DIMEX para personas estudiantes matriculadas en el Ministerio de Educación Pública

La situación de las niñas, niños y adolescentes migrantes en Costa Rica ya era difícil antes de la pandemia, y como en el resto del mundo, la población migrante se vio afectada por los efectos del COVID-19.

Los problemas de integración de esta población en la sociedad costarricense, aunada con el agravante del desempleo, hizo que muchas familias prácticamente pasaran de ser pobres a la pobreza extrema, perdiendo la posibilidad de pagar la renta de sus viviendas y su seguridad alimentaria.

Lamentablemente ante esta crisis, el Estado costarricense reforzó el apoyo a la población más necesitada y vulnerable, priorizando la población nacional, lo que deja en una situación de mayor riesgo social a los niñas, niños y adolescentes migrantes.

Durante el segundo semestre del año 2020, UNICEF realizó un estudio sobre el impacto de COVID-19 en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Resultando que uno de cada tres niñas, niños y adolescentes en Costa Rica es pobre, lo que significa que no logra satisfacer sus necesidades básicas.

Esta situación de emergencia hizo pensar a UNICEF en soluciones de corto plazo, humanitarias, tratando de llegar a apoyar un segmento de esta población de niñas, niños y adolescentes que estudian y que, por no contar con su condición migratoria regularizada “como estudiante”, por lo regular, a pesar de ser quienes más necesitan, no tienen las mismas oportunidades que los nacionales.  No cuentan con posibilidades para recibir apoyo de préstamos blandos, becas, la posibilidad de recibir su título al graduarse o de tener acceso al trabajo una vez que cumplan los 15 años.

De ese modo, surgió el desarrollo una hoja de ruta entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y UNICEF para la regularización de todo las niñas, niños y adolescentes migrantes, que estudian en el sistema educativo público. Para ello, la DGME realizó una resolución, de nivel nacional. UNICEF por su parte, apoyó a la DGME, par crear una hoja de ruta en esta labor de coordinación.  Se desarrolló como propuesta de hoja de ruta, mediante un proyecto piloto que se ejecutó entre la DGME, PANI y la Dirección Regional (DR) Oeste de MEP, en donde se trabajó con sus 5 circuitos escolares y 50 centros educativos ubicados en los cantones de San José, Tibás, Santa Ana y Escazú.  El trabajo buscaba identificar los las niñas, niños y adolescentes inscritos que requerían esta regularización.

Con el plan piloto más de 800 niños, niñas y adolescentes migrantes en Costa Rica que accedieron a documentos para regularizar su situación en el país, gracias a un trámite que simplificó y aceleró un proceso que antes podía durar años.