron contra niños, niñas y adolescentes (2021). Casi todas fueron chicas.
En Panamá todavía hay 995 niños, niñas o adolescentes viviendo en albergues, de los cuales 480 se encuentran allí por situaciones de violencia, abandono, descuido o negligencia. Aproximadamente la mitad son indígenas y un 18% tiene algún tipo de discapacidad. Entre 2021 y 2025, 727 niños, niñas y adolescentes lograron egresar de un albergue de forma segura y retornar a vivir en una familia (48%).
Aproximadamente un 30% de los niños y niñas son separados de sus familias por falta de acceso a la escuela y el 7.27% por desnutrición, razones no justificables para que un niño sea separado de su familia bajo un enfoque de derechos. La única razón por la que los niños deberían ser separados de sus familias es la violencia y el abandono.
Soluciones
Acciones prioritarias
La sociedad civil y organismos internacionales pueden contribuir mediante el acompañamiento técnico en la creación de las instancias que componen el sistema de protección a nivel local y dotarles de las herramientas prácticas que permitan su operación.
El sistema de protección requiere de metodologías a nivel comunitario como la gestión de casos y el establecimiento de mecanismos de alerta temprana y de referencia para la prevención de las distintas vulneraciones de derechos con especial atención a las situaciones de violencia, abuso y explotación.
Reforzar los servicios de prevención de la violencia y la promoción del enfoque en derechos de la niñez: Se necesitan ampliar los servicios sociales a nivel local con la presencia de un promotor social en cada comunidad y de trabajadores sociales en cada corregimiento que permitan llegar a las familias más vulnerables. También se precisa desarrollar e implementar una estrategia nacional unificada para promover una parentalidad positiva que esté basada en experiencias internacionales y que permita ayudar a los padres a reemplazar prácticas violentas como lo son los castigos corporales, gritos y humillaciones, por acciones de disciplina positiva.
Desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes en albergues y desarrollo del cuidado familiar: Desarrollar medidas de apoyo concreto a las familias vulnerables en las que exista un riesgo de separación (por ejemplo, a través de transferencias monetarias, apoyo a la parentalidad positiva, atención psicosocial, expulsión de un padre violento del hogar, entre otros). Para los niños y niñas que deben ser separados de sus familias debido a la violencia, desarrollar e implementar al nivel nacional cuidado alternativo basado en la familia, como el cuidado de familias y de acogida.
Intervenciones específicas para grupos vulnerables: Desarrollar estrategias específicas de protección para la niñez indígena, afrodescendiente, migrante, femenina y con discapacidad, abordando las vulnerabilidades únicas de estos grupos mediante programas adaptados a sus contextos culturales y sociales.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia: Se requiere profundizar la articulación entre los diferentes niveles de gobierno y las distintas instituciones públicas para realmente constituir un sistema de protección integral.