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Justicia Penal Juvenil

Justicia Penal Juvenil
© UNICEF RD/ Lilen Quiroga

La Convención Internacional sobre Derechos del Niño establece que todo adolescente respecto del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes tiene derecho a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad.

La Convención considera la acción penal como una respuesta excepcional a la conducta de un niño o niña. Establece que los estados deben fijar edades mínimas bajo las cuales los niños no pueden ser sancionados y exhorta a aplicar medidas para tratar a los niños mayores de esas edades mínimas sin recurrir a procedimientos judiciales, cuando ello sea posible. Si debe aplicarse un procedimiento penal, el/la adolescente debe contar con todas las garantías propias de un debido proceso.

Finalmente, establece que si un adolescente excepcionalmente debe ser sancionado, deben preferirse las medidas que no impliquen la privación de libertad (tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional). La privación de libertad debe ser siempre considerada como la última medida posible y no como regla general.

Justicia Penal Juvenil
© UNICEF RD/ Lilen Quiroga

En República Dominicana, conforme a lo que establece la Ley 136-03, se considera un adolescente penalmente responsable desde los 13 años de edad. Un tribunal especializado puede imponer a los y las menores de edad tres tipos de sanciones (socioeducativas, órdenes de orientación y supervisión, y medidas privativas de libertad), hasta por un periodo máximo de cinco años. El sistema también contempla el funcionamiento de un Ministerio Público y una Defensa Técnica especializados en justicia penal adolescente.

El sistema penal adolescente vigente en República Dominicana cumple, desde lo normativo, con todas las disposiciones de la Convención del Niño y se enmarca plenamente en la doctrina de protección integral. Sin embargo, persisten aún brechas en la aplicación de la propia Ley y el entendimiento que los operadores del sistema penal adolescente tienen de la finalidad del mismo y las garantías que consagra.

Es debido a estas necesidades de fortalecimiento del sistema de justicia penal de adolescentes que UNICEF, junto al Ministerio Público y el Poder Judicial, continúa colaborando con el Estado Dominicano, mediante las siguientes acciones:
  • Formación de los profesionales de estas jurisdicciones.
  • Asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR), para el establecimiento de un sistema de medidas alternativas a la privación de libertad y un sistema de información estadístico sobre adolescentes en conflicto con la ley.
  • Asistencia técnica a la Comisión para la Ejecución de la Justicia para niños, niñas y adolescentes (CEJNNA) para la creación de un mecanismo de monitoreo independiente de centros y se movilizará a las organizaciones basadas en fe y al sector empresarial para la atención a los centros. 

© UNICEF RD/ Lilen Quiroga

 

 

 

 

Centro Penal Juvenil [Fotos]

© UNICEF RD/ Lilen Quiroga 


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