Panorama

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© UNICEF/GUA2010/Anthony Asael

Las proyecciones de población indican que para el 2015 Guatemala tenía 16.176.133 de habitantes. De ellos, cerca de la mitad son niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad.

Para el 2014 se encontró que un 59.3% de la población guatemalteca vive por debajo de la línea de pobreza y un 23.4% vive en extrema pobreza. Además, se evidenció que casi cuatro de cada cinco personas indígenas se encontraban en pobreza y cuatro de cada diez en pobreza extrema.

Respecto de la niñez, el 68.2% de los menores de 18 años habitaban en hogares pobres. Al desagregar esta información por rangos de edad, se obtiene que el 70.2% de los niños menores de 10 años se encontraban en pobreza, mientras que para las niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años, la pobreza era de 65.9%. Según la etnicidad, se encontró que el 84.9% de la niñez y adolescencia indígena vivía en pobreza y el 45.4% en extrema pobreza.

Esto muestra que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes guatemaltecos no pueden ejercer plenamente todos sus derechos a sobrevivir, prosperar y desarrollar todo su potencial.

Al 2015, se calculó que la inversión directa del Estado a la niñez y adolescencia fue de 5.5 Quetzales diarios, por niña, niño y adolescente, para cubrir todos sus derechos; es decir, menos de un dólar al día, lo que es claramente insuficiente. Se estima que el Estado en Guatemala debe invertir por lo menos tres veces más ese monto para al menos garantizar la sobrevivencia y protección de la niñez y adolescencia más vulnerable y excluida.

Invertir recursos financieros para ayudar a que los niños sobrevivan y desarrollen plenamente su potencial es, ante todo, un imperativo moral y forma parte de los compromisos adquiridos por los países que han aprobado la Convención sobre los Derechos del Niño. Invertir en la niñez también es importante desde el punto de vista práctico, ya que redunda en beneficio de las economías y las sociedades. Sin una inversión social adecuada y de calidad, difícilmente una sociedad podrá hacer efectivos los derechos de la infancia. La inversión social es un instrumento de implementación de derechos y, por tanto, de equidad.

La equidad está íntimamente ligada con el principio de justicia social, como el acceso a los servicios públicos de agua y saneamiento, educación, salud, nutrición y justicia, así como con una participación plena en todas las esferas de la vida política, económica y cultural.

La equidad implica la igualdad de acceso y de oportunidades para sobrevivir, alimentarse, aprender y desarrollarse en un entorno propicio y seguro. Se trata de garantizar todos los derechos para todas las personas en todos los lugares, independientemente de su sexo, etnia, ingresos económicos, capacidades físicas o cognitivas, ubicación geográfica o cualquier otra condición.

El 2010, el Comité de los Derechos del Niño puso de relieve las deficiencias en la ejecución del sistema de protección integral de la niñez y los elevados niveles de desnutrición entre los niños. También se refirió a la necesidad de preparar estrategias amplias para eliminar todas las formas de discriminación; reducir la pobreza de los niños y aumentar los gastos destinados a ellos; lograr la desinstitucionalización de los niños internados en centros de atención; reformar la legislación y las prácticas relacionadas con el sistema de justicia de menores de edad; y mejorar la cobertura del registro de los nacimientos, especialmente en las zonas rurales. 

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