La nueva Constitución debe reconocer el derecho de NNA a ser protegidos de todas formas de violencia

El proceso constituyente es una oportunidad para que la nueva Constitución establezca la corresponsabilidad del Estado, de la sociedad y de las familias para asegurar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en espacios libres de violencia, en coherencia con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile hace más de 30 años.

La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes tiene un impacto severo en su desarrollo, autoestima y confianza, por eso es importante que el Estado prevenga y erradique las prácticas violentas en todos los ámbitos.

Conversamos con Ludmila Palazzo, Especialista en Protección de UNICEF, sobre el derecho a una vida sin violencia para niños, niñas y adolescentes y la necesidad de que sea reconocido en la nueva Constitución.  

¿De qué manera se manifiesta la violencia en la vida de los niños, niñas y adolescentes?

La violencia, sea física, psicológica y/o sexual, se manifiesta en distintas dimensiones de la vida de los niños, niñas y adolescentes y en los diversos contextos donde se desenvuelven. Principalmente puede estar presente en la familia, en la escuela, en centros de cuidado residencial o incluso en espacios donde agentes del Estado tienen el deber de respetar y proteger la integridad personal de niños, niñas y adolescentes. En conclusión, es un fenómeno complejo que tiene un impacto severo en el desarrollo, autoestima y confianza de niños, niñas y adolescentes y por eso la importancia de prevenirla.

¿Cuál es la situación en Chile?

Existen diversos estudios realizados en los últimos años que evidencian la vulneración de niños, niñas y adolescentes del derecho a una vida libre de violencia. Como UNICEF acabamos de publicar el estudio sobre “Violencia contra la niñez y la adolescencia en Chile” y hay resultados que nos preocupan. Por ejemplo, del total de los cuidadores y las cuidadoras de niños, niñas y adolescentes encuestados para este estudio, un 27% valida “ignorar a niños” como una estrategia de disciplina efectiva; mientras que un 24% opina lo mismo en relación a levantarles la voz o gritarles. A este contexto se suman otros más complejos aún, como la violencia a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes en centros de cuidado alternativo residencial, donde el mismo Comité de los Derechos del Niño acreditó en el año 2018 las graves vulneraciones producto de una violencia sistemática, como “prácticas de castigo, que, por omisión o acción directa, permiten o naturalizan las relaciones violentas”.

¿Cuál es el efecto de que la nueva Constitución asegure una vida libre de violencia a niños, niñas y adolescentes?

Parte de reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos es garantizarles un conjunto de derechos que el Estado debe promover, respetar, proteger, garantizar, restituir y reparar. Uno de estos derechos es a vivir una vida libre de violencia, por lo que su reconocimiento se traduce en un mandato para todo el Estado y, en especial, a sus poderes principales: Gobierno, Congreso y Tribunales de Justicia, para que, dentro de sus funciones, adopten todas las medidas de manera progresiva para garantizar este derecho. El gobierno con políticas públicas destinadas a prevenir y brindar atención la violencia hacia niños, niñas y adolescentes; el Congreso aprobando leyes que prohíban y sancionen la violencia hacia este grupo; y los Tribunales de Justicia que, en aplicación de esas leyes, sancionen los hechos de violencia y a los responsables de ejercerla. Todo esto, siempre, resguardando el interés superior de niños, niñas y adolescentes que se vean afectados o afectadas por cualquier tipo de violencia.

¿Se ha reconocido este derecho en otras constituciones del mundo?

Así es. Tanto en constituciones europeas como en otras de la región este derecho ha sido reconocido constitucionalmente, aunque de diversos modos. Algunas, por ejemplo, han planteado únicamente el derecho a la integridad física y psíquica, sin profundizar en mayores detalles, mientras que otras han planteado un desarrollo mayor, especificando las distintas manifestaciones de esta violencia (maltrato, negligencia, abuso, entre otros) y estableciendo obligaciones expresas para el Estado, las familias y la sociedad en orden a adoptar todas las medidas necesarias para su prevención y erradicación.

¿Qué recomendaciones planteó UNICEF en esta materia en el marco del proceso constituyente?

Mediante documentos temáticos, asesorías que nos han solicitado los y las convencionales y a través de exposiciones frente a diversas comisiones de la Convención Constitucional, UNICEF ha formulado varias recomendaciones a la Convención Constitucional en este campo. En primer lugar, establecer expresamente el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, prohibiendo toda forma de expresión de esta, ya sea en el contexto familiar, residencial o escolar, hasta en espacios públicos a propósito de, por ejemplo, manifestaciones. Esto debe ir acompañado de obligaciones claras para el Estado de prevenir, garantizar y proteger este derecho, especialmente en lo referente al acceso a la justicia, donde importa que los tribunales conozcan estos hechos y los sancionen debidamente para combatir así la impunidad. Finalmente, es importante recordar siempre que en este ámbito la familia y la sociedad juegan un rol fundamental. La familia debe ser el primer espacio de respeto y protección a niños, niñas y adolescentes y la sociedad debe estar siempre alerta para evitar que estén expuestos a espacios o situaciones de violencia.