Panorama: Marruecos

La violación y muerte de una adolescente en Marruecos desata el llamamiento a los cambios en el código penal

Imagen del UNICEF
© AP Photo/Abdeljalil Bounhar
Zohra Filali muestra una foto de su hija, Amina Filali, en su casa próxima a Larache, al norte de Marruecos. Amina Filali se suicidó tras ser obligada a casarse con el hombre que la violó.

Por Aniss Maghri

RABAT, Marruecos, 28 de marzo de 2012. La muerte de Amina Filali (16 años), en la vieja ciudad portuaria de Larache (Marruecos) ha desatado la indignación en todo el mundo.

La vida de Amina quedó rota por una doble tragedia: fue violada a la edad de 15 años y luego, después de denunciar la agresión, fue obligada a casarse con su violador. Después de cinco meses de matrimonio, durante el cual soportó repetidas palizas, Amina se suicidó ingiriendo matarratas.

Las protestas han irrumpido desde entonces para exigir justicia para Amina y mejor protección para todos los niños.

Un llamado a la abolición del código penal

El caso de Amina arroja luz sobre los persistentes obstáculos que las víctimas infantiles de violencia sexual, matrimonio infantil y explotación afrontan para obtener justicia.

Amina se casó con su violador como consecuencia del artículo 475 del código penal marroquí, una ley que permite a los violadores evitar las penas si contraen matrimonio con sus víctimas. En algunas regiones de Marruecos, así como en muchas zonas del mundo, las niñas o mujeres que mantienen relaciones sexuales extramatrimoniales –incluso si son víctimas de violación u otra violencia basada en el género– se considera que han perdido la honra y sus familias se avergüenzan. El matrimonio es visto como un modo de remediar esta deshonra.

El matrimonio está permitido con arreglo al artículo 475 sólo si todas las partes están de acuerdo, pero los activistas dicen que las víctimas a menudo son presionadas para aceptar. Aunque la mayoría de edad para el matrimonio en Marruecos es de 18 años, a Amina le fue otorgada una dispensa porque su violación fue considerada una circunstancia especial.

Ahora, se producen los llamados a la abolición del artículo 475. Según Atifi el-Malika, Jefe de Protección infantil de UNICEF en Marruecos, UNICEF ha efectuado una labor sustancial en esta materia durante varios años. “Un estudio comparado de la legislación, dirigido por el Ministerio de Justicia con el apoyo de UNICEF y UNFPA (el Fondo de Población de las Naciones Unidas), señalaron el artículo 475 como desfavorable a la protección de los derechos de mujeres y niños, pues alienta a los violadores a evitar lo que dispone la ley”, dijo El Atifi.

La implantación de la Convención sobre los Derechos del Niño

El caso de Amina también llama la atención hacia la necesidad de una mejor implantación de la Convención sobre los Derechos del Niño: el primer tratado internacional que obliga legalmente a los Estados parte a garantizar una amplia gama de derechos humanos para los niños. Marruecos ratificó la Convención en 1993.

El artículo 19 de la Convención exige a los Estados a adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,” y el artículo 34 insta a los signatarios a proteger a los niños de “todas las formas de explotación y abuso sexuales”. La Convención sobre los Derechos del Niño también urge a todas las autoridades jurídicas y administrativas a proteger el derecho de los niños a ser escuchados. Los activistas se preguntan ahora: ¿a Amina le permitieron expresarse libremente durante la vista judicial?

El informe de Ministerio de Justicia acentúa la necesidad de reforzar la protección de las víctimas de agresión sexual y pide la imposición de penas contra los autores de la violencia sexual.

“Este informe recibió toda la atención de los juristas en el Ministerio de Justicia y propuso enmiendas al código penal”, expuso Aloys Kamuragiye, Representante de UNICEF en Marruecos. A consecuencia de esta tragedia, el Gobierno de Marruecos emprende esfuerzos para salvar la brecha entre las prácticas domésticas y los compromisos internacionales del país en materia de derechos de mujeres y niños.

Sin embargo, Kamuragiye observó que estos esfuerzos deberían implicar a todos los aliados, incluidos aquellos a escala local. Las medidas a largo plazo, incluidos los programas de comunicación para animar a los comportamientos positivos y desalentar las normas sociales perniciosas, serán esenciales para la protección de la infancia en el futuro.


 

 


 

 

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