28 Agosto 2023

Guía para la atención residencial de la niñez y adolescencia en situación de movilidad

Las niñas, niños y adolescentes en movilidad se encuentran en una situación en la que se superponen distintas vulnerabilidades y riesgos a los que están expuestos. Por ello, la reforma de la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político del 2020 determina que los  procesos aplicables a las niñas, niños y adolescentes deben regirse por los principios y derechos acordes a todos los estándares nacionales e internacionales. Esta armonización normativa implica, entre otros aspectos, la prohibición de detención de las niñas, niños y adolescentes a causa de su situación migratoria, hacer de conocimiento de manera inmediata a las Procuradurías de Protección y canalizar a las niñas, niños y adolescentes acompañados, no acompañados, separados, repatriados, a los Sistemas DIF. También se establece la prohibición de la autoridad migratoria para devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar o no admitir en la frontera sin que antes la autoridad competente valore si su vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro. Así, previo a la determinación y resolución del procedimiento migratorio se debe dar aviso a la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y Adolescentes correspondiente (PPNNA en adelante) para que realice el plan de restitución de derechos, así como la emisión de las medidas de protección correspondientes, coordine las acciones y dé seguimiento con el fin de asegurar que se están llevando a cabo las medidas necesarias para su puntual atención. En todo momento, se deben observar los principios de la no detención administrativa, unidad familiar e interés superior de la niñez y adolescencia de la niñez y, con ello, se orienta una estrategia para fortalecer las modalidades de cuidado alternativo que prioriza las opciones familiares y comunitarias. El acogimiento residencial continúa aún siendo la modalidad de cuidado alternativo predominante en el país, en la que se busca garantizar de forma temporal el bienestar, así como la integridad física y psicológica de niñas, niños y adolescentes. Los Centros de Asistencia Social (CAS) constituyen espacios de cuidado necesarios para contar con alojamientos suficientes y adecuados, garantes del procedimiento establecido por la Ley, en tanto se lleva a cabo una transformación paulatina de la política de cuidados alternativos dirigida a promover la reintegración familiar, la inclusión comunitaria y/o promover procesos de autonomía. Con ello, se busca ampliar las modalidades de cuidado para responder a las necesidades de cada caso y asegurar que la medida de protección no se prolongue en el tiempo, y sea eficiente en la protección y restitución de derechos. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), así como para sus homólogos en las entidades federativas, proporcionar las estancias y gestionar espacios de alojamiento para protección y cuidado a niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad, sin perjuicio de las iniciativas que se implementan desde la sociedad civil, bajo los marcos regulatorios vigentes. Según el marco normativo vigente, el Sistema DIF es responsable de brindar los servicios de cuidados a través de los centros de asistencia social de carácter público y establecer los lineamientos de atención para los centros privados y mixtos denominados establecimientos asistenciales habilitados (EAH). En ese contexto, el SNDIF ha impulsado una estrategia de atención a nivel nacional para niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad el cual, en su primera etapa, ofrece recursos federales para los CAS en 28 entidades federativas, los cuales brindan alojamiento y cuidados a quienes viajan no acompañados, así como a familias que se desplazan junto con sus hijas e hijos. El objetivo consiste en mejorar la calidad de los servicios de cuidados brindados por instituciones participantes, a través de la ampliación y adecuación de su infraestructura y el mobiliario existente, la adquisición de servicios y productos necesarios para la operación cotidiana, incluyendo la provisión de servicios de nutrición, educación, recreación y autocuidado. De forma paralela, se han llevado a cabo las jornadas de capacitación para personas servidoras públicas que brindan atención en los CAS y los EAH, denominado Jornadas “CapacítaTE”. En conjunto, con UNICEF se publicó el “Modelo de atención integral para la niñez y adolescencia en situación de movilidad”, instrumento que brinda el marco general para una transformación de la función de los CAS como una medida de protección temporal donde se promueve el trabajo individual con cada niña, niño y adolescente, y presenta estándares mínimos para implementar el desarrollo de un modelo de atención multidisciplinar respetuoso de los derechos, incluido el de vivir en familia. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), con el apoyo de UNICEF, formulan esta propuesta dirigida a las personas profesionales del cuidado en los CAS o EAH con el objeto de que identifiquen las etapas principales y el rol de cada organismo en el procedimiento de restitución de derechos. Ofrece herramientas prácticas que responden a los retos cotidianos que se generan durante el ingreso, estancia y egreso de niñas, niños y adolescentes que esperan la resolución de su situación migratoria, desde una perspectiva de protección y promoción de sus derechos. Por último, presenta las claves para el diseño institucional de un enfoque biopsicosocial y educativo integrado a su entorno comunitario. La Guía metodológica para la atención residencial de la niñez y adolescencia en situación de movilidad orienta la implementación del “Modelo de atención integral para la niñez y adolescencia en situación de movilidad”, y es una herramienta complementaria a otras existentes dirigidas a la atención de niñas, niños y adolescentes. La Guía ha priorizado un enfoque de protección integral, inserción comunitaria, perspectiva de género y de apoyo biopsicosocial y educativo alineado con los derechos de la infancia y adolescencia.
10 Noviembre 2022

Cómo lograr que niñas, niños y adolescentes migrantes accedan a la educación

UNICEF, la Secretaría de Educación Pública (SEP) -Federal y en 4 estados: Baja California, Chihuahua, Chiapas y Puebla, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), organizaciones de la sociedad civil, academia y agencias de Sistema de Naciones Unidas en México; desarrollaron de manera participativa el Protocolo de Acceso a la Educación Básica para Niñas Niños y Adolescentes en Situación de Migración en el marco del proyecto Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración en cooperación con el Fondo Conjunto México Alemania.  El objetivo general del Protocolo es identificar y atender las barreras de acceso, permanencia y conclusión a la educación básica de niñas, niños y adolescentes en situación de migración y definir un procedimiento que contribuya a garantizar su derecho a la educación con base en la Normativa de Acceso y Control Escolar emitida por la SEP, obligatoria para todos los estados del país. El contenido de este Protocolo es pertinente para los servicios educativos de educación regular, educación comunitaria impartida por el CONAFE y los programas del INEA. Contar con un protocolo avalado por las autoridades educativas ayudará a erradicar barreras identificadas que limitan el acceso, permanencia y conclusión de la educación de esta población.  El protocolo se sustenta en este precepto: Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación, sin importar su condición migratoria; todos deben poder acceder a la educación; la inscripción puede realizarse en cualquier momento del ciclo escolar, y las autoridades escolares deben promover su permanencia a través de acciones de renivelación (tutorías, tareas de refuerzo, entre otros). Del Protocolo se deprenden infografías que en 6 pasos sencillos y claros resumen la Normativa de Acceso y Control Escolar y aclaran las principales dudas que puedan tener autoridades educativas, directivos y docentes, así como padres madres y cuidadores. Estas se realizaron junto con la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública, que otorga la revalidación de educación básica. Archivos descargables:  Protocolo Federal Protocolo para Baja California Protocolo para Chihuahua Protocolo para Chiapas Protocolo para Puebla Infografía para familias en situación de migración 
20 Mayo 2022

Es mucho DAÑO lo que YO TENGO

El fenómeno del desplazamiento forzado interno en México, si bien cuenta con antecedentes desde la década de los setenta, debido a conflictos armados relacionados con la posesión de tierras, hoy en día adquiere matices intensos y expansivos al vincularse con conflictos relacionados con el crimen organizado en zonas rurales y urbanas, acentuando la violencia y la inseguridad entre la población civil, incluidos niñas, niños y adolescentes (NNA). Tijuana y Mexicali, en el extremo noroeste de la frontera internacional de México con Estados Unidos, son las ciudades del estado de Baja California que históricamente han sido escenario de paso o de destino de movilidades mixtas, ya sea por sentido de los flujos (en tránsito sur-norte o deportados, repatriados o retornados norte-sur); por nacionalidades; causales, condición y tipos de migración (económica, [in]documentada, con fines de refugio o asilo,) y por grupos de población (NNA acompañados y no acompañados, mujeres, familias, hombres solos, ancianos y comunidad LGBTI). A partir de 2014 −y más contundentemente en 2015−, se empezó a evidenciar el constante arribo a Tijuana de personas mexicanas huyendo de la violencia imperante en sus lugares de residencia habitual, principalmente de la generada por la operación de organizaciones criminales en entidades como Michoacán y Guerrero. Esto coincide con los estados de mayor recurrencia entre las personas entrevistadas para esta investigación, sugiriendo un patrón estable desde aquellos años. Se trata comúnmente de familias integradas por diversos miembros, la gran mayoría con hijos e hijas menores de edad, e incluso con representantes de tres generaciones, que se enfrentan a amenazas, extorsión y riesgo. Este estudio tiene como objetivo identificar las necesidades de la infancia y adolescencia en materia de educación, seguridad y salud, así como la atención recibida por parte de la sociedad civil y del gobierno, se presentan posteriormente sus condiciones de vida en los albergues de las ciudades antes mencionadas. Destaca el punto de salud mental como uno de los pendientes de mayor peso, encontrando en las narrativas de NNA y personas encargadas de su tutoría una sostenida percepción de conmoción, inseguridad y miedo. El informe cierra con conclusiones y recomendaciones. En particular, se observó que cuando niñas, niños y adolescentes se ven obligados a dejar su lugar de residencia habitual a causa de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, se vulneran sus derechos humanos en una reacción en cadena que atraviesa su seguridad, sus posibilidades educativas, su salud e incluso su construcción identitaria y su sentido de pertenencia, al desprenderse abruptamente de su círculo cotidiano de vida.