46% de las asignaciones directas para niñez registró reducciones durante el primer semestre de 2026
De las 188 asignaciones analizadas —recursos destinados directamente a programas, prestaciones o instituciones para niños, niñas y adolescentes—, 86 disminuyeron, 54 registraron reducciones superiores al 3% y solo 12 aumentaron sus recursos.
Santiago, 15 de septiembre de 2026.– Casi la mitad de las asignaciones presupuestarias analizadas y dirigidas específicamente a niños, niñas y adolescentes registró una disminución durante el primer semestre de 2026, según el Informe de Política Pública N°7 elaborado por la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile.
El estudio comparó los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2026 con aquellos vigentes a junio de este año y analizó 188 asignaciones destinadas directamente a programas, prestaciones o instituciones vinculadas a niños, niñas y adolescentes.
De ellas, 86 disminuyeron (45,7%), 90 no presentaron variaciones y solo 12 aumentaron (6,4%). Además, 54 registraron reducciones superiores al 3%. El análisis se realiza en el contexto del ajuste fiscal instruido durante 2026, que contempló una reducción transversal de 3% del presupuesto vigente de los organismos de la Administración del Estado.
Aunque en términos agregados los recursos analizados disminuyeron solo 0,1%, equivalente a $12.438 millones, esta cifra está influida por el aumento de $71.216 millones en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Al excluir esa variación, los restantes programas e instituciones analizados presentan una disminución de $83.654 millones, equivalente a 0,8% respecto de lo aprobado inicialmente.
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que las restricciones fiscales no deben traducirse en una pérdida de prioridad para la niñez: “Frente a situaciones de emergencia o contingencias económicas, los niños, niñas y adolescentes deben ser priorizados adecuadamente. Esto no significa desatender la efectividad y eficiencia en el gasto, sino asegurar que cualquier ajuste —siempre que sea necesario y esté justificado— permita mejorar la calidad de los servicios públicos y reinvertir en áreas prioritarias, sin reducir el gasto e inversión global en la materia”.
"En un contexto de restricciones fiscales y de importantes transformaciones demográficas, es fundamental que la inversión en la niñez siga siendo una prioridad. Que nazcan menos niños y niñas no disminuye la necesidad de invertir en ellos; por el contrario, aumenta la importancia de asegurar que cada uno tenga acceso a educación, protección, salud mental y oportunidades de calidad para desarrollar todo su potencial. La evidencia internacional es clara: invertir en la infancia es una de las decisiones más rentables que puede tomar un país, porque sus beneficios se reflejan a lo largo de toda la vida de las personas y contribuyen al desarrollo económico y social de toda la sociedad.", especificó Violet Speek Warnery, Representante de UNICEF en Chile.
Rebajas en áreas relevantes para la niñez
Las disminuciones identificadas alcanzan ámbitos como primera infancia, protección especializada, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
Entre los casos identificados se encuentra la asignación de Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia, vinculada al sistema de protección especializada, que disminuyó 28%. En educación, las principales reducciones sectoriales se concentran en infraestructura pública: dos de sus principales líneas de mejoramiento disminuyeron $14.600 millones (-28,1%) y $14.048 millones (-20,5%), respectivamente.
La información presupuestaria disponible no basta para determinar los efectos concretos sobre la cobertura o calidad de las prestaciones, para evaluar su impacto se requiere complementar estos datos con información sobre cuántas personas reciben los servicios, qué prestaciones se entregan, cuáles son las metas comprometidas y con qué oportunidad y calidad se cumplen.
Además, los antecedentes recopilados no permiten establecer de manera suficiente y homogénea, para cada reducción, cuáles fueron sus fundamentos, qué impacto se prevé y qué medidas se adoptaron para resguardar la continuidad de las prestaciones. Algunas modificaciones pueden responder a razones de ejecución, eficiencia o reasignación. Por ello, el informe plantea que estas decisiones deben contar con una justificación técnica clara y con información que permita evaluar adecuadamente sus consecuencias.
Mirada hacia el Presupuesto 2027
De cara a la discusión de la Ley de Presupuestos 2027, la Defensoría de la Niñez y UNICEF Chile recomiendan resguardar la prioridad presupuestaria de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el seguimiento de la inversión y exigir que las reducciones estén debidamente justificadas.
También llaman a prestar especial atención a los programas preventivos y de apoyo temprano, particularmente aquellos vinculados con primera infancia, protección integral, bienestar socioemocional, salud escolar, apoyo pedagógico e infraestructura educativa.
El informe aborda además los efectos del cambio demográfico. La disminución de la población infantil puede modificar determinadas necesidades de cobertura, pero no reduce las obligaciones del Estado respecto de la garantía de sus derechos. Por el contrario, puede constituir una oportunidad para fortalecer la inversión por niño, mejorar la calidad de los servicios y avanzar en el cierre de brechas persistentes.
El Informe de Política Pública N°7 se encuentra disponible en el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez.
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