Perspectiva: Segregación y malos tratos en las instituciones

Por Eric Rosenthal y Laurie Ahern

En todo el mundo hay millones de niños y niñas con discapacidad que viven separados de sus familias e ingresados en orfanatos, internados, instalaciones psiquiátricas y residencias de asistencia social. A los niños y niñas que sobreviven a las instituciones les aguarda, de por vida, un panorama de segregación de la sociedad en instalaciones para adultos. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, segregar a los niños y niñas por causa de su discapacidad es una violación de los derechos de cada uno de esos niños o niñas. El artículo 19 de la Convención exige a los gobiernos el establecimiento de las leyes, las políticas sociales y los servicios de apoyo a las comunidades que se precisan para prevenir el aislamiento o la segregación de la comunidad. 

A lo largo de 20 años, Disability Rights International ha documentado las condiciones en que viven los niños y niñas con discapacidad ingresados en instituciones de 26 países de todo el mundo. Las conclusiones que hemos alcanzado son sorprendentemente homogéneas. Hemos entrevistado a madres desoladas y a padres que desean tener a sus hijos e hijas en el hogar, pero que, por no recibir el apoyo adecuado de su gobierno, no pueden permitirse quedarse en casa para atenderles en lugar de ir a trabajar. Los médi-cos suelen aconsejar a los progenitores que coloquen a su hijo o hija en un orfanato antes de que se encariñen demasiado con él. 

La crianza de los niños o niñas en escenarios comunitarios entraña peligros inherentes. Incluso cuando las instituciones están limpias, bien gestionadas y dotadas del personal idóneo, los niños y niñas enfrentan riesgos mayores para su vida y su salud que los niños y niñas que crecen junto a sus familias. Los niños y niñas que crecen en instituciones presentan más probabilidades de desarro-llar deficiencias que dificulten su crecimiento, y los más jóvenes de entre ellos corren el riesgo de sufrir además daños psicológicos irreversibles. 

Incluso en instituciones en que la alimentación es adecuada, hallamos con frecuencia a niños y niñas escuálidos simplemente porque dejan de comer; es una afección que se conoce como “retraso en el desarrollo”. Los bebés y los niños y niñas con discapacidad pueden caer en la desnutrición o en una carencia de nutrientes adecuados debido a que el personal de la institución no puede tomarse el tiempo necesario para alimentarles. Muchas veces, cuando se trata de un niño o niña en cama, el personal le coloca un biberón sobre el pecho, en teoría para que pueda cogerlo y beber; pero en la práctica, es posible que el niño o niña sea incapaz de cogerlo. 

A muchos niños y niñas se les deja languidecer en esos lugares. En 2007, un investigador de Disability Rights International descubrió, con gran horror, que un niño que parecía tener 7 u 8 años tenía en realidad, según una enfermera, 21, y que no había salido de su cuna en 11 años. 

Sin movimiento, las discapacidades físicas empeoran, y los niños y niñas pueden acabar desarrollando complicaciones médicas que amenacen su vida. A algunos niños y niñas se les atrofian los brazos y las piernas, y hay que amputárselos. 

Sin atención ni apoyo emocional, muchos niños y niñas se vuelven autodestructivos, y puede que se balanceen hacia delante y hacia atrás, que se golpeen la cabeza contra las paredes, se muerdan a sí mismos o se metan los dedos en los ojos. La mayoría de las instalaciones carecen de personal preparado que pueda ayudar a estos y niñas a cesar en esas conductas. Al contrario, en ocasiones se les ata de forma pemanente a la cama o se les introduce en una jaula, ya sea para prevenir los daños que se infligen a sí mismos o para ayudar a los empleados que, desbordados, intentan atender las necesidades de los numerosos niños y niñas que tienen a su cuidado. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, y el Relator Especial sobre la tortura de las Naciones Unidas han manifestado que el uso prolongado de medidas retentivas podría constituir tortura. 

Para un niño o niña ingresado en una institución, caer enfermo puede ser una sentencia de muerte. Los empleados de las instalaciones de más de un país han declarado que a los niños y niñas con discapacidad se les deniega tratamiento médico de forma sistemática. Empleados de las instituciones nos han dicho también –erróneamente– que los niños y niñas que padecen discapacidades del desarrollo no son capaces de sentir dolor, de modo que en algunos casos los procedimientos médicos se llevan a cabo sin anestesia. En una instalación concreta se les extraían los dientes a los niños y niñas empleando alicates; en otra, los niños y niñas recibían terapia de electroshock sin anestesia ni relajantes musculares.

Se ha administrado electroshock a niños y niñas mientras se les mantenía amarrados y aislados durante largos periodos de tiempo con el fin de hacerles daño, argumentando que esta “terapia adversa” servía para erradicar conductas consideradas como inadecuadas. Un maestro de los Estados Unidos nos relató el caso de una niña sorda, ciega y muda a la que le dieron electroshock porque gemía. Resultó que tenía un diente roto. 

Al no existir ningún mecanismo de supervisión o de salvaguarda de los derechos humanos, se han dado casos de niños y niñas que, efectivamente, han desaparecido de las instituciones. La mayoría de las instalaciones que visitamos no contaban con ningún programa de vigilancia y aplicación de los derechos humanos para proteger contra la violencia, la explotación y los malos tratos, como dispone el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En algunos casos, las autoridades no llevan la cuenta de los nombres o la cantidad de niños y niñas recluidos en estos lugares. 

Las estadísticas oficiales no son fiables y, a menudo, atenúan la exposición de los datos que se refieren al uso de sistemas segregados de servicios. Es frecuente que las cifras se limiten a los orfanatos, con lo que no incluyen a los niños y niñas retenidos en otro tipo e instituciones como los internados, las instituciones sanitarias o psiquiátricas, los sistemas de justicia penal o los refugios para personas sin techo. Y a menudo no se tienen en cuenta las instituciones privadas o religiosas, que quizás sean más extensas que los orfanatos estatales. 

En las entradas de algunos orfanatos se exhiben los logotipos de gobiernos, empresas donantes, iglesias u obras benéficas privadas. Aunque represente una proporción mínima del presupuesto operativo de una institución, la ayuda económica de donantes internacionales o de agentes de apoyo técnico puede dar la impresión de que el centro cuenta con una suerte especie de “sello de aprobación”. Disability Rights International ha constatado casos en que se ha recibido ayuda bilateral y multilateral –tanto oficial como procedente de donaciones voluntarias de los empleados–para instalar servicios como zonas de recreo en orfanatos donde los niños y niñas mueren por falta de atención médica y donde se les tiene atados a la cama. Es posible que la intención de estos donantes sea buena, pero este apoyo contraviene el espíritu de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos sobre derechos que protegen a las personas de la segregación. 

No debería apartarse a ningún niño o niña de su familia por causa de una discapacidad. Disability Rights International exhorta a todos los gobiernos y organismos internacionales donantes a que se comprometan a evitar ulteriores colocaciones en orfanatos. Es mucho más difícil proteger a los niños y niñas y brindarles una oportunidad de vivir en sociedad cuando sus vínculos familiares ya se han roto. La confinación de los niños y niñas en instituciones es una violación de los derechos humanos. Podemos acabar con esta práctica en todo el mundo por medio de una moratoria en las futuras colocaciones.

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