Equidad para niños y niñas

Niñas y niños necesitan entornos seguros y acceso a servicios de registro de nacimiento, salud, nutrición, cuidado, educación, agua, saneamiento e higiene pertinentes y de calidad, para su desarrollo integral.

Ninos de comunidad shipiba de Ucayali
UNICEF/2017/Moreno

Desafíos


Existen persistentes injusticias que afectan a las niñas y niños por razones de género, etnia, zona de residencia, condiciones de vida o habilidades diferentes:

  • 11 por cada mil nacidos vivos fallecieron durante el primer mes de vida en 2016, en su mayoría por causas prevenibles.
  • 43,6% de niñas y niños de 6 a 35 meses padecieron anemia a nivel nacional en 2016; en algunas zonas andinas esta tasa llegó al 76%. Cuando una niña o niño padece anemia tiene limitaciones en su desarrollo físico, cognitivo y socio emocional y enfrenta problemas de aprendizaje.
  • 26,6% de los hogares no dispone de red pública de agua, en algunas zonas de la Amazonía esta cifra alcanza 75%. El 35,8% carece de red pública de desagüe, situación que pone en riesgo la salud de niñas y niños.
  • Solo 13% de niñas y niños menores de 3 años tuvo acceso a programas de desarrollo infantil temprano en 2015.
  • 383,000 niñas y niños menores de 12 años todavía están fuera del sistema educativo y más de 643,000 se encuentran en riesgo de abandonarlo. 
Ninos de comunidad shipiba
UNICEF/2017

Soluciones

Para eliminar estas barreras, UNICEF trabaja junto al Estado y aliados de la sociedad civil en fortalecer las políticas, los marcos normativos y presupuestarios dirigidos a las poblaciones rurales, indígenas y afroperuanas en materia de registro civil, desarrollo integral de la primera infancia, educación inicial y primaria, abastecimiento de agua y saneamiento, gestión de riesgos de desastres y protección ambiental; mejorar la articulación y activar los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones y niveles de gobierno; desarrollar modelos pertinentes y de calidad que permitan la aplicación de las políticas a nivel territorial; fortalecer la vigilancia social y comunitaria, la participación y el monitoreo de los servicios y la gestión de las políticas; y fortalecer la capacidad de los operadores de servicios en los territorios priorizados y de los programas de formación de las entidades a las que pertenecen.