Crisis migratoria en Venezuela: 1,1 millones de niños de toda la región necesitarán asistencia en 2019, en comparación con casi medio millón en la actualidad

El organismo de las Naciones Unidas para la infancia pide a los países de acogida y de tránsito que protejan a los niños desarraigados contra la discriminación y garanticen su acceso a los servicios esenciales

05 Abril 2019

NUEVA YORK/PANAMÁ, 5 de abril de 2019 – Como resultado de la crisis de los migrantes venezolanos, se calcula que 1,1 millones de niños –entre ellos los niños desarraigados de Venezuela, así como los que regresan a sus países de origen y los que viven en comunidades de acogida y de tránsito– necesitarán protección y acceso a los servicios básicos en toda la región de América Latina y el Caribe en 2019, dijo hoy UNICEF[1]. Este representa un aumento proyectado con respecto a los casi 500.000 niños que necesitan hoy en día estas prestaciones. El organismo de las Naciones Unidas para la infancia también pidió a los gobiernos de la región que defiendan los derechos de todos los niños, incluidos los migrantes y los refugiados, y que garanticen su acceso a los servicios esenciales. 

Los asociados humanitarios proyectan que hasta 4,9 millones de personas en la región –de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tabago– necesitarán asistencia este año debido a las condiciones políticas y económicas que imperan en Venezuela, y que están desencadenando esta migración regional.

“UNICEF se siente alentado por los esfuerzos de los gobiernos para hacer frente a los problemas que plantea la migración a gran escala mediante la búsqueda conjunta de soluciones regionales que estén en consonancia con las normas internacionales y las leyes nacionales, como es el caso del protocolo adoptado por Ecuador para proteger a los niños desarraigados”, dijo María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, es evidente que mientras persista la crisis en Venezuela y el número de migrantes venezolanos en la región siga aumentando, servicios esenciales como la protección, la atención de la salud y la educación sufrirán una presión cada vez mayor en los países de acogida y de tránsito.

Los niños y las familias desarraigados hacen frente a dificultades para regularizar su situación en materia de inmigración, lo que puede afectar su acceso a la protección social, la atención de la salud, el desarrollo en la primera infancia, la educación, los medios de vida sostenibles y la protección de la infancia. Mientras tanto, la falta de políticas públicas integrales en materia migratoria en los países de acogida está poniendo a los niños en mayor riesgo de ser víctimas de discriminación, violencia, separación familiar, xenofobia, explotación y abuso.

UNICEF está especialmente preocupado por los informes sobre casos de xenofobia, discriminación y violencia perpetrados contra niños y familias venezolanas en las comunidades de acogida.

Algunos migrantes –incluidos los niños no acompañados y separados de sus familias, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las poblaciones indígenas– se encuentran en una situación de mayor riesgo.

“Las normas de derechos humanos exigen que los Estados permitan la entrada y el registro de los niños como condición previa para llevar a cabo los procedimientos de evaluación inicial de la situación en materia de protección”, dijo Perceval. “Incluso cuando no están acompañados y carecen de documentación oficial, deben ser enviados inmediatamente al personal especializado para que pueda evaluar sus necesidades de protección”, añadió.

La inscripción de los niños que se desplazan es el primer paso para garantizar sus derechos. La información resultante del proceso de registro también proporciona a los Estados información valiosa para planificar y presupuestar mejor su respuesta.

UNICEF ha solicitado 69,5 millones de dólares para satisfacer las necesidades de los niños desarraigados de Venezuela y de los que viven en comunidades de acogida y de tránsito en toda la región de América Latina y el Caribe. La respuesta de UNICEF implica trabajar con los gobiernos nacionales y locales, las comunidades de acogida y los aliados para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, la protección, la educación y los servicios de salud para los niños desarraigados y los que viven en comunidades vulnerables.

UNICEF también colabora con los gobiernos de los países de tránsito y de acogida para defender los derechos de los niños desarraigados. Esto significa garantizar la adhesión a las normas y principios internacionales en los procesos oficiales de migración, lo que incluye: dar prioridad a la protección de los niños por encima de cualquier otra política de inmigración; la no devolución; el interés superior del niño; la no separación y la reunificación de las familias para garantizar el derecho a la vida familiar; la no detención de los niños y las familias sobre la base de su situación migratoria; y la protección de todos los derechos de los niños, independientemente de su situación migratoria, incluido el derecho a la inscripción del nacimiento.

 

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[1] https://www.unicef.org/appeals/files/2019-HAC-Children-on-the-move(1).pdf

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