UNICEF reconoce avances históricos de Costa Rica en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia

San José, Costa Rica, 22 de noviembre, 2024. En el marco del 35º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF reconoce los logros de Costa Rica en la promoción y protección de los derechos de la niñez y adolescencia en áreas medulares como la normativa, la educación, la salud, la nutrición, el bienestar, la seguridad y el desarrollo infantil, entre otros. Desde la ratificación de la Convención en 1990, el país se ha consolidado como un referente en América Latina, avanzando hacia la protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 

"Al celebrar los 35 años de la Convención sobre los derechos del niño, UNICEF quiere reconocer la trayectoria y los avances que las instituciones públicas, la sociedad civil y Costa Rica en su conjunto han realizado en este periodo en la legislación, la salud, la nutrición, la educación, la protección integral y social, entre otras áreas. Es fundamental seguir trabajando en unión para superar los retos presentes y aprovechar las nuevas oportunidades para garantizarle a cada niño, niña y adolescente el pleno disfrute de sus derechos. La protección de la infancia es un compromiso constante que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad", afirmó Juan Baldares, gerente de Programas de UNICEF.

A lo largo de los años, se han promulgado leyes fundamentales que han fortalecido la protección de la niñez. Dos hitos claves en este esfuerzo fueron la aprobación de la Ley de Justicia Penal Juvenil en 1996 y la promulgación del Código de la Niñez y Adolescencia en 1998, que establecen derechos inalienables y un marco legal que garantiza la protección integral de niñas, niños y adolescentes. El Código de la Niñez no solo define los derechos de la población infantil, sino que también establece las responsabilidades del Estado y de la sociedad.

Desde su ratificación, Costa Rica ha demostrado un compromiso ejemplar al adherirse a diez convenios y protocolos internacionales que refuerzan su alineación con los estándares globales de derechos humanos. Estas acciones reflejan un enfoque proactivo en la defensa de los derechos de la infancia, destacando la importancia de la colaboración internacional en la protección de las poblaciones más vulnerables.

La presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza indicó que: “a 35 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, Costa Rica ha ido a la vanguardia y ha tenido un lugar significativo en el tema de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Hemos creado normativa y adecuado la existente, las instituciones del Estado y la sociedad civil se han modernizado para responder a su interés superior; además, hemos trabajado por el cambio cultural que garantice sus derechos en la vida cotidiana”.

“Hoy, nuevamente Costa Rica marca un hito al aprobar a inicios del 2024, la Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia 2024-2036 que guía el accionar de las intervenciones públicas, a través de siete ejes estratégicos y con planes de acción. Pero también hacemos historia, porque esta Política fue construida con la participación de dos mil personas menores de edad, que expresaron sus sentires, identificaron problemas que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y plantearon una propuesta de visión de cambio y las principales acciones y los actores responsables de las soluciones”, agregó la jerarca.

La inversión en salud ha sido determinante en el bienestar de la infancia. Costa Rica ha logrado una de las tasas de mortalidad infantil más bajas del mundo, reduciendo el número de muertes de 90 por cada mil nacidos en 1950 a 7.9 en 2020. El país también destaca por garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la niñez y adolescencia, sin importar su contexto socioeconómico. Además, cuenta con atención prenatal, parto hospitalizado gratuito, atención calificada y orientación especializada en nutrición y lactancia para las madres y padres. Históricamente, ha impulsado sólidos programas de vacunación, lo que le permitió ser de los primeros países en aplicar la vacuna contra el COVID-19.

Desde 1990 se realiza la prueba de tamizaje a todas las niñas y niños que nacen, permitiendo detectar más de 29 enfermedades que pueden ser muy peligrosas. Este programa se ha convertido en un ejemplo para otros países.

Además, Costa Rica ha hecho muchos esfuerzos por garantizarle a su población un registro de nacimientos universal, gratuito y oportuno, en 1972 era el 75% y en el 2020 se alcanzó un 99% de registros de nacimientos. Desde 1999, las niñas, niños y adolescentes entre 12 y 18 años tienen derecho a la cédula de identidad de menores garantizándole a toda la infancia el derecho esencial a tener un nombre y una nacionalidad, lo cual previene situaciones de trata, explotación o adopción irregular.

En el ámbito educativo, el país ha consagrado la educación como un derecho constitucional, garantizando su gratuidad y obligatoriedad. Actualmente, el 96% de la población infantil está inscrita en la educación primaria, se han implementado iniciativas para universalizar la educación preescolar y se continúan buscando alternativas para reducir la exclusión educativa en secundaria. La creación del programa “Avancemos” y otros programas complementarios han sido cruciales para mantener la inclusión y permanencia del estudiantado en el sistema educativo, especialmente para aquellos en condición de pobreza.

La Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), ha permitido fortalecer las acciones del país para estimular el desarrollo integral de la primera infancia y brindarles a las familias información clave para acompañar el crecimiento de sus hijas e hijos. 

También, gracias al esfuerzo liderados por las instituciones del país DGME, PANI y MEP, con el apoyo de UNICEF, OIM y ACNUR, se le ha asegurado derechos de educación a las personas menores de edad en condición migratoria irregular, y, a la fecha, se ha logrado regularizar más de 10 mil niños, niñas y adolescentes migrantes inscritos en el sistema educativo costarricense.

A través de un robusto marco normativo sustentado en múltiples leyes y reformas, Costa Rica ha trabajado para fortalecer sus políticas y programas para la protección de la infancia. Entre sus logros más destacados se encuentran la erradicación del trabajo infantil, la protección de víctimas de diversas formas de violencia y la lucha contra la trata y explotación sexual de menores. Además, el país ha puesto un énfasis particular en la protección de la niñez en el entorno digital, un aspecto crucial en la actualidad.

Si bien los avances son significativos, existen desafíos críticos en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. La situación es alarmante: el 83,2% de las víctimas de violencia doméstica en este grupo son mujeres. Según datos del PANI, entre 2022 y 2023 se reportó un incremento del 8% en los casos de violencia contra menores, con un promedio de 375 víctimas diarias. En 2022, se atendieron 127.164 casos, cifra que aumentó a 137.042 en 2023. Hasta septiembre de 2024, ya se han registrado 92.245 menores de edad que han sufrido algún tipo de violencia. Ante esta realidad, es urgente promover entornos de convivencia pacífica en las familias, las escuelas y las comunidades y cambios en los comportamientos individuales y sociales que legitiman la violencia como forma de resolución de conflictos. 

Aunque, la tasa de fecundidad en adolescentes ha mostrado una tendencia a la baja, el embarazo en niñas y adolescentes continúa comprometiendo sus derechos fundamentales a la salud y educación. Diariamente, 12 adolescentes de entre 15 y 19 años se convierten en madres en Costa Rica, lo que subraya la urgencia de abordar la problemática y combatir el abuso sexual infantil. 

La salud mental de niñas, niños y adolescentes es un área crítica que requiere una atención integral y urgente, sobre todo en adolescentes. Es esencial intensificar los programas nacionales y locales que aborden estos desafíos desde un enfoque intersectorial, garantizando una atención adecuada y accesible.

La feminización de la pobreza, la reducción de la pobreza infantil y la desigualdad social, que afectan especialmente a la infancia que viven en zona fronterizas y costeras, así como a pueblos indígenas, afrodescendientes, migrantes, solicitantes de refugio, en condición de discapacidad y a la población LGTBIQ+, se constituyen un reto y en una oportunidad para impulsar en forma conjunta nuevas alternativas en las que Costa Rica nuevamente se destaque a nivel mundial por la protección de su infancia. 

“Como sociedad es importante cambiar actitudes y mentalidades. Porque a pesar de haber pasado mucho tiempo, y tener muchos cambios a través de los años hay empatía hacia nosotros las personas menores de edad, pero ¿y la ayuda dónde está? Porque podemos empezar por el hecho de que el medio ambiente va cambiando cada vez más”, aseguró Katherine Alvarado, Representante de la Red de Adolescentes ante el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. “Es crucial educar y sensibilizar a la población sobre la importancia de los derechos humanos de los infancia y adolescencia”, concluyó Alvarado.

Como líder en temas ambientales, es esencial que el país fortalezca las estrategias para atender el llamado de las niñas, niños y adolescentes, quienes en diferentes consultas impulsadas por UNICEF y sus socios han insistido en la urgente necesidad de prevenir y mitigar los efectos de cambio climático en las presentes y futuras generaciones. En esta línea, el fortalecimiento de los mecanismos, la coordinación interinstitucional y los espacios sistemáticos para impulsar la voz y la participación de la infancia y la adolescencia en los temas que los afectan también se constituye en una tarea esencial. 

Además, es fundamental fortalecer la asignación, eficiencia y eficacia de la inversión social para asegurar que los recursos lleguen de manera óptima a quienes más los necesitan. Invertir en programas que protejan y promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes impulsa su desarrollo integral y contribuye al bienestar de toda la sociedad.

En el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Sistema de Naciones Unidas y UNICEF reafirman su compromiso de trabajar junto al Estado y la sociedad costarricense para asegurar que cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de crecer, aprender y desarrollarse en un entorno seguro. La infancia debe seguir siendo una prioridad en la agenda nacional, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados. 

Material audiovisual disponible: https://acortar.link/xtj51B