29 Mayo 2023

La inversión pública dirigida a la niñez y la adolescencia

A través de la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN) los Estados asumieron, en el ámbito internacional y ante sus propios ciudadanos, la obligación de garantizar a cada niña, niño y adolescente (NNyA) el pleno ejercicio de sus derechos. Para hacer efectivo este compromiso es necesario implementar un cambio profundo en el diseño de las políticas sociales, el cual será inviable si no se concreta una fuerte asignación de recursos hacia la niñez y la adolescencia. Por tanto, la medición y análisis de la inversión en la infancia y adolescencia es una condición necesaria para sostener e incrementar la asignación de recursos públicos destinados a las niñas, niños y adolescentes, especialmente en los sectores con menor inversión y en las regiones con mayores niveles de pobreza. El sostenimiento de los recursos refiere a que la inversión en la infancia y la adolescencia sea afectada lo menos posible por los procesos de volatilidad económica y financiera o por la necesidad de responder a crisis humanitarias. En el caso de la República Dominicana, el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es primordial para el desarrollo y la sostenibilidad social. Para estos fines, tanto en el marco normativo nacional como internacional, se establece como una obligación a cargo del Estado destinar una proporción adecuada del gasto público a la infancia y la adolescencia. Esto, además, constituye una de las prioridades de la política social, según se consigna en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). En ese sentido, este estudio fue realizado con el propósito de cuantificar la proporción del presupuesto público que se destinó a la niñez y adolescencia en la República Dominicana durante el período 2021, tanto de manera directa como indirecta. Por consiguiente, el análisis pretende facilitar a las autoridades la toma de decisiones vinculadas a satisfacer las necesidades colectivas y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, y fortalecer las políticas que hacen posible el cumplimiento de los derechos. Para la medición se utilizaron dos categorías de análisis por tipo de inversión: la inversión directa, que responde a programas específicos para beneficiar a la niñez y la adolescencia; y la inversión indirecta, que corresponde a las iniciativas que, sin haber sido diseñadas específicamente para este grupo poblacional, repercuten de manera visible en su bienestar. En el caso de la inversión directa, esta también se recoge desde una perspectiva de ciclo de vida; el sexo de la población; la clasificación funcional (incluyendo servicios sociales y no sociales); el tipo de insumos adquiridos por el Estado para realizar las políticas (objeto del gasto); la participación institucional de los ejecutores y las fuentes de financiamiento que aportan los recursos para sustentarlas.