Estudio de UNICEF y la Defensoría Penal Pública confirma déficits del Sistema Penal Adolescente

Especialización de los actores del sistema sigue siendo principal deuda pendiente.

09 Septiembre 2020
Defensoría Penal Pública
Defensoría Penal Pública

SANTIAGO/CHILE, 9 de septiembre de 2020 - A más de una década del inicio de la implementación de la Ley 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, que estableció un sistema penal especializado para para este grupo, la Defensoría Penal Pública y UNICEF dieron a conocer los resultados del estudio “Analisis de la implementación de la Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente”, el que consigna entre sus principales resultados la falta de especialización de los actores del sistema, el excesivo uso de la internación provisoria y la ausencia de unificación de condenas, que implica que los adolescentes deban cumplir en forma paralela o sucesiva más de una sanción.

El estudio identifica los avances y desafíos pendientes en el sistema de justicia penal de adolescentes, a través del análisis de información provista por la Defensoría Penal Pública y y entrevista a actores claves vinculados al sistema. En función de estos se levantan las recomendaciones, organizadas en tres ámbitos: normativas, institucionales y de conocimientos, actitudes y prácticas de los operadores del sistema.

Entre los principales resultados, se  consigna que, entre 2008 y 2018, el número de causas penales con participación de adolescentes bajó en un 36,8%. El informe precisa que esta disminución se produce incluso controlando el efecto demográfico, pues la población menor de 18 años disminuye en un 15,4% en el periodo. 

Los resultados del estudio fueron comentados por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, y por el abogado, académico e investigador Jaime Couso.

El Representante de UNICEF, Paolo Mefalopulos, recordó que el principal objetivo de la Ley 20.084 es la rehabilitación y reinserción de los y las adolescentes que han infringido la ley penal. Y por ello es necesario contextualizar este objetivo con la realidad familiar y social de los y las adolescentes. Agregó que, si bien la ley de Responsabilidad Penal Adolescente representó un avance, hoy es necesario promover modificaciones que se hagan cargo de los déficits que aún persisten. “El presente estudio ofrece información que permite identificar los diferentes ámbitos de mejora, y vemos que algunos son asumidos por el proyecto de ley  que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y en otros se puede avanzar sin necesidad de cambios legislativos”.

El Defensor Nacional, Andrés Mahnke -en tanto- lamentó la doble vulnerabilidad de la que son objeto los niños, niñas y adolescentes como sujetos en desarrollo, la cual -dijo- se acentúa aún más en un sistema que no les asegura el derecho a la salud, a la educación y al desarrollo pleno de manera adecuada. “Resulta paradójico que, al cometer una infracción penal, ese niño, niña o adolescente deje de ser un sujeto de derecho merecedor de especial protección”, afirmó.

Agregó que en el ámbito de la justicia juvenil son muchos los adolescentes con un historial de deprivación sociocultural, de maltrato o abuso, de consumo de drogas y alcohol, de deserción escolar, de ausencia de adulto responsable o negligente en su formación, cuidado e imposición de límites, y que muchos de ellos viven en zonas de conflicto, donde existe el tráfico de drogas, el uso de armas y la violencia en general. 

“Sin embargo, en vez de intervenir y prevenir su involucramiento en hechos delictivos, el sistema de justicia penal termina ‘recibiéndolos´ y tratando de reinsertar a muchas personas que nunca han sido parte de la sociedad, porque se les ha excluido desde muy temprana edad. Esta realidad debe ser modificada con urgencia y el sistema penal es absolutamente insuficiente para hacerlo por sí solo”, lamentó.

Principales hallazgos

Entre las principales conclusiones del estudio destaca la falta de especialización de los actores que intervienen en el sistema de justicia penal de adolescentes, que a 10 años de funcionamiento sigue estando en deuda.

El informe concluye que siguen existiendo brechas importantes a nivel normativo e institucional. Sin embargo, identifica a la Defensoría Penal Pública como la institución con el mayor nivel de especialización en justicia juvenil, por sobre el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Asimismo, muestra que la Ley 20.084 no consideró en su articulado un sistema de unificación de condenas lo que trae como consecuencia que los adolescentes deban cumplir en forma paralela y, en ocasiones consecutiva, más de una sanción.

En el ámbito normativo, identifica el uso excesivo de la medida cautelar de internación provisoria, la que actualmente ya se equipara con la prisión preventiva que se le aplica a los imputados mayores de 18 años. Si hoy hay 170 imputados adolescentes por cada 100 mil habitantes, en la población  imputada adulta la relación es de 189 personas en prisión preventiva por cada 100 mil. A ello se suma que, en promedio, entre 2008 a 2018, un 12,9% de los adolescentes estuvieron seis o más meses en internación provisoria y que cerca del 70% de ellos no recibió una sanción de privación de libertad.

Otro dato relevante es que el primer contacto de los y las adolescentes con el sistema de justicia ocurre mayoritariamente a través de una detención, tratándose de un momento que puede generar consecuencias importantes sobre, su bienestar, la trayectoria de los adolescentes en el sistema y de su percepción de la justicia, especialmente al considerar que la detención puede incluso ser una medida más gravosa que la posible condena asociada a la infracción que se le imputa. 

Respecto a la situación de vida de los y las adolescentes, se identifica que la tasa de imputados por comuna varía en función del nivel de escolaridad completado por los adultos, el nivel de pobreza expresado en las carencias materiales de la vivienda y la presencia de establecimientos educacionales con un rendimiento medio en el SIMCE. Este resultado alerta sobre la relevancia de observar los factores estructurales y la necesidad que estos determinantes sean abordados desde políticas públicas intersectoriales, considerando el acceso a derechos y las necesidades de bienestar social de los adolescentes, aspectos que el sistema de justicia no puede abarcar por sí mismo.

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