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Recuadro 17Para que los programas de enriquecimiento sean sostenibles
Foto: En Ghana, unos trabajadores reúnen sal para llevarla a una planta procesadora para su yodación. El enriquecimiento de los alimentos básicos con hierro, vitamina A, yodo y otros micronutrientes es la opción más rentable y sostenible para eliminar las carencias de micronutrientes. La yodación de la sal es prueba del éxito de los programas de enriquecimiento: desde 1990 hasta la fecha, la sal yodada se ha puesto al alcance de 1.500 millones de consumidores en todo el mundo, salvando así del retraso mental a millones de niños pequeños todos los años. Si bien los resultados son positivos, el proceso de enriquecimiento es complejo y exige que el gobierno y la industria se comprometan a colaborar entre sí, como aliados. La experiencia reciente indica que el enriquecimiento tiene éxito cuando los productores participan desde el principio en la elaboración de reglamentaciones y en la solución de los problemas técnicos y de mercado, de los que depende el éxito, o el fracaso, del programa. Es la ley: Un requisito esencial es contar con una legislación eficaz que ayude a fijar metas y definir las funciones de los productores de alimentos, las autoridades en la esfera de la salud y la nutrición, y las instituciones científicas. Sin este marco, aumenta el riesgo de que el programa sea mal ejecutado, obtenga resultados desiguales o incluso fracase. Así ocurrió en Sudáfrica, donde un programa de enriquecimiento del maíz iniciado en 1983 sin legislación obligatoria fue considerado un fracaso 10 años después. Actualmente se están haciendo esfuerzos por reanimar el programa, especialmente en lo relativo a la legislación y el papel de la industria de la alimentación. La legislación no basta, de por sí: hay que aplicarla y apoyarla con políticas adecuadas. En 1974 se aprobó en Guatemala una ley que disponía el enriquecimiento del azúcar con vitamina A. No sólo no se aplicó la ley, sino que el programa de enriquecimiento se desplomó rápidamente porque los productores no estaban convencidos de su eficacia y porque faltaban las divisas necesarias para comprar la vitamina. Hubo de transcurrir un decenio antes de que se reanudase el programa. Esto se logró luego de que el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) y el UNICEF trabajaron directamente con los productores, y les explicaron la importancia del enriquecimiento, dándoles asistencia técnica y ayudándolos a obtener vitamina A a precios por debajo de los comerciales o mediante donaciones. El Ministerio de Salud de Panamá aplica hoy en día la ley: los productores cuya azúcar muestre niveles bajos de vitamina A en los ensayos efectuados al azar reciben, primero, una advertencia y, luego, o se les multa o se les cierra el negocio. Precio y comercialización: El costo inicial en maquinarias y capacitación puede ser alto, pero sólo se produce una vez. Los costos de la sustancia enriquecedora, la mano de obra y el mantenimiento del equipo son recurrentes. Los controles de precios y los impuestos también afectan la capacidad de los alimentos enriquecidos para competir en el mercado. En ambas esferas, los gobiernos pueden ejercer una influencia positiva. Por ejemplo, cuando el Gobierno del Brasil eliminó los controles de precios y redujo un impuesto sobre el valor agregado de la leche, se estimuló la producción lechera y el enriquecimiento de la leche se hizo más atractivo para los productores. Las leyes también pueden eliminar las ventajas en materia de precios de que disfrutan los productos no enriquecidos. En 1997, Omán prohibió la producción nacional y la importación de harina de trigo blanca sin enriquecer con hierro y ácido fólico y Bolivia dispuso que todo el trigo, ya fuese nacional, importado o donado, se enriqueciese con hierro, ácido fólico y complejo de vitamina B. Sin embargo, la intervención gubernamental no siempre logra disminuir los costos hasta niveles aceptables. En Indonesia, por ejemplo, se abandonaron los esfuerzos por enriquecer el glutamato monosódico, debido a lo costoso que hubiese sido intentar resolver los problemas técnicos de mantener la estabilidad de las vitaminas y un color constante. En Filipinas resultó tan caro enriquecer la margarina que sólo una empresa multinacional lo ha hecho. Cuestiones de calidad: El enriquecimiento a veces tiene consecuencias comerciales, puesto que cualquier cambio en el sabor, apariencia u olor de un producto puede afectar negativamente las ventas y la participación en el mercado. Cuando Venezuela decidió enriquecer la harina de maíz con fumarato ferroso (hierro), a fines de los años ochenta, el producto en vez de ser blanco, como de costumbre, resultó gris en las pruebas de mercado que se hicieron. Conscientes de que los consumidores no iban a comprar el producto, los productores se resistieron. La situación se resolvió en 1992, cuando el Instituto Nacional de Nutrición permitió que los productores enriqueciesen la harina con una mezcla de componentes de hierro que no cambiaba su color. Seguimiento: Es esencial vigilar el proceso entero, para asegurar que los productos enriquecidos mantengan las debidas normas de potencia y lleguen a los consumidores. En Chile se empezó a enriquecer con hierro la harina de maíz ya a principios de los años cincuenta. Sin embargo, el sistema de vigilancia y supervisión de la calidad sólo se vino a establecer en 1967 y la eficacia del programa sólo empezó a evaluarse a partir de 1975, en que se efectuó la primera encuesta nacional sobre los niveles de hierro entre la población. La dedicación y la coordinación son esenciales: “Hay que convencer a las autoridades de la necesidad de que el enriquecimiento sea obligatorio. Para eliminar toda posibilidad de resistencia, hay que convencer a los productores de los beneficios del enriquecimiento”, dice Jorge David, que encabeza la Asociación Latinoamericana de Industrias de Molienda (ALIM). En 1996, Bolivia fue el primer país en recibir una certificación por haber eliminado prácticamente las enfermedades por carencia de yodo como problema de salud pública. Este éxito fenomenal es el resultado de una legislación que expresó una decisión en materia de política pública de yodar, así como de 13 años de labor coordinada de los productores de sal, el Gobierno y los organismos internacionales de cooperación. |
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