En una sola generaciónLos pobres no tienen que seguir existiendo siempre Las pautas de pobreza que se transmiten de una generación a la siguiente pueden ser quebradas, y lo serán, cuando los pobres tengan los medios y la oportunidad de disfrutar de buena salud, estar suficientemente nutridos y disponer de educación y aptitudes suficientes, a fin de participar plenamente en las decisiones que afectan a sus vidas. Dado que esas necesidades se satisfacen más eficientemente por conducto de los servicios públicos, el acceso universal a un conjunto integrado de servicios sociales básicos es una de las maneras más eficaces de reducir la pobreza en cualquier sociedad. El acceso a servicios básicos de salud, educación, planificación de la familia, abastecimiento de agua y saneamiento es lo que posibilita un progreso económico sostenido y estable, ayuda a la gente a lograr mayor productividad y, cuando los tiempos son difíciles, proporciona una amortiguación de importancia especialmente crucial para los niños y las mujeres. Los servicios básicos, habida cuenta de sus grandes beneficios y, por cierto, en comparación con el costo de la mayoría de las armas destructivas, tienen un precio razonable. Si se reorientara cada año una suma de entre 70.000 y 80.000 millones de dólares de los recursos disponibles en una economía que maneja más de 30 billones de dólares, el mundo podría garantizar el acceso a los servicios básicos para todos. La "Iniciativa 20/20" es una manera de lograrlo. Una idea de la que fue paladín James P. Grant, a la sazón Director Ejecutivo del UNICEF, la Iniciativa 20/20 se dio a conocer en 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El Cairo, y continuó el año siguiente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague. Se basa en las obligaciones mutuas que establece la Convención en cuanto a que los países, ricos y pobres, aporten recursos suficientes para sufragar servicios sociales básicos con fines de desarrollo humano. En la Iniciativa se sugiere, como principio orientador, que los países en desarrollo asignen un 20% de su presupuesto y los países donantes, un 20% de su asistencia oficial para el desarrollo (AOD), a establecer y apoyar esos servicios. No obstante, en los últimos años la AOD ha experimentado declinaciones alarmantes, lo cual ha afectado los recursos de que se dispone y creado tensiones en la conquista de las metas de desarrollo. Entre 1992 y 1997, la AOD disminuyó en un 21% y en el mismo período, en los principales países industrializados disminuyó casi un 30%. Habida cuenta de que en esos países el producto nacional bruto (PNB) aumentó en casi un 30%, la reducción de la asistencia parece particularmente atroz. Pero los gobiernos del mundo en desarrollo también deben responsabilizarse por sus decisiones presupuestarias. De 27 países en desarrollo recientemente estudiados, sólo cinco —Belice, Burkina Faso, Namibia, el Níger y Uganda— asignan aproximadamente un 20% de sus presupuestos a los servicios sociales básicos. Los demás gobiernos, en su mayoría, sólo destinan un 13% de sus presupuestos a esos fines, proporción marcadamente inferior a la necesaria. Reviste importancia decisiva que en todos los continentes, la gente haga oír su voz contra esas prioridades tan incorrectas y la asignación errónea de los recursos, como lo hizo el Arzobispo Desmond Tutu cuando criticó el plan de Sudáfrica de adquirir en Alemania, el Canadá, Francia, el Reino Unido y Suecia aviones de caza, corbetas, helicópteros y submarinos, por valor de 5.000 millones de dólares. Dijo: "Nuestro país necesita maestros y libros, agua no contaminada y clínicas. Los miles de millones de dólares gastados en aviones de caza deberían destinarse a elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo1". Naturalmente, parte de la responsabilidad por la falta de cumplimiento de obligaciones fundamentales para con los niños debe atribuirse a los acreedores internacionales y a los países ricos que han hecho poco para mitigar la carga de la deuda, la cual agota los recursos nacionales de los países endeudados. No es probable que se logre la vigencia de los derechos de los niños en todo el mundo mientras los gobiernos sigan atrapados en la esclavitud de la deuda. En 1996-1997, por ejemplo, el 4% del gasto del Gobierno central del Camerún se destinó a los servicios sociales básicos, mientras que el 36% se aplicó al servicio de la deuda. En la República Unida de Tanzanía, el importe destinado a la devolución de la deuda es cuatro veces superior al asignado a la educación primaria y nueve veces mayor que el correspondiente a los servicios básicos de salud. Va en aumento el consenso internacional en cuanto a reducir la abrumadora deuda externa de los países más pobres, a fin de posibilitar que esos gobiernos plasmen en la realidad los derechos de sus ciudadanos a los servicios básicos de salud, nutrición y educación. Y los líderes de los principales países industrializados avanzaron en esa dirección cuando, en la reunión que celebraron en mayo de 1999 en Colonia (Alemania), convinieron en reducir las deudas de los 41 países pobres más gravemente endeudados. Más recientemente, el Fondo Monetario Internacional propuso un plan para condonar 27.000 millones de dólares de la deuda, superior a 220.000 millones de dólares, liberando ese importe para inversiones en servicios sociales básicos. Ambas son propuestas con buenas posibilidades que aún deben convertirse en realidad2. Finalmente, es necesario adoptar medidas para regular las poderosas fuerzas de la mundialización, sin las cuales ésta seguirá sirviendo a las necesidades de expansión de los mercados mundiales, a expensas de la equidad dentro de los países y entre ellos. Como resultado, las personas pobres y vulnerables del mundo cosecharán beneficios cada vez menores, lo cual conducirá a su mayor marginación y exclusión social. En el Informe sobre Desarrollo Humano 1999, dado a conocer por el PNUD, se exhorta a establecer una más fuerte administración pública a escala local, nacional, regional y mundial, a fin de velar por que la mundialización beneficie a la gente3. De conformidad con los propósitos del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, todo intento de regular la mundialización debería abordar el interés superior del niño mediante un análisis de los efectos sobre la infancia4. En esa evaluación se examinarían todas las propuestas para determinar sus efectos sobre los niños, tomando en cuenta, por ejemplo, si los cambios en las políticas económicas protegen los derechos de los niños a disponer de servicios de educación y salud, o si los cambios en las políticas laborales abordan concretamente la cuestión de los niños trabajadores. |
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