Seminario debate cómo reducir la pobreza infantil en Chile en un contexto de ajuste fiscal

Un debate sobre cómo reducir la pobreza que afecta a niños, niñas y adolescentes se realizó en el seminario “Pobreza infantil y desafíos del ajuste fiscal”, organizado por UNICEF, el Centro de Políticas Públicas UC, la Fundación Colunga, que convocó a representantes del Gobierno, organismos internacionales y la academia.

En la oportunidad, el Observatorio Niñez Colunga y UNICEF presentaron el informe “Pobreza infantil en Chile: diagnóstico actualizado y propuestas de política pública”, documento que actualiza las cifras de pobreza por ingresos, pobreza multidimensional y pobreza severa, evidencia cómo las desigualdades golpean con mayor fuerza a la niñez, y propone medidas concretas - entre ellas una garantía de ingresos básicos para familias con hijos e hijas y el fortalecimiento de un piso de protección social - para el período 2026 - 2030. Este documento corresponde a una actualización de las propuestas presidenciales en pobreza infantil elaboradas por una mesa de expertos convocada por el Centro de Políticas Públicas UC durante 2025.

El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, quien abrió el encuentro, se refirió a los desafíos que existen para avanzar en políticas públicas para enfrentar la pobreza infantil. “Lo más importante es poner el foco en cómo avanzamos como país para enfrentar la pobreza infantil. El Estado, la sociedad civil, la academia, todos en su conjunto tenemos que buscar las herramientas para hacernos cargo de manera responsable, y llegar a tiempo a dónde más nos necesitan".

La autoridad también abordó la situación fiscal, señalando que “sabemos que las cuentas públicas están apretadas, entonces estamos trabajando en utilizar los recursos de la forma más eficiente posible para hacer frente a este problema que tiene unas repercusiones tremendas”. Por último, el subsecretario Ugarte se refirió a la importancia de avanzar en políticas públicas “que permitan mejorar los mecanismos de acceso, garantizar acompañamiento efectivo, y por supuesto a través del crecimiento económico, apoyar a las familias a generar ingresos autónomos, para lograr un impacto sostenido”.

En tanto, Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez Colunga, enfatizó que implementar las propuestas, como una garantía de ingresos básicos para las familias con niños y niñas,es un costo que Chile puede y debe asumir: “Estimamos que garantizar un piso de ingresos para los hogares en pobreza extrema costaría el 0,5% del PIB. Si nos enfocamos solo en los hogares más vulnerables, bajaría al 0,11%. Es una inversión eficiente para el país”.

Del Villar también señaló que uno de los problemas que enfrentan las familias en situación de pobreza es navegar un sistema de ayudas dispersas y difíciles de acceder. “Lo que proponemos es avanzar hacia un instrumento claro, transparente, que unifique las transferencias y sea fácil de entender para quienes más lo necesitan”. Y cerró con un llamado directo: “Vivir en pobreza es una barrera para el desarrollo del país. Tenemos las propuestas, tenemos la evidencia y sabemos cuánto cuesta. Lo que necesitamos es el consenso político para avanzar”.

El panel de conversación, moderado por Mariana Fulgueiras del Centro de Políticas Públicas UC, profundizó en las implicancias de las cifras y en las condiciones para proteger y ampliar las políticas de infancia en un escenario de recursos restringidos.

Amanda Telias, oficial de Políticas Sociales de UNICEF, subrayó la urgencia de blindar los presupuestos sociales orientados a la niñez en contextos de ajuste, enfatizando que la inversión en infancia tiene retornos sociales y económicos de largo plazo. “Cuando protegemos el gasto social en infancia no solo estamos garantizando los derechos de los niños y niñas hoy, estamos construyendo sociedad para el futuro”. También planteó la importancia de contar con un piso de protección social, “asegurar ingresos mínimos a las familias es el primer paso, pero tiene que complementarse con acceso a salud, educación, cuidados y apoyo a la parentalidad. No basta una transferencia: hay que mantener la vinculación con la política social en su conjunto”.

Por su parte, Andrés Hojman, académico de la Escuela de Gobierno UC, entregó una perspectiva analítica sobre los mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza y los retornos de las políticas de transferencias en la primera infancia. “La intervención intensiva en pobreza infantil es muy poderosa y no se hace suficiente. Hay que dar una segunda y tercera vuelta a cuáles son las mejores herramientas disponibles”.

Patricia Roa, oficial de Programación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aportó una mirada desde los estándares internacionales del trabajo y la protección social. “La inversión en infancia no es un gasto prescindible en contextos de ajuste fiscal. Es la inversión con el mayor retorno económico y social, y hoy tenemos la evidencia para demostrarlo”. Además, remarcó el apoyo que requieren las mujeres para conciliar el cuidado con su participación laboral. “Si no resolvemos un sistema mínimo de cuidados, no vamos a lograr que más mujeres se incorporen al mercado laboral. No es solo una cuestión de trayectorias individuales: estamos dilapidando bienestar y desarrollo económico por no haberlo resuelto”.

El seminario cerró con un llamado común: que el debate sobre el ajuste fiscal no deje atrás a la niñez, y que las propuestas del informe sean un insumo concreto para las decisiones de política pública en los próximos años.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC, enfatizó este mensaje. “Superar las brechas que afectan a niñas y niños en situación de pobreza exige mirar más allá de las transferencias aisladas y avanzar hacia un sistema coherente de protección para la niñez. El trabajo conjunto que estas tres instituciones venimos desarrollando apunta justamente a eso: a aportar evidencia y orientar las decisiones para fortalecer las oportunidades de desarrollo de la infancia en Chile”.