Se han logrado grandes avances en el reconocimiento de las repercusiones excepcionales que los conflictos armados tienen sobre las niñas y las mujeres. El 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1325 sobre la mujer y la paz y la seguridad. Era la primera vez que el Consejo de Seguridad abordaba las consecuencias desproporcionadas que tienen los conflictos armados sobre la mujer. El documento reconoce las contribuciones –a menudo subvaloradas– de las mujeres en la prevención de conflictos, el mantenimiento de la paz, la resolución de conflictos y la consolidación de la paz, y señala la importancia de que participen de manera igualitaria como agentes activos para la paz y la seguridad.

También en 2000, la Declaración de Windhoek y el Plan de Acción de Namibia pidieron que los principios de la igualdad en materia de género formen parte de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a fin de asegurar la participación de las mujeres y de los hombres como aliados y beneficiarios en condiciones de igualdad en todos los aspectos del proceso de paz.

A pesar de estos logros, los derechos de las mujeres y las niñas no reciben todavía una atención suficiente en las situaciones posteriores a los conflictos. Muy pocas actividades de reconstrucción se centran en la mujer o llevan a cabo un análisis de género y presupuesto que permita comparar el gasto en diferentes sectores, como por ejemplo los niveles de financiación reservados para el ejército en comparación con la financiación asignada a las iniciativas de educación. Una prueba de esta afirmación es que los proyectos dedicados específicamente a la mujer representaron solamente un 0,07% de los 1.700 millones de dólares del plan de reconstrucción en el Afganistán patrocinado en 2002 por las Naciones Unidas.

Cuando se trata de proteger a las mujeres y las niñas contra la violación y la violencia sexual en situaciones de conflicto, lo único que se puede alegar es que los organismos internacionales son más conscientes de la necesidad de este tipo de protección. El problema es tan grave como en el pasado. En la República Democrática del Congo, donde cientos de miles de mujeres han sido víctimas de violaciones desde 1998. En Darfur, en el Sudán, donde las milicias han practicado de manera sistemática la violación y el asalto sexual, y los ataques han continuado en torno a los campamentos para personas desplazadas cuando las mujeres se han atrevido a salir en busca de agua y de leña.

La responsabilidad de proteger a las niñas y las mujeres contra la violación en tiempos de guerra corresponde directamente a los gobiernos, muchos de los cuales consideran que los incidentes de violación en una situación de conflicto son casi inevitables. No lo son. La violación es un crimen y sus causantes deben rendir cuentas por sus actos. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define la violación y otro tipo de violencia sexual como un crimen de guerra. Pero es necesario tomar más medidas para asegurar que se lleva a los culpables ante la justicia.