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Vicepresidencia, PNUD y UNICEF presentan protocolo institucional para apoyar afectados por desastres naturales

Vicepresidencia y Sistema de Naciones Unidas presentan protocolo institucional para apoyar afectados por desastres naturales
© UNICEF República Dominicana/ Vicepresidencia RD

La iniciativa fue elaborada en conjunto con organismos internacionales para ofrecer una canasta de servicios sociales que incluyen la información y acompañamiento a los afectados 

SANTO DOMINGO, 3 de octubre de 2018.- La Vicepresidencia de la República, a través de Progresando con Solidaridad (Prosoli); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) presentaron el Protocolo Nacional de Actuación para la Protección Social frente a Choques Climáticos, que servirá como marco de actuación institucional en situaciones de emergencia y procesos de recuperación.

El instrumento, liderado por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño, se dio a conocer este miércoles en el Salón Verde del Palacio Nacional, y está dirigido especialmente a la Red de Protección Social y a las organizaciones que participan en el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, autoridades ambientales, socios y organizaciones nacionales e internacionales que participan en las políticas de protección social. 

El documento establece las responsabilidades de cada entidad y la coordinación interinstitucional que debe establecerse en cada etapa del proceso. 

Además, delimita las actuaciones de las entidades del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) para ofrecer una canasta de servicios sociales que incluyen la información y acompañamiento a los afectados, apoyo en la alerta al Centro de Operaciones de Emergencias (COE), identificación de necesidades y de familias que requieran ser incluidas en transferencias monetarias condicionadas transitorias o permanentes y en programas en los que recibirían fondos a cambio de participar en acciones de rehabilitación y recuperación.

Los miembros de los hogares afectados por desastres naturales recibirían también apoyo en los albergues y en los procesos de retorno a sus viviendas, reintegración familiar, asistencia prioritaria a niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

En la actividad, Lorenzo Jiménez de Luis, representante residente del PNUD en el país, dijo que “el camino para alcanzar sociedades más justas y cohesivas es a través de mejoras en la inclusión, la productividad y la resiliencia, con una gobernanza efectiva y a través de iniciativas como la que estamos presentando hoy”.

Mientras que Rosa Elcarte, representante de UNICEF indicó que los niños y niñas son los más vulnerables en situaciones de emergencia y generalmente los afectados cuando ocurre algún desastre. Resaltó que recientemente se firmó un acuerdo entre la Vicepresidencia y UNICEF, con el objetivo de apoyar a la población afectada por graves emergencias, mediante mecanismos de transferencias condicionadas para una asistencia humanitaria oportuna.

“Con la implementación de estos protocolos se busca garantizar la protección de sus derechos bajo toda circunstancia, e independientemente de la gravedad de la situación. UNICEF acompañará la implementación de este protocolo fortaleciendo las capacidades de los funcionarios de las instituciones de asistencia social para proteger los derechos de los niños antes, durante y en la recuperación ante desastres”, sostuvo.  

Detalles del protocolo 

Las entidades del GCPS coordinado por la Vicemandataria, como Prosoli, el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), encuentran sus responsabilidades delimitadas en el protocolo para responder a los retos que implica garantizar los logros en la reducción de la pobreza frente a choques climáticos y de desastres.

La línea de acción establecida en el protocolo viene a cubrir necesidades que enfrentan las familias vulnerables luego del cierre de la emergencia, ya que una parte importante de los hogares enfrentan el desafío de garantizar por sus propios medios el acceso y consumo de alimentos, rehabilitar o reconstruir su vivienda, caminos y accesos, cuidar su salud, obtener ingresos y medios de vida, así como protegerse de condiciones sanitarias que en muchos casos han quedado deterioradas.

El documento destaca que en esta etapa se suelen presentar importantes carencias en los hogares, frente a lo cual se ha hecho notorio el vacío de institucionalidad para poder apoyar, asistirlos y evitar, tanto el impacto inmediato en su bienestar, como en las implicaciones posteriores.

Entre las prioridades generales de protección social luego del fenómeno se incluyen la recuperación de medios de vida, rehabilitación de viviendas, establecimiento de condiciones sanitarias y suministro de agua adecuada, protección psicoafectiva, cuidado de niños, niñas, adolescentes y personas en condiciones de discapacidad, entre otras funciones.

La guía establece como tarea permanente la capacitación de los hogares y comunidades vulnerables para la reducción de riesgos; en situaciones de alerta y emergencia identificar los más vulnerables, apoyo al COE, evacuación, protección y cuidado; en tanto que, tras el fenómeno, identificar daños y necesidades de recuperación, orientar y acompañar a las familias en condiciones críticas, conectarlas con programas de transferencia monetaria, inclusión económica, desarrollo social y con otras entidades del Estado.

Para ayudar la recuperación económica de los damnificados se contempla que participen en proyectos artesanales, desarrollo de microempresas, reciban asesoría para establecer huertos, ser priorizados para acceder a aportes del Banco de Alimentos, afiliación al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), al proyecto Progresando Unidos y para recibir las transferencias condicionadas Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) y el Bono Escolar Estudiando Progreso (BEEP).

Además, los hijos de las familias que sufran daños  por el fenómeno natural podrían ser incluidos en los proyectos educativos de los Centros de Capacitación y Producción Progresando con Solidaridad (CCPP), de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y en carreras de ciclo corto en el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

En cuanto a la identidad, el protocolo contempla ayudar a reponer documentos extraviados o para hacer nuevos registros; acompañar a los jóvenes y a toda la familia a integrarse en las actividades socioculturales de Prosoli, en las de su proyecto Familias en Paz, prevención y atención de violencia de género y embarazo adolescentes.  

Entre las obligaciones asignadas al Siuben se encuentra realizar el levantamiento o actualización de información de hogares a efectos de determinar su recategorización y su acceso a beneficios temporales o permanentes; mientras que CTC, a través de las Radio CTC, está llamado a contribuir al desarrollo de la cultura de la protección social frente a choques climáticos, la gestión de riesgos de desastres y la adaptación al cambio climático.

El protocolo indica que Adess debe elaborar planes de emergencia y de continuidad de los negocios afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS) para garantizar su operación en las zonas afectadas por desastres.

Acuerdo para evaluar el protocolo

En el acto también se firmó un acuerdo entre Prosoli y el PNUD para implementar un piloto que permitirá poner a prueba el protocolo, evaluarlo y hacer los ajustes que sean necesarios para mejorarlo y fortalecerlo, en el que Unicef colaborará, velando porque los derechos de la niñez sean tenidos en cuenta antes y durante las emergencias, así como en las intervenciones de recuperación. 

El convenio prevé desarrollar capacidades en las redes operativas de las entidades de la política social: Prosoli, el Sistema de Único de Beneficiarios (Siuben), Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), para la protección física durante las emergencias, social integral y la transición a la recuperación, en varias provincias del país, iniciando en Montecristi y El Seibo.

 

 

 

 

Protocolo Nacional de Actuación Para La Protección Social Frente A Choques Climáticos

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