Panorama: Papua Nueva Guinea

Un largo camino para lograr la justicia juvenil en Papua Nueva Guinea

Imagen del UNICEF
© UNICEF PNG/2005/Pirrozi
Michael*, un joven infractor, recibe instrucción en Wewak's Boys Town.

El Estado Mundial de la Infancia de 2006 se presentará el 14 de diciembre. En las próximas semanas antes de la presentación del informe ofreceremos una serie de historias sobre niños y niñas que están excluidos e invisibles como resultado de los conflictos armados, la pobreza, el VIH/SIDA, la discriminación y las desigualdades. Sus historias reflejan las experiencias de millones de otros niños y niñas que sufren todos los días la vulneración de sus derechos.
 
WEWAK, Papua New Guinea - A sus 15 años, Michael*, un huérfano que no ha tenido jamás la oportunidad de asistir a la escuela, cumple una sentencia de dos años en el centro de detención juvenil Wewak Boys Town, que dirigen los Hermanos de los Sagrados Corazones en Papua Nueva Guinea.

Durante su arresto por robar en una tienda, un oficial de la policía le disparó en una pierna. “Mientras nos dirigíamos a la estación de policía, me golpearon con sus armas y con botellas rotas, a pesar de que yo estaba herido”, dice el joven, señalando una cicatriz cerca de un ojo. “Me cortaron aquí. Pensé que me iban a matar”.

Michael estuvo detenido tres meses y nunca recibió atención médica. “Los jóvenes de las demás celdas me ayudaron”, recuerda. “Como sangraba mucho, me limpiaron las heridas. Luego, dos muchachos forzudos me sujetaron y me sacaron la bala utilizando un cuchillo y un tenedor, mientras yo gritaba de dolor”.

La pobreza, la falta de educación y la frustración que han caracterizado la vida de Michael son frecuentes en Papua Nueva Guinea, donde –sobre todo a causa de los altos gastos de escolaridad– el número de niños y niñas que tienen que abandonar la escuela aumenta constantemente, con lo que ven frustradas sus esperanzas de un futuro mejor.

“La delincuencia se está convirtiendo en un problema cada vez más grave en la capital y en otras partes del país, particularmente la que incluye actos de violencia. Los niños y los jóvenes cometen alrededor del 10% de todos los delitos”, dice Christina Anawe, la única jueza superior de la provincia de Sepik Oriental. “La responsabilidad penal comienza a los siete años”.

Hasta el 40% de los jóvenes –en especial, los varones de 14 a 18 años– corren el riesgo de entrar en conflicto con la ley. Según la señora Anawe, el incremento de la delincuencia infantil y juvenil se debe a la pobreza, la migración a las zonas urbanas y la desintegración de la familia. “La mayoría de esos jóvenes provienen de hogares rotos y de asentamientos urbanos. Además, tienen una educación muy precaria”.

Muchos jóvenes también son arrestados por delitos menores y no se respetan sus derechos fundamentales. “Por lo general, los detienen durante períodos largos. No tienen contacto con sus familiares ni acceso a los agentes de libertad vigilada”, dice Bruce Grant, Oficial de Protección de la Infancia de UNICEF. “Esos jóvenes pueden ser víctimas de brutales palizas. Sin embargo, no les prestan ningún servicio de salud”.

Michael lleva un año en el centro de detención. Al igual que otras instituciones de esta naturaleza, Boys Town se ciñe a las normas internacionales relativas a la protección de los niños y niñas privados de la libertad. Esos centros representan una opción distinta a la prisión y son reconocidos e, incluso en algunos casos, financiados parcialmente por el gobierno.

Según el Hermano Simon Manuk, Michael ha experimentado un cambio muy favorable: “Cuando llegó, era sumamente tímido y siempre se veía triste. No hacía nada de lo que se le pedía y pasaba prácticamente todo el día en el dormitorio”. Por su parte, Michael dice que ahora se siente en su casa en Boys Town, y que agradece la oportunidad que le han dado de asistir a la escuela.

Todos los niños que actualmente se encuentran detenidos en Boys Town manifiestan que fueron golpeados por la policía. Aun cuando la situación de los detenidos está mejorando, muchos consideran que el cambio no se está produciendo con suficiente rapidez. Los niños y las niñas sospechosos o acusados de cometer un delito son los que más riesgo corren de que se vulneren sus derechos fundamentales. Por eso, hoy en día la promoción y la protección de los derechos de estos jóvenes a nivel mundial son prioritarias para UNICEF.

Un Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil, que recibe apoyo de UNICEF y consta de 21 organismos gubernamentales y comunitarios clave, está trabajando para establecer un sistema de justicia integral para los jóvenes basado en la reparación, las tradiciones de Melanesia y las prácticas contemporáneas de justicia juvenil.

En 1991, el Parlamento aprobó la Ley para Establecer Tribunales Juveniles; no obstante, solo fue adoptada en enero de 2003, es decir, 11 años más tarde. La promulgación de dicha ley reflejó el compromiso del Gobierno de Papua Nueva Guinea con la justicia juvenil y su confianza en la capacidad del Grupo de Trabajo para coordinar la puesta en marcha de la reforma.

En la actualidad, el sistema oficial de justicia no se hace cargo de los jóvenes infractores. Gracias a la adopción de una amplia política, todas las estaciones de policía cuentan permanentemente con un oficial juvenil debidamente capacitado. La Agencia de Australia para el Desarrollo Internacional financió nuevos centros de recepción, en estaciones policiales clave, para que los jóvenes infractores y los funcionarios de los tribunales juveniles se puedan reunir con las familias y los funcionarios de los servicios de bienestar social.

Esta reforma constituye un avance muy importante para el sector de la justicia, y ha traído grandes cambios en el trato que reciben los niños, las niñas y los jóvenes cuando entran en contacto con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Una de las principales actividades de UNICEF es ayudar al Grupo de Trabajo sobre Justicia Juvenil a solucionar el problema de la brutalidad policial, para garantizar que los niños, las niñas y los jóvenes reciban la protección que merecen.

“El desafío más grande”, afirma Paija Peyape, funcionaria penitenciaria que colabora con UNICEF en el desarrollo del sistema de justicia juvenil, “es enseñar a los líderes comunitarios, a los padres y madres y a los oficiales de la policía a tratar adecuadamente a los jóvenes infractores. Pero este proceso ya comenzó”.

* No es su verdadero nombre


 

 

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