Áreas de trabajo

Proteger no es sólo erradicar las conductas adultas que dañan a los niños y las niñas, sino también crear y aplicar procedimientos que solucionen estas situaciones respetando todos y cada uno de sus derechos. Es decir que, para que una intervención sea protectora, deben preverse los mecanismos institucionales necesarios para garantizar al niño, niña o adolescente todos sus derechos durante esa intervención: derecho a vivir con su familia si lo desea, a su identidad, a su privacidad, a decidir sobre lo que va a suceder, a no hacer todo aquello con lo cual se sientan incómodos.

De acuerdo con esto, y en referencia a los derechos de la infancia y la adolescencia, son obligaciones principales del Estado:

• respetarlos, es decir, abstenerse de cualquier conducta o actividad que atente contra sus derechos
• protegerlos, restaurando sus derechos si estos fueron lesionados, impidiendo que se atente contra ellos
• promoverlos, iniciando o impulsando procesos y acciones que lleven al cumplimiento de estos derechos.

En Uruguay, proporcionar un trato protector está directamente relacionado con la creación de un entorno adecuado para niños y niñas, e implica la erradicación, prevención y respuesta en caso de:

• violencia contra niños, niñas y adolescentes que incluye el abuso, maltrato físico y mental, abandono, explotación o abuso sexual.
• falta de inscripción de nacimiento que implica una violación del derecho a la identidad y problemas de acceso a políticas sociales.
• trabajo infantil que daña la salud de niños, niñas y adolescentes, y ponen en peligro su educación.
• explotación sexual comercial que supone la pornografía y la prostitución infantil, una de las peores formas de trabajo, y una moderna forma de esclavitud. Sin contar con que a los niños y niñas sexualmente explotados se les trata a menudo como delincuentes.
• trata que establece a sus víctimas como objetos de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata o no remunerada, inclusión en grupos armados, etc.
• conflictos con la ley en los que es necesario aplicar medidas punitivas más adecuadas de acuerdo con la edad, fomentando la integración en la sociedad y reduciendo la reclusión, al tiempo que se protege a niños, niñas o adolescentes de la violencia, los malos tratos y la explotación.
• internación que provoca que niños, niñas y adolescentes sean innecesaria y prolongadamente separados de su familia y comunidad y estén más expuestos a cuidados inadecuados, malos tratos y explotación.