Crisis migratoria en Venezuela: 1.1 millones de niños y niñas de toda la región necesitarán asistencia en 2019, según UNICEF

NUEVA YORK/PANAMÁ, 5 de abril de 2019 – Como resultado de la crisis migratoria en Venezuela, se estima que 1.1 millones de niños y niñas –entre ellos los que han salido del país, así como los que regresan a sus países de origen y los que viven en comunidades de acogida y de tránsito– necesitarán protección y acceso a los servicios básicos en toda la región de América Latina y el Caribe en 2019, dijo hoy UNICEF[1]. Esto representa un aumento proyectado con respecto a los casi 500,000 niños que necesitan ayuda hoy. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pidió a los gobiernos que protejan los derechos de todos los niños y niñas, incluidos los migrantes y refugiados, y que garanticen su acceso a los servicios esenciales.

Además, organizaciones y aliados humanitarios estiman que aproximadamente 4,9 millones de personas en la región –especialmente en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago– necesitarán asistencia este año debido a las condiciones políticas y económicas que imperan en Venezuela, y que están desencadenando esta migración regional.

“UNICEF se siente alentado por los esfuerzos de los gobiernos para hacer frente a los problemas que plantea la migración a gran escala mediante la búsqueda conjunta de soluciones regionales que estén en consonancia con las normas internacionales y las leyes nacionales, como es el caso del protocolo adoptado por Ecuador para proteger a los niños en situación de movilidad humana”, dijo María Cristina Perceval, Directora Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe.

Sin embargo, es evidente que mientras persista la crisis en Venezuela y el número de migrantes siga aumentando, algunos servicios esenciales como la protección, la atención de la salud y la educación sufrirán una merma cada vez mayor en los países de acogida y de tránsito.

Los niños, niñas y las familias migrantes están haciendo frente a dificultades para regularizar su situación en materia de inmigración, lo que puede afectar su acceso a la protección social, la atención de la salud, el desarrollo en la primera infancia, la educación, los medios de vida sostenibles y la protección de la infancia. Mientras tanto, las carencias de algunas políticas públicas integrales en materia migratoria en los países de acogida están poniendo a los niños y niñas en mayor riesgo de ser víctimas de discriminación, violencia, separación familiar, xenofobia, explotación y abuso.

UNICEF está especialmente preocupado por los informes sobre casos de xenofobia, discriminación y violencia perpetrados contra niños, niñas y familias venezolanas en las comunidades de acogida.

Algunos migrantes, incluidos niños y niñas no acompañados y separados de sus familias, las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las comunidades indígenas, se encuentran en una situación de mayor riesgo.

“Las normas de derechos humanos exigen que los Estados permitan la entrada y el registro de los niños y niñas como condición previa para llevar a cabo los procedimientos de evaluación inicial de la situación en materia de protección”, dijo Perceval. “Incluso cuando no están acompañados y carecen de documentación oficial, deben ser dirigidos inmediatamente al personal especializado para que pueda evaluar sus necesidades de protección”, añadió.

El registro de los niños y niñas que se desplazan es el primer paso para garantizar sus derechos. La información resultante del proceso de registro también proporciona a los Estados información valiosa para planificar y presupuestar mejor su respuesta.

UNICEF ha solicitado 69.5 millones de dólares para atender las necesidades de los niños y niñas migrantes y refugiados de Venezuela y de los que viven en comunidades de acogida y de tránsito en toda la región de América Latina y el Caribe. La respuesta de UNICEF implica trabajar con los gobiernos nacionales y locales, las comunidades de acogida y los aliados para garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento, la protección, la educación y los servicios de salud para todos ellos.

UNICEF también colabora con los gobiernos de los países de tránsito y de acogida para defender los derechos de los niños migrantes y refugiados. Esto significa garantizar la adhesión a las normas y principios internacionales en los procesos oficiales de migración, lo que incluye: dar prioridad a la protección de los niños por encima de cualquier otra política de inmigración; la no devolución; el interés superior del niño; la no separación y la reunificación de las familias para garantizar el derecho a la vida familiar; la no detención de los niños y las familias sobre la base de su situación migratoria; y la protección de todos los derechos de los niños, independientemente de su situación migratoria, incluido el derecho al registro del nacimiento.