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Violencia contra la niñez: más allá de la sanción

Los constantes actos de violencia extrema, especialmente contra niñas, han avivado la indignación ciudadana. Canalizar esta preocupación colectiva hacia el fortalecimiento de un sistema de protección que asegure la denuncia, la investigación y la sanción de los casos, pero fundamentalmente la prevención, la reparación y la recuperación de las víctimas sería positivo. Siempre será mejor prevenir que lamentar, porque las heridas que la violencia deja en la niña, niño o adolescente no se curan con la sanción del victimario. 

El Perú cuenta con marcos legales y políticas que establecen la protección de la niñez y adolescencia frente a las diversas formas de violencia y constituyen una expresión de la voluntad del país de adecuarse a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Entre ellos están el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y el Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Sin embargo, los esfuerzos peruanos por adecuar la legislación y los programas estatales al mandato de la CDN no han logrado reducir los índices de violencia contra la niñez. Por ejemplo, el 81.3% de adolescentes de 12 a 17 años, y el 73.8% de niñas y niños de 9 a 11 años que participaron de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales señalaron que alguna vez en su vida fueron víctimas de violencia psicológica o física por parte de las personas con las que conviven.

Como señala la CDN, es obligación de los Estados proteger a la niñez de todas las formas de violencia y establecer medidas preventivas, de atención y de recuperación a la víctima. Esta ardua tarea se incrementa en un país pluricultural, multilingüe y de accidentada geografía como el Perú. Y es que, para ser exitosas, estas medidas deben considerar las causas, el contexto y la cultura en las que se produce la violencia. Igualmente, requieren de la articulación entre instituciones y sectores para asegurar una coordinación efectiva entre las entidades responsables de la protección y del acceso a la justicia. Además, deben asegurar la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los servicios de protección y de justicia que se ponen a disposición de la niñez y de sus familias.

El sistema de protección estará realmente fortalecido cuando el agente policial no presuma que la adolescente desaparecida huyó con su novio; el maestro no pase por alto los moretones en el rostro de su alumno; cuando la periodista informe sin revictimizar a la niña; cuando el operador de justicia hable el idioma de la comunidad andina o amazónica a la que ha sido asignado; y haya la debida articulación entre los organismos del sistema de protección de la niñez y adolescencia.

La prevención es el primer gran paso para proteger a la niñez de la violencia. 

¡Démoslo juntos!

 

 
unite for children