Hace nueve años, el UNICEF estableció un Programa antibélico de 10 puntos, que se presentó en el Estado Mundial de la Infancia de 1996. Abrumados por la terrible situación de los niños y las niñas afectados por conflictos que contradecían “no sólo cualquier preocupación humana normal por su bienestar, sino también las creencias y las obligaciones jurídicas de los responsables”, la organización definió una serie de desafíos que hacían hincapié en los derechos de la infancia.

Hoy en día hay un consenso cada vez mayor contra la utilización de los niños y las niñas como soldados. En 2000, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados aumentó la edad mínima para la participación directa en hostilidades de 15 a 18 años, prohibió el reclutamiento forzoso de cualquier menor de 18 años y exhortó a los gobiernos a aumentar la edad mínima para el reclutamiento voluntario.

Uno de los acontecimientos más notables en los últimos años ha sido el aumento de la utilización de comisiones para la verdad y la reconciliación en situaciones posbélicas. Estas comisiones permiten a los niños y niñas testificar sobre sus experiencias y participar en los procesos de regeneración nacional. El apoyo psicosocial a los niños y niñas que han tenido que soportar cualquier tipo de trauma forma una parte importante de la respuesta integrada del UNICEF a las situaciones de emergencia.

Sin embargo, la adopción de leyes internacionales que prohíben el reclutamiento de los niños y las niñas combatientes no podrá asegurar por sí sola el fin del reclutamiento. Aunque se han alcanzado una serie de compromisos concretos con las partes de los conflictos armados para evitar el reclutamiento de niños y niñas, todavía hay numerosos obstáculos para la aplicación sobre el terreno de normas internacionales como el Protocolo Facultativo

También han surgido nuevos problemas. Los secuestros de niños y niñas por las partes en conflicto han aumentado de manera considerable en los últimos años, y será necesario prestarles una mayor atención para establecer métodos eficaces de prevención. Además, es preciso crear un entorno protector para los niños y niñas desmovilizados que evite su reclutamiento y asegure una reintegración efectiva en sus familias y sus comunidades.

Hacer campaña contra la explotación de los niños y niñas como combatientes en el plano internacional debe estar acompañado por la reintegración sensible en la sociedad civil de los niños y niñas que participaron en un conflicto armado. Por lo general, los excombatientes menores de edad han carecido de acceso a una educación oficial y podrían tener dificultades al regresar a casa, especialmente si se les ha obligado a participar en actos violentos contra sus familias, amigos y vecinos. Además, es preciso informar sobre su regreso a las comunidades y las familias, prepararlas y proporcionarles asistencia sanitaria y psicosocial. La prestación de una educación que incluya la alfabetización y la enseñanza de aptitudes para la vida práctica y para obtener ingresos garantiza que los repatriados puedan ganarse la vida después de haber sido desmovilizados. Sin embargo, estos elementos esenciales de la reintegración han recibido menos apoyo financiero que las actividades de desarme y desmovilización, un desequilibrio que puede conducir a la frustración y a un resurgimiento de la violencia