Situación de la Niñez

Situación de la niñez y adolescencia en el país

 

Desarrollo


El derecho al desarrollo, particularmente a través de la educación de NNA, es un derecho estipulado tanto en la legislación salvadoreña como en los diferentes tratados y convenios internacionales ratificados por El Salvador, y constituye uno de los principales mecanismos de socialización y de formación de la personalidad de este grupo poblacional. 

Para garantizar este derecho, la Ley General de Educación (LGE) establece el Sistema Educativo Nacional, el cual tiene dos modalidades: formal y no formal. La modalidad formal está dividida en cinco niveles: inicial, parvularia, básica (primaria y secundaria baja), media (secundaria alta), y superior. La no formal es la que se desarrolla de manera sistemática en centros educativos orientados a la formación ocupacional de personas jóvenes y adultas; incluye, además, el proceso educativo que niñas, niños y adolescentes reciben de su ambiente social, familiar, cultural, etc. 

Las tasas netas de cobertura educativa, de acuerdo al Ministerio de Educación, evidencian los esfuerzos y prioridad que el país ha asignado tradicionalmente por aumentar el nivel de primaria, donde la tasa se ha mantenido superior al 90% en los últimos años. El tercer ciclo ha sido otro nivel educativo que ha crecido, alcanzando un 64.8% en 2013. Los niveles con menor cobertura son parvularia, que reporta un 56.4% en el mismo año, y educación media con un 37.6%. La cobertura en el nivel de educación inicial es el más limitado, llegando a 1.2%. Todos los niveles, excepto primaria, tienen una tendencia al alza en los últimos años. 

Los avances en la cobertura neta educativa son positivos en el agregado, pero se deben redoblar esfuerzos para que lleguen a todas y todos por igual. Al analizar la EHPM 2013, se evidencia que el nivel de asistencia es dispar dependiendo de ciertas variables, y que se acentúa en los niveles educativos de menor cobertura global. Por ejemplo, mientras 3.9% del quintil más alto de bienestar recibe educación inicial, solamente el 0.5% del quintil más bajo lo hace; 64.7% de las niñas y niños urbanos asisten a parvularia mientras que solo lo hace el 53% de la niñez rural; y 40.9% de adolescente mujeres reciben educación media mientras que en el caso de varones, es solamente el 37.2%. Al ver los datos con un enfoque de ciclo de vida, es claro que, por un lado, el ingreso al sistema educativo no se lo hace oportunamente; y, por el otro lado, se van perdiendo estudiantes a medida que entran en la adolescencia. 

Según la EHPM 2013, el 50.6% de las niñas y niños en edad de asistir a parvularia no lo hace porque “tienen muy poca edad” y el 39.1% porque “sus padres no quieren”. En el otro extremo, de los adolescentes que no reciben educación media y están en edad de hacerlo, el 30.3% es porque “no le interesa”, el 21.0% porque “necesita trabajar”, y el 19% porque “es muy caro”. Un factor que conjuga y refleja el abandono escolar es el rezago académico, ya que hay un mayor riesgo de abandonar la escuela por sobreedad; así, de los estudiantes con rezago académico, 41% tiene más de dos años de rezago en primaria, y 48% en secundaria, lo que los pone en riesgo crítico de abandono. Estas cifras sugieren una mezcla de incomprensión en la sociedad del valor de la educación desde los primeros años, de limitada oferta educativa, y de retos curriculares, estructurales y de calidad en el proceso educativo. 

De acuerdo al MINED, en el país existen en la actualidad 6,062 centros escolares, donde los públicos atienden al 86% de los estudiantes y los privados al 14% restante. Si se considera la población en edad de beneficiarse de educación media, por ejemplo, la infraestructura actual requeriría un promedio por centro de 510 estudiantes, lo que indica las dificultades en la oferta cuantitativa. En cuanto a calidad educativa medida por la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES), en el año 2013 los resultados fueron de 5.80 en el sector privado y 5.10 en el sector público. 

Por otro lado, la atención educativa hacia la población con necesidades especiales ha sido un reto, ya que el sistema educativo fue originalmente diseñado para atender a esta población por separado. En la actualidad existen 30 centros de educación especial, 5 para niñez y adolescencia con discapacidad auditiva y 1 para niñez que tiene discapacidad visual, lo que hace que la cobertura sea muy baja y que se concentre en la zona urbana, dejando a la población rural sin muchas opciones de acceso. De acuerdo al Censo Escolar de 2013, un total de 16,309 personas con discapacidad asistían a las escuelas regulares. 

La respuesta del gobierno a los retos en el sector de la educación fue el “Plan Social Educativo”, el que promovió como uno de sus programas más fuertes el Modelo del Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-EITP). Este modelo conlleva la creación de sistemas o núcleos de escuelas mancomunadas para lograr la expansión a un grupo considerable de centros educativos. Al año 2013 se tenían 1,513 escuelas bajo este modelo, en 179 sistemas. 

Otros esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación han sido en torno a mejorar la profesionalización docente, mejorar los procesos de acreditación de los centros educativos de educación media, así como los procesos de acreditación de los colegios privados. 

La gobernanza de los centros educativos ha sido un tema también en el que se ha avanzado, dando mayor fortaleza a los Consejos Directivos Escolares. El MINED reporta que, para el año 2011, la inversión que el país realizaba en educación representaba el 3.43% de Producto Interno Bruto (PIB) y, en términos del gasto público nacional, la inversión en educación representó para ese año el 16.26%. De acuerdo al informe de Cuentas Nacionales en Educación, la inversión promedio por estudiante aumentó, entre los años 2009 y 2011, 12% en parvularia, 25% en básica, y 39% en media.

Esto denota que hay un creciente reconocimiento de la prioridad de la educación a nivel oficial, pero también que se requieren mayores esfuerzos presupuestarios.

 

 

 
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