Los niños y niñas en centros de detención deberían ser los más visibles para las autoridades nacionales, pero a menudo no se les trata como si fueran niños

Sería lógico que los niños y niñas detenidos por el sistema de justicia criminal fuesen los más visibles de todos, accesibles a intervenciones que les aseguren atención de la salud, educación y protección. Pero a menudo los niños y las niñas en conflicto con la ley dejan de ser tratados como menores de edad y en lugar de ello se considera que su posible trasgresión les aleja de la protección debida a la infancia y les expone a la posibilidad de recibir el mismo tratamiento a que son sometidos los delincuentes adultos o, peor aún, a sufrir un abuso contra su vulnerabilidad como niños.

Los datos sobre niños y niñas en centros de detención son escasos, pero los cálculos indican que hay más de un millón confinados en centros de detención como resultado de haber entrado en conflicto con la ley. A diferencia de muchos otros niños y niñas considerados en este informe, en muchos países los niños y niñas que se encuentran en poder del sistema de justicia criminal han sido procesados y están disponibles para que se realice un escrutinio oficial sobre ellos; no hay ninguna excusa, por tanto, que justifique esta escasez de información.

Sin embargo, está claro que la violencia contra los niños y niñas en los centros de detención es un problema generalizado y muy grave. En su trigésimo séptima sesión, el Comité de Derechos del Niño dijo que tenía motivos de preocupación sobre los procedimientos y la protección de los niños y niñas en poder del sistema judicial en el Brasil, entre otros países, ya que había informes sobre tortura y asesinatos extrajudiciales en los establecimientos penitenciarios.

Los niños y niñas corren el riesgo de ser víctimas de la violencia mientras se encuentran en centros de detención antes y después de cualquier juicio al que se les pueda someter. Entre estos peligros está el que los prisioneros adultos, los guardias, los policías u otros presos juveniles ejerzan contra ellos actos de violencia física y sexual, a menudo con el consentimiento e incluso el asiento del personal que trabaja para el sistema. El sistema penitenciario es excesivamente violento, con casos de detención indefinida y largos períodos de aislamiento o de convivencia con prisioneros adultos en condiciones de hacinamiento y falta de higiene. En un reducido número de países, todavía se aplica la pena de muerte a los delincuentes juveniles. El problema será abordado en el Estudio sobre la violencia contra la infancia del Secretario General de las Naciones Unidas (en inglés), un informe que será publicado en 2006.

Según un grupo de expertos internacionales reunidos en abril de 2005 como parte de las consultas para el estudio sobre la violencia del Secretario General de las Naciones Unidas, los factores más importantes que impulsan la violencia contra los niños y niñas en el sistema judicial son:

• La impunidad y falta de rendición de cuentas de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones y el personal que comete actos de violencia contra la infancia.

• El uso excesivo de la detención, especialmente la detención antes del juicio, inclusive de jóvenes que no son culpables.

• La falta de alternativas comunitarias al sistema oficial de justicia y alternativas a la detención, como por ejemplo, sistemas de atención y protección.

• La falta de sistemas de justicia juvenil apropiados, incluidos los establecimientos adecuados y la separación de los adultos.

• La falta de controles externos sobre las instituciones, incluidos procedimientos eficaces e independientes de presentación de quejas e investigación, supervisión independiente y acceso de las organizaciones no gubernamentales.

• La "aceptación" de la violencia por parte de la sociedad, lo que lleva a la tolerancia de la violencia a todos los niveles: familiar, escolar y comunitario.

• La falta de capacitación y sensibilidad del personal encargado del cumplimiento de la ley y de la justicia juvenil.

• Políticas excesivamente duras para erradicar el crimen, una cobertura negativa de los medios de comunicación y la existencia de imágenes discriminatorias de los niños de la calle y de otros niños y niñas desfavorecidos social y económicamente.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de proteger a los niños y niñas contra el abuso y el perjuicio en centros de detención. Pero también deben poner en tela de juicio si un niño o niña debe o no debe estar sometido a una detención. La detención debe ser siempre el último recurso, pero en muchos casos se adopta rápidamente como una respuesta inmediata a las conductas antisociales o perturbadoras de los niños y los adolescentes, como si apartarlos de la vista y de la mente fuese una meta en sí misma, en lugar de una consecuencia no deseada.