“Una nueva Constitución abre una oportunidad de avanzar en el derecho a la educación”
El nuevo texto debe incorporar lo establecido en la CDN en promoción y garantía al acceso a la educación en todos sus niveles; reducir la deserción y velar porque la disciplina y la convivencia escolar respeten y resguarden la dignidad humana de NNA.
El proceso constituyente que está viviendo el país ofrece la posibilidad de incorporar a la nueva Constitución el derecho a la educación en armonía con los estándares internacionales, en especial aquellos de la Convención sobre los Derechos del Niño, para que justamente niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de este derecho, sin discriminación y con el fin de vivir una vida digna
Pablo Alfaro, oficial de Educación de UNICEF, explica “que cuando hablamos de educación nos referimos a un proceso completo durante toda la vida, mediante el cual se aprende a desarrollar el máximo potencial en capacidades personales, actitudes, aptitudes y conocimientos. Todo esto, para que puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la sociedad, y para el beneficio de sus comunidades”. En esta conversación, de la que se pueden encontrar más antecedentes en el documento de trabajo “El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes”, publicado en 2021, abordamos también las recomendaciones de UNICEF en el proceso constituyente sobre este tema.
¿Cuáles son los estándares que este derecho debe cumplir acorde a la Convención sobre los Derechos del Niño?
Los Estados firmantes de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho a la educación y se comprometen a garantizarlo y promoverlo, incluyendo: establecer la enseñanza primaria obligatoria y gratuita; fomentar la enseñanza secundaria general y profesional; hacer la enseñanza superior accesible, sobre la base de las capacidades individuales, y según los recursos disponibles en el país. También considera informar a los niños respecto a las oportunidades educativas; asegurar la asistencia y reducir la deserción escolar; y velar porque la disciplina y la convivencia escolar respeten y resguarden la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes.
Además, la Convención define los fines de la educación, los cuales incluyen: desarrollar la personalidad, las aptitudes, y las capacidades mentales y físicas de niños, niñas y adolescentes hasta el máximo de sus capacidades. Además de inculcar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de sus padres, a su identidad cultural, sus comunidades, su país, así como de otras culturas, incorporando minorías y pueblos originarios. Adicionalmente los debe preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, incluyendo educación para una vida saludable, educación sexual, educación ciudadana, relaciones sociales, etc., para el respeto entre todos los pueblos y grupos, y la equidad de género; e inculcar la importancia de un desarrollo sostenible y el cuidado del entorno natural.
También se establece la libertad de instalar establecimientos educacionales, en la medida que cumplan los objetivos de la educación definidos por la Convención, y los estándares mínimos definidos por los respectivos Estados.
“Para la plena realización del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, el Estado chileno enfrenta dos desafíos principales: avanzar en la calidad y la equidad de los aprendizajes, y lograr un sistema educativo plenamente inclusivo”.
¿Cuáles son los desafíos del país sobre el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes?
Para la plena realización del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes, el Estado chileno enfrenta dos desafíos principales: avanzar en la calidad y la equidad de los aprendizajes, y lograr un sistema educativo plenamente inclusivo.
Respecto de la calidad y la equidad de los aprendizajes, el sistema educacional chileno no ha podido garantizar a todos los y las estudiantes la adquisición de las competencias necesarias para participar efectivamente en una sociedad libre y beneficiarse de las oportunidades disponibles, evidenciándose brechas de distinto tipo.
En relación con la inclusión educativa, persisten desafíos en los ámbitos del acceso universal y de la inclusión de grupos desaventajados: potenciar el resguardo de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo; incluir a aquellos que se encuentran fuera del sistema escolar; mejorar la calidad y ampliar la oferta de la educación parvularia; e incorporar plenamente a niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, migrantes y diversos en su sexualidad.
Adicionalmente, una particularidad del sistema escolar chileno en el contexto global es su alto nivel de segregación, en una doble instancia. Tanto los estudiantes de situación socioeconómica aventajada, por un lado, como los estudiantes de situación socioeconómica desaventajada, por otro, se encuentran concentrados en determinados establecimientos educacionales.
¿Por qué es importante que este derecho esté en la nueva Constitución?
La elaboración de una nueva Constitución abre una oportunidad de avanzar en el derecho a la educación, integrando los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con niños, niñas y adolescentes en este ámbito. El país contará con un mejor soporte normativo para garantizar una educación de calidad e inclusiva para la niñez y adolescencia.
¿Qué recomendaciones planteó UNICEF en esta materia en el marco del proceso constituyente?
A partir de la oportunidad que representa la elaboración de una nueva Constitución para el debido resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y de los principales estándares internacionales en relación al derecho a la educación con perspectiva de niñez y adolescencia, UNICEF ha ofrecido conclusiones en cinco ámbitos que se han considerado prioritarios para informar y enmarcar la discusión constituyente en torno al derecho a la educación:
- La educación como derecho humano intrínseco y llave para realizar otros derechos debe asegurarse en condiciones de igualdad de oportunidades.
- Los niños, niñas y adolescentes debieran tener la oportunidad y las facilidades para exigir el derecho a la educación, accediendo a canales administrativos y judiciales.
- El Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación, de establecer el marco para la realización de este derecho y fiscalizar su cumplimiento.
- Las instituciones privadas de enseñanza podrán contribuir con el Estado a garantizar el derecho a la educación, enmarcándose en el respeto de los objetivos de la educación y ajustándose a las normas mínimas del Estado.
- El derecho de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su libertad de conciencia religiosa y moral debe ejercerse en el resguardo del interés superior del niño y la niña.
“…el sistema educacional chileno no ha podido garantizar a todos los y las estudiantes la adquisición de las competencias necesarias para participar efectivamente en una sociedad libre y beneficiarse de las oportunidades disponibles, evidenciándose brechas de distinto tipo”.
Revisa el Documento: El derecho de los niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución