Además, se ha promulgado legislación que prohíbe específicamente la mutilación genital femenina en siete países industrializados que tienen numerosas poblaciones procedentes de países donde se realiza esta práctica. Francia ha aplicado la legislación ya existente que prohíbe los actos de violencia causantes de mutilación para enjuiciar a quienes la practican y a los progenitores que aprueban la práctica para sus hijas. Bélgica ha propuesto leyes contra el procedimiento, 11 países industrializados han apoyado programas de educación y divulgación y otros dos han formulado declaraciones en las que se reprueba la mutilación.

Según las estimaciones de la OMS, 130 millones de mujeres y niñas, desde recién nacidas hasta adultas maduras, han sido objeto de mutilación genital, es decir, la ablación parcial o total de los órganos genitales femeninos. La mutilación genital femenina se practica en casi 30 países africanos y en unos pocos grupos minoritarios de Asia. En África, la tasa de prevalencia oscila desde un 5% en la República Democrática del Congo y Uganda hasta 98% en Djibouti y Somalia. Un 75% de todos los casos se registran en Egipto, Etiopía, Kenya, Nigeria, Somalia y el Sudán.

Aun cuando se perciba como un rito que ensalza el valor de la castidad y mejora las perspectivas de matrimonio de la niña, la mutilación conculca los derechos humanos de niñas y mujeres debido a que entraña la eliminación de órganos sexuales sanos cuando no hay ninguna necesidad médica y tiene efectos físicos nocivos -y a veces letales- a largo plazo y muy graves consecuencias psicológicas. El procedimiento también infringe el derecho humano a la salud y a la integridad corporal.

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