Perspectiva: Desde la invisibilidad hasta la inclusión para los niños indígenas con discapacidad

Por Olga Montufar Contreras

Las personas indígenas han tenido que vivir durante mucho tiempo en la extrema pobreza, la discriminación y la exclusión de la sociedad y de los servicios sociales. Dentro de nuestras comunidades, los jóvenes de ambos sexos con discapacidades son los más vulnerables y los que peor lo pasan. Su marginalización persiste a pesar de que tres organismos internacionales de los derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Convención sobre los Derechos del Niño, nos permitieron una oportunidad histórica para abordar los retos a los que se enfrentaba la población infantil indígena con discapacidades. 

Yo nací en una comunidad indígena con una discapacidad física causada por la poliomielitis, y aunque han pasado los años veo que la situación ha cambiado poco, o más bien nada. Hoy en día, igual que cuando era pequeña, los niños y las niñas con discapacidad están condenados al ostracismo, y el rechazo que sufren por parte de la comunidad se extiende a la madre, al padre y a los hermanos y hermanas, porque la discapacidad está considerada como un castigo divino, y un niño con discapacidad representa una carga para la comunidad. Ahora, como enton-ces, resulta extremadamente difícil acceder a los servicios y hacer frente a los gastos adicionales generados por un miembro de la familia con discapacidad. La miseria absoluta, el aislamiento geográfico y la marginación política se sustentan y están reforzados por la discriminación y los prejuicios. Las consecuencias pueden ser graves: muchas madres, débiles y sin poder para cambiar las cosas, permanecen en silencio ante nuestra condición o recurren al infanticidio. 

Mi familia es una de las pocas que muestran solidaridad hacia los hijos e hijas que tienen discapacidades. En nuestro caso se debía en parte a que habíamos migrado a la ciudad y pudimos obtener una vivienda más cerca de los servicios de asistencia. Pero en las desesperadas cir-cunstancias en las que viven la mayoría de nuestras familias, son frecuentes las violaciones de los derechos humanos, y no despiertan el interés de los demás. Por eso es necesario movilizar la voluntad y los recursos para tomar medidas que merezcan la pena. 

Uno de los problemas más acuciantes que hay que abordar es la falta de datos estadísticos sobre las comunidades indígenas en general y de nuestros niños y niñas con discapacidad en particular. Reunir los datos puede resultar una ardua tarea: las familias indígenas viven en casas diseminadas, a menudo en zonas remotas.  

Puede que no haya suficientes entrevistadores que hablen lenguas indígenas. En muchas ocasiones, las familias niegan nuestra existencia a las personas a cargo de las encuestas. Incluso en los casos en que nuestros padres y madres nos admiten y quieren ayudarnos, acaban entregando una información insuficiente porque, para empezar, son pocos (suponiendo que haya alguno) los servicios de pruebas o diagnóstico de la discapacidad. Como la falta de dichos servicios contribuye a nuestra invisibilidad, esto supone una amenaza a nuestra condición física e intelec-tual. A estos problemas hay que añadir que a los niños y niñas con discapacidad a menudo no se les registra al nacer, siendo éste uno de los principales obstáculos para que se reconozca nuestra ciudadanía y el derecho a los servicios públicos. Esta circunstancia debería motivar la investigación en las poblaciones indígenas, y los resultados pueden servir como punto de partida para desarrollar políticas públicas y servicios que aborden nuestras necesidades y garanticen nuestros derechos. 

La falta de accesos al sistema de educación convencional también puede ser corregida. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad requiere la inclusión de los niños y las niñas indígenas con discapacidad pero, en la práctica, la inclusión a menudo se encuentra muy lejos del alcance de las niñas y los niños de nuestras comunidades. Las distancias que deben recorrer a diario para llegar a la escuela a veces son inaccesibles. Hay pocas escuelas que cuenten con instalaciones apropiadas y los servicios mínimos para facilitar el aprendizaje. Y, de nuevo, las prácticas de la comunidad tradicional contribuyen a la falta de una educación inclusiva. Los jefes de los clanes determinan las funciones que deben desempeñar las niñas y los niños desde su nacimiento, y, en caso de que padezcan alguna discapacidad, la idea generalizada es que enviarlos a la escuela supone una pérdida de tiempo, además de una carga económica excesiva para la familia. Mucha gente cree que las personas con alguna discapacidad como yo somos objetos rotos que no servimos para nada, incluso si se nos arregla provisionalmente. La situación es aún peor para las niñas con discapacidad, ya que para nosotras es más difícil que para los niños obtener permiso para estudiar. 

Incluso cuando los estigmas de la comunidad se han superado y hemos podido asistir a la escuela, nuestros profesores tienen que hacer frente a dos obstáculos: el insuficiente conocimiento de las lenguas indígenas y su inadecuada preparación en educación incluyente. La falta de preparación hace más difícil incluir a los niños y niñas con discapacidades. Por consiguiente, nos vemos obligados a confiar en la buena voluntad de los profesores que, a título personal, acepten el reto de incluir en sus aulas a niños indígenas con discapacidades. 

En México, como en cualquier otro sitio, los gobiernos, organismos internacionales y grupos de la comunidad se esfuerzan por eliminar la distancia que existe entre lo ideal y lo actualmente posible. Debemos seguir trabajando juntos para garantizar una infancia más justa y equitativa, para transformar las vidas de las niñas y los niños indígenas discapacitados mediante la esperanza y las oportunidades para el futuro, de manera que también ellos puedan ser libres para dejar volar sus sueños. 

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