Experto internacional aborda cómo las desigualdades impactan en el sistema justicia juvenil

El profesor de Derecho Penal y Procedimiento Penal de la Universidad Libre de Ámsterdam, Yannick van den Brink, tiene una vasta experiencia en el ámbito de justicia juvenil. Se ha dedicado a estudiar el fenómeno en detalle para determinar cómo la desigualdad afecta las decisiones judiciales e impactan a los adolescentes que han cometido un delito. 

Hace unas semanas el profesor Van den Brink visitó Chile para participar en el Seminario Internacional "Enfoques Comparados de Justicia Juvenil", organizado por la Defensoría de la Niñez  con apoyo de UNICEF y de otras instituciones, que reunió a expertos nacionales e internacionales.

Durante su clase magistral "Igualdad y Diversidad en la Justicia Juvenil: Hacia Respuestas Justas y Eficaces frente a la Infracción por Parte de Niños y Niñas", el académico neerlandés analizó cómo la desigualdad moldea a quiénes terminan en el sistema de justicia juvenil y qué pueden hacer los Estados para responder de manera más justa y efectiva. 

En Chile, un 48% de los adolescentes privados de libertad experimentó violencia doméstica durante su niñez, un 45% vivió con alguna persona privada de libertad y el 56% presenta al menos un trastorno de salud mental. Pero esta realidad no solo ocurre en Chile, sino que también es posible advertir que se repite en otros países del mundo. Explica que es importante que las respuestas de los sistemas de justicia no empeoren los traumas de los adolescentes que llegan a ellos, sino que prevenga la victimización secundaria.

¿Cómo la desigualdad determina quiénes terminan en el sistema de justicia juvenil?

La investigación muestra que, a nivel global, en muchas jurisdicciones, los niños, niñas y adolescentes de minorías étnicas, con discapacidades o de contextos socioeconómicos bajos están enormemente sobrerrepresentados en las instituciones de justicia juvenil, privados de libertad. También sabemos que esta sobrerrepresentación se debe, al menos parcialmente, a disparidades en las prácticas de toma de decisiones de la policía y de los operadores judiciales.

Los niños, niñas y adolescentes afectados por esta desigualdad están más expuestos a los aspectos dañinos de la justicia penal: la privación de libertad, la potencial violencia que experimentan, la exclusión de sus escuelas y de sus familias. Todo esto tiene un impacto en su desarrollo y oportunidades futuras, y les dificulta obtener un rol constructivo en la sociedad. Finalmente, esto no es en el interés superior del niño, pero tampoco es el mejor interés de la sociedad y la seguridad pública.

¿Qué medidas prácticas pueden tomar los jueces, fiscales y profesionales de justicia juvenil para prevenir sesgos?

Desde una perspectiva de política pública, es fundamental que exista una recolección de datos suficiente, porque se necesitan datos para poder identificar desigualdades en los distintos puntos de decisión del sistema de justicia: desde la detención policial hasta la sentencia judicial. Pero la recolección de datos por sí sola no es suficiente. También debería adoptarse el principio de "explicar o reformar". Esto significa que, cuando los datos revelan que existen desigualdades —por ejemplo, que adolescentes de ciertos contextos socioeconómicos o de minorías étnicas reciben sanciones más severas por delitos similares—, las autoridades responsables deben dar una explicación fundamentada de esas diferencias. Y si no pueden justificarlas adecuadamente, entonces tienen la obligación de reformar sus prácticas. Este principio es lo que le da verdadero sentido a la recolección de datos, porque asegura que la información recogida se traduzca en acciones concretas para abordar las desigualdades.

Es importante también que las diferentes instituciones del sistema de justicia juvenil colaboren para abordar este tema juntas. Una buena práctica es tener, periódicamente, una sesión en la que diferentes actores compartan sus experiencias, crear una especie de retroalimentación sobre cómo se manejan los casos, para ver por qué un niño termina en custodia y otro fue liberado cuando son sospechosos del mismo delito.

Finalmente, a nivel individual, es muy importante que los profesionales—jueces, fiscales, policías—sientan la responsabilidad de abordar este tema y estén conscientes de los sesgos que todo ser humano tiene. Esta conciencia y reflexión es clave.

En Chile, un 48% de los adolescentes infractores experimentó violencia doméstica y el 56% tiene al menos un trastorno de salud mental. ¿Cómo deberían responder los sistemas de justicia juvenil a estas vulnerabilidades?

Lamentablemente, este es un panorama que vemos en muchos sistemas de justicia juvenil alrededor del mundo. Muchos estudios muestran que la gran mayoría de los niños en el sistema de justicia, especialmente en instituciones, tienen experiencias adversas en la infancia: violencia, negligencia en la primera infancia.

Es muy importante que estemos conscientes de que muchos niños en el sistema de justicia no son solo infractores, sino que en realidad son víctimas también. Por eso, si queremos abordar efectivamente la delincuencia juvenil, debemos invertir en prevenir la violencia doméstica, prevenir el abuso y la negligencia, e invertir en sistemas de protección de la infancia que funcionen bien.

También hay que desarrollar mecanismos de derivación en el sistema de justicia juvenil para que, si niños con estos antecedentes entran al sistema, sea posible derivarlos hacia un sistema de protección de la infancia para abordar sus necesidades de manera más efectiva.

Finalmente, creo que es importante adoptar un enfoque con perspectiva de trauma en la justicia juvenil: que haya una evaluación de necesidades cuando un niño entra al sistema para identificar potenciales traumas, y que las respuestas de justicia juvenil no empeoren el trauma y prevengan la victimización secundaria. Es importante no invertir solo en respuestas punitivas, sino en respuestas que reconozcan las experiencias de estos niños y niñas.