Una campaña de promoción mundial, encabezada por la Campaña Internacional de Prohibición de Minas Terrestres y en la que participaron más de 1.000 organizaciones no gubernamentales, condujo en 1997 a la aprobación de un tratado que prohíbe su uso y supuso para la campaña el Premio Nóbel de la Paz de 1997. El tratado de prohibición de las minas entró en vigor en marzo de 1999 y en septiembre de 2004, 143 países habían consentido oficialmente en obligarse por el tratado.

Gráfico 3.4: Minas terrestres: panorama mundial. Haga clic aquí para ver este gráfico.

Otra medida positiva fue la aprobación a finales de 2003 del Protocolo V de la Convención sobre ciertas armas convencionales, que exige a las partes de un conflicto eliminar todos los restos de explosivos de guerra, colocar advertencias a los civiles sobre su naturaleza peligrosa y prestar asistencia a las bajas. A medida que aumenta el número de países que aceptan la necesidad moral de prohibir armamentos que tienen unos efectos tan indiscriminados y perniciosos, sigue descendiendo el número de incidentes registrados sobre el uso de minas terrestres: 13 gobiernos las desplegaron entre 2000 y 2001, nueve entre 2001 y 2002 y seis entre 2002 y 2003.

El reto ahora es mantener esta mejora constante al mismo tiempo que se sigue ejerciendo la presión sobre aquellos gobiernos que todavía no han apoyado el Tratado para la Prohibición de las Minas. Entre los países que no lo han firmado se encuentran tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entretanto, existe la necesidad urgente de impartir educación sobre los riesgos que representan las minas. Esto no significa simplemente enseñar a la gente nociones básicas para reconocer las minas, inclusive cómo reconocer las señales de aviso. Para acelerar la educación sobre los riesgos que representan las minas es preciso descubrir también, por medio de encuestas cualitativas detalladas, los principales factores que contribuyen a que se produzcan accidentes relacionados con las minas terrestres, entre ellos la pobreza, el desplazamiento y la exclusión social. Desde finales de los años 1990 se ha alentado cada vez más a las comunidades para que determinen cuáles deben ser las prioridades locales en la educación sobre los riesgos que representan las minas terrestres. Esta educación ha comenzado a integrarse también cada vez más en los programas de estudios y en los programas de salud pública. Mejorar la recopilación de datos no solamente contribuirá a realizar una promoción más adecuada, sino también a concebir programas más efectivos para ayudar y proteger a los niños y niñas afectados.