Protección

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Violencia contra la niñez y la adolescencia

Niñez migrante

 

Sistemas de protección

© UNICEF/UNI186320/Heger

La gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con códigos nacionales de niñez y leyes integrales de protección de los derechos de la niñez, los cuales contemplan la creación de un sistema nacional de protección integral de la infancia. Estos sistemas intentan estructurar y sistematizar el relacionamiento entre las instituciones estatales y no estatales con el fin de dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Se han logrado avances muy importantes en este sentido, pero falta mucho más por hacer para lograr garantizar plenamente los derechos de los niños y las niñas en esta región, en donde, actualmente, 6 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición crónica, 70 millones viven en pobreza multidimensional, 14 millones están fuera del sistema educativo, 25 mil personas menores de 20 años son víctimas de homicidios cada año y 1 de cada 2 niños y niñas es sometido al castigo corporal en su hogar.

Los niños y las niñas no viven sus derechos de manera fragmentada, en su realidad cotidiana sus derechos son interdependientes. La pobreza les dificulta asistir a la escuela; la violencia en la comunidad les limita su derecho a jugar; y, la falta de apoyo a sus familias para su cuidado apropiado los deja expuestos a distintos tipo de abusos. 

Los sistemas de protección integral de la infancia deben responder a esta realidad de derechos interdependientes a través de un conjunto de órganos, entidades, mecanismos e instancias a nivel nacional, regional y local orientados a respetar, promover, proteger, restituir los derechos de los niños y niñas y reparar el daño ante la vulneración de los mismos. Esta integralidad institucional requiere de cambios fundamentales en las políticas y los programas de infancia. Supone proteger a toda la niñez, tener una mirada preventiva para una respuesta inmediata y de largo plazo ante situaciones de vulneraciones de los derechos de la niñez.

Los sistemas de protección integral para la niñez que sabemos son necesarios, aún son deficientes. Es fundamental que cada país cuente con un ente rector de infancia con las competencias legales suficientes y la capacidad real para lograr una articulación en la formulación, diseño y ejecución de las políticas de infancia. Es también de crucial importancia tener una institución que cumple las funciones de ejecución de la política pública y la legislación de infancia a través de las entidades de atención. Como parte primordial, se reconoce también que el sistema tiene que incorporar un subsistema de protección especial que contemple las medidas de protección, defensa y restitución de derechos en caso de violación de los mismos.

La asignación presupuestaria específica destinada a la instalación y puesta en marcha de este sistema es una preocupación compartida, al igual que lo es el buscar una articulación y coordinación entre los presupuestos de la niñez que suelen ser fragmentados de manera sectorial entre las varias instituciones que atienden a la infancia.  La determinación de la asignación presupuestaria al sistema de protección integral como tal, y a los subsistemas de protección especial, debe tomar como eje central de consideración la capacidad del recurso humano, que es el andamiaje de estos sistemas. La capacidad (tanto en números como habilidades) del recurso humano que trabaja con la niñez, especialmente con aquellos cuyos derechos han sido vulnerados, es un factor primordial para los resultados que se puedan lograr en la protección de los niños y las niñas.

 

Última actualización: 10 de julio de 2017.

 

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