El Salvador avanza en la generación de evidencia sobre Justicia Penal Juvenil.

20 Febrero 2020
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UNICEF/González

San Salvador, 20 de febrero de 2020.  El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y adolescencia (CONNA), con el apoyo de UNICEF, presentaron el informe “La Justicia Penal Juvenil de El Salvador en Cifras”, que atiende algunas de las observaciones emitidas en 2018 por el Comité de los Derechos del Niño, referente a la generación de evidencia sobre los avances del cumplimiento de sus derechos, principalmente en el ámbito de adolescentes en conflicto con la Ley.

El informe, elaborado en el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, muestra datos que evidencian un bajo porcentaje de participación de adolescentes en detenciones vinculadas a hechos delictivos o vinculación con pandillas, en comparación con la población adulta. En 2017 según datos de la PNC, del total de personas detenidas por haber cometido algún delito, únicamente el 7.9% eran adolescentes. De igual forma, solo el 9.5% del total de detenidos por vinculaciones con pandillas eran adolescentes. Este hallazgo sustenta una de las recomendaciones hechas por el comité de “no estigmatizar al sector adolescente, debido a los altos índices de violencia del país” (Recomendación 5.1).

El informe “La Justicia Penal Juvenil de El Salvador en Cifras” presenta además una distribución de la población por grupos etarios y por género y muestra una tendencia en la disminución no sólo de detenciones policiales de adolescentes, sino también de los que son procesados en el sistema de justicia en los últimos años.

Esta es una información relevante, especialmente para los tomadores de decisiones para el análisis, diseño e implementación de políticas públicas sobre seguridad ciudadana. El Informe también evidencia la mejora en la capacidad de las instituciones del Estado en la generación de información a disposición del público, sin embargo, existe el reto de mejorar la divulgación y periodicidad que se hace de este tipo información.

La presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, Dra. María Antonieta Josa de Parada mencionó que “este informe es el punto de partida de muchas otras acciones que esperamos lograr, con el apoyo de UNICEF. El objetivo principal es llevar a toda población del sector justicia este informe, para que podamos contar con decisiones basadas en una realidad. Esperamos que este esfuerzo mejore nuestra prestación de servicio hacia la justicia, que veamos la realidad de los adolescentes y jóvenes en cifras y saquemos de nuestra mente que ellos son los que generan la criminalidad, y de esta forma orientar las políticas públicas hacia la prevención y la resocialización de esta población, educar en responsabilidad es uno de los fines principales del proceso de la justicia penal juvenil”.

“Esta sistematización brinda un punto de partida para apuestas más amplias, como el desarrollo de bases de datos compartidas entre las instituciones, con la finalidad de disponer de información pertinente que permita mejorar la toma de decisiones basadas en evidencia y favorecer la coordinación interinstitucional. Como UNICEF reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando iniciativas de este tipo, en pro del cumplimiento y protección de todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, dijo la Representante Adjunta de UNICEF, Begoña Arellano, e invitó a las autoridades a hacer una lectura reflexiva y profunda de este informe.

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